Organizaciones sociales defienden en el Parlamento la Ley de Caminos Públicos

Huelva/Grupos sociales y ecologistas han comparecido en el Parlamento de Andalucía para exponer sugerencias y opiniones sobre la nueva Ley de Caminos Públicos que se quiere aprobar en la comunidad autónoma. En representación de la provincia de Huelva asistieron miembros de la asociación Los Pies en la Tierra, que abandera la lucha por la recuperación de los caminos públicos usurpados (más de 200 en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), además de Ecologistas en Acción, que destacaron la importancia de la ley y su aplicación inmediata.

Según Los Pies en la Tierra, la ley, "aunque con algunas lagunas", obligará a los ayuntamientos a velar por su bienes públicos y a que las denuncias de los ciudadanos sean más efectivas, ya que hasta ahora "quedaban almacenadas en un cajón o simplemente no llegaban a las instituciones correspondientes, por lo que los usurpadores campaban a sus anchas con total impunidad".

La asociación insiste en que la aprobación de leyes en esta materia, sin su posterior aplicación "no sirven de nada y quedan en papel mojado", por lo que confía en que "esta vez no ocurra eso".

Huelva es la provincia con más caminos y vías pecuarias usurpadas de toda España, más que la suma de Aragón, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Navarra juntos.

La organización viene denunciando desde hace tiempo los casos de usurpación de caminos y vías pecuarias de Jabugo, Almonaster y Puerto Moral, entre otros municipios, sin que "las administraciones competentes actúen. Así, ha realizado marchas, manifestaciones y ha recogido denuncias de personas particulares que se sienten abandonadas por sus ayuntamientos".

Para Los Pies en la Tierra, la situación de este patrimonio público (vías pecuarias y caminos públicos) en la Sierra de Huelva es crítica. "Estos bienes se encuentran en su mayoría usurpados ilegalmente por grandes y medianos propietarios y, en el mejor de los casos, perdidos".

Según la asociación, se trata de grandes propietarios de origen urbano que invaden y cierran caminos completos, vías pecuarias y zonas de dominio público hidráulico de manera impune. Se cierran completamente vías de comunicación entre aldeas y pueblos, se invaden y ocupan ilegalmente miles de hectáreas públicas, se tienden alambradas ilegales y se trata al territorio como si fuese un chalet privado.

Para solucionar esta usurpación, la organización ha mantenido reuniones con ayuntamientos, Junta de Andalucía, Fiscalía y Catastro que, aunque reconocen esta grave situación, no han dado ningún paso adelante para resolver este asunto. "Incluso han encontrado modificaciones en la cartografía catastral altamente sospechosas donde se van eliminando caminos públicos y pasando poco a poco los polígonos de dominio público a parcelas privadas que cualquier mínimo peritaje técnico pondría en duda".

De los 29 municipios que componen la Sierra de Aracena solo hay uno, Santa Ana la Real, que tiene hecho un inventario de caminos en condiciones y los caminos limpios y sin usurpar. Municipios tan significativos como Aracena o Jabugo tienen su patrimonio público usurpado y abandonado, señalan.

El colectivo sostiene que el 100% de las vías pecuarias en la provincia de Huelva están usurpadas, "ninguna está completamente libre", teniendo en cuenta que en Andalucía suponen casi el 1,5% del territorio.

Según este colectivo, el robo de lo que es de toda la ciudadanía debe ser resuelto de manera urgente. Por tanto, la normativa que ha iniciado el Parlamento de Andalucía con la Ley de Caminos Públicos "puede ayudar a solucionar este problema, pero no servirá de nada si no se aplica de manera contundente y real. Crear nuevas normas si no se cumplen las anteriores, no sirve de nada. Existe ya normativa que, reconociendo el carácter público de estos bienes, se ha ignorado por las administraciones públicas competentes, como es el caso de la normativa actual en vigor de caminos públicos, vías pecuarias y dominio público hidráulico".

En opinión de Los Pies en la Tierra, la ley debe ser clara, aplicable y bien dotada económicamente y además acompañada de una memoria económica en la que aparezca el coste de las acciones. Asimismo, en los presupuestos de 2019 debe consignarse, en el capítulo de inversiones, la partida correspondiente para sustentar la ley.

Además, el colectivo considera claramente insuficiente la cantidad actualmente asignada para los apartados de Catálogo (500.000 euros) y Recuperación (3.000.000 euros). El catálogo puede ser realizado con el trabajo conjunto de los ayuntamientos colaboradores y las actuaciones de oficio de la Junta de Andalucía. Por ello propone que se contemple una orden para una línea específica de subvenciones con las entidades locales con destino a la colaboración y cumplimiento de la futura ley de caminos.

La actual normativa especifica que las subvenciones a administraciones locales deben ser finalistas y las convocatorias competitivas. De manera complementaria, propone, se deben establecer mecanismos claros que obliguen a los ayuntamientos a colaborar con la ley, como puede ser el dejar de recibir subvenciones provenientes de la Junta de Andalucía en determinadas materias relacionadas si no colaboran.

La Ley viene a garantizar los derechos constitucionales a disfrutar del medio ambiente y a circular por el territorio nacional, lo que ahora está imposibilitado por multitud de obstáculos, cierres y usurpaciones de los caminos públicos.

También se dará cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España, el cual establece que los ciudadanos de la Unión Europea disponen del derecho al disfrute de un entorno de calidad y que les tiene que ser accesible, por lo que los caminos rurales públicos se convierten en el elemento fundamental que procura la permeabilidad territorial suficiente para permitir una aproximación, conocimiento y disfrute del paisaje, tanto para su preservación como para el beneficio ciudadano.