Ofensiva del PP en Bonares, Alájar y Nerva para tumbar el préstamo de MAS
Los portavoces populares de los tres ayuntamientos presentan recursos contra los plenos que aprobaron las hipotecas en favor de la mancomunidad Las resoluciones, en el límite
El Partido Popular ha lanzado esta semana una ofensiva contra el préstamo solicitado por la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS). El movimiento llega de la mano de los portavoces populares de tres ayuntamientos onubenses, Nerva, Bonares y Alájar, que tienen previsto recurrir entre ayer y hoy los acuerdos plenarios de sus municipios para la hipoteca de la red de aguas como aval necesario para la operación crediticia. De esta forma se suman a la iniciativa del PP en Punta Umbría, que en los próximos días podría verse secundada de la misma forma por los representantes en Aracena y Ayamonte. La dirección provincial de los populares ha dejado vía libre a sus concejales, según señaló hace unos días su secretario general, Guillermo García Longoria.
Hoy finaliza el plazo para la presentación de los recursos de reposición a los plenos municipales celebrados el pasado 12 de agosto en Nerva, Bonares y Alájar para dar luz verde a las respectivas hipotecas sobre las redes de abastecimiento de aguas.
En el fondo de la cuestión, como ya se puso de manifiesto en Punta Umbría, y según apuntaron a este diario fuentes cercanas al proceso, la consideración de nulidad en la concesión demanial previamente concedida por los ayuntamientos a la empresa pública Giahsa, propiedad de MAS, así como la "imposibilidad de otorgar concesión demanial de bienes adscritos a un servicio público de forma independiente a la cesión del servicio", y la "imposibilidad de hipotecar dichos bienes al margen de la concesión".
Además, se entiende en las alegaciones que ha sido vulnerada la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas por cuanto que "el destino del préstamo garantizado con la hipoteca autorizada no es para financiar la realización, modificación o ampliación de las instalaciones cedidas". También se considera que hay una vulneración sobre las disposiciones que regulan la ejecución y liquidación del gasto en las entidades locales, y en la ordenación de los pagos y la prioridad de los mismos.
En el caso del Ayuntamiento de Nerva y su Pleno del 12 de agosto, el recurso de reposición presentado apunta, asimismo, la nulidad del acuerdo adoptado "por no ser aprobado con mayoría absoluta" y salir adelante sólo con los cinco votos favorables del PSOE y las abstenciones de PA e IU, que no propiciaron el respaldo requerido de al menos siete concejales.
Los tres nuevos recursos de reposición presentados estos días incluyen en su redacción la petición de traslado de los mismos a los responsables de los dos fondos de inversión con los que MAS ha cerrado el préstamo de 89 millones de euros "para dar cuenta de las irregularidades del proceso", según las fuentes consultadas.
También se pide a los tres consistorios afectados la suspensión administrativa de los acuerdos plenarios, lo que obligaría a la resolución de los recursos antes de 30 días para que éstos puedan tener efecto.
La ofensiva de los populares en estos municipios choca con la determinación de sus dirigentes provinciales, que dieron el visto bueno a la operación de crédito de MAS con dos fondos de inversión a través de su vicepresidente, el también alcalde de Aljaraque, David Toscano, como vicepresidente de la mancomunidad en representación del PP. Sin embargo, los populares de Aracena ya se han mostrado dispuestos a recurrir también el Pleno que se celebrará en los próximos días para la aprobación de la hipoteca. Y aún sería posible que en Ayamonte también hicieran lo propio con el celebrado en su ayuntamiento.
Los concejales populares recurrentes están utilizando una estrategia de presión a los consistorios involucrados al apurar los plazos previstos. El proceso emprendido por MAS en cada municipio debe estar concluido el próximo 12 de octubre, fecha límite para el pronunciamiento sobre los recursos de Nerva, Aroche y Alájar. Y el previsto por Aracena, incluso tendrá un límite posterior, lo que obligará a la acción de los ayuntamientos, evitando así la desestimación por silencio administrativo.
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