Novasoft recurre a la vía penal

En paralelo a la denuncia presentada por el alcalde de El Cerro de Andévalo, Juan Manuel Borrero (PP), la empresa malagueña Novasoft ha interpuesto otra pero en esta ocasión por un posible delito de malversación de fondos públicos. En este caso la demanda afecta al presidente de la entidad mancomunada, José María Infante, y a los alcaldes de los municipios que conforman dicha mancomunidad. Estos son: Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces y las entidades locales menores de Tharsis y La Zarza-Perrunal. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valverde del Camino tramita la denuncia.

La entidad mercantil malagueña considera que la mancomunidad podría haber desviado dinero proveniente de la Junta de Andalucía, destinado a un proyecto informático de la empresa y por tanto a pagar los salarios de los trabajadores y de su equipo directivo.

El presunto delito por malversación de caudales se produce a raíz de una subvención recibida en 2007 de 418.000 euros para el soporte telemático y servicios de teleasistencia que, según consta en la denuncia, no se han pagado a los proveedores que resultaron adjudicatarios del contrato.

La empresa sostiene que durante el desarrollo y ejecución del proyecto, el trabajo se desarrolló con total normalidad, hasta el punto que la mancomunidad aceptó la finalización de los trabajos en mayo de 2008.

Desde entonces, Novasoft no ha cobrado el importe del trabajo, aunque en el contrato figuraba que sería abonado al finalizar las obras.

La empresa malagueña entiende que hay sospechas de que los fondos podrían haber sido desviados a cualquier otro destino distinto y no a aquel para el que fueron concedidos, ya que transcurrido todo ese tiempo aún no ha cobrado.

La propia Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, quien concedió a la mancomunidad la subvención destinada a sufragar el proyecto, tomó cartas en el asunto.

El presidente de la entidad mancomunada negó en su día las acusaciones por malversación de fondos contra todos los alcaldes y consideró que dicha denuncia presentada por la vía de lo penal en todo caso debería ir por lo civil.

El alcalde de El Cerro manifestó su "deseo" de ser "imputado" y de que el juez lleve a trámite la querella por lo penal para poder comparecer voluntariamente y entregar toda la documentación que demuestre que el Ayuntamiento nada tiene que ver con el presunto delito de malversación.

Borrero aseguró cuando conoció la denuncia de Novasoft que la situación por la que atraviesa la mancomunidad es un problema del PSOE y de su gestión nefasta y recordó que desde julio de 2008 no se convoca ningún Pleno ordinario en el que se pueda pedir y dar explicaciones sobre la situación legal y económica de la mancomunidad. La pretensión del alcalde cerreño es demostrar que nada tiene que ver con el caso y que sólo quiere defender los intereses de su pueblo.

Por su parte, desde las filas socialistas se argumentó que la deuda de la mancomunidad respondía únicamente a un problema de falta de liquidez.