El Pleno renuncia a seguir la causa contra Domínguez y a recuperar 500.000 euros

Valverde del Camino/El Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino renunció ayer a la posibilidad de recuperar medio millón de euros por la vía penal: 252.159 euros de la subvención del Plan Proteja que el Consistorio ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía por las irregularidades denunciadas en el proceso abierto todavía contra el exalcalde socialista Miguel Ángel Domínguez (2010-2011), y otro montante idéntico resultante del abono realizado a la empresa adjudicataria que llevó a cabo la obra de acometida y bombeo de aguas residuales del Nuevo Parque Tecnológico (objeto de la ayuda autonómica).

En una sesión plenaria de urgencia celebrada en la mañana de ayer, la Corporación decidió dar carpetazo al caso aprobando por mayoría el desistimiento del procedimiento, "después de que el Ministerio Fiscal haya pedido el sobreseimiento de la causa" y de leer el informe jurídico realizado por el letrado del Consistorio –al que ha tenido acceso Huelva Información–, en el que este aclara que "existe un riesgo de imposición de costas procesales a la acusación particular desde el mismo momento que no existe acusación" por parte de la Fiscalía.

El montante, atendiendo a la cuantía del procedimiento (la responsabilidad civil rebasa los 500.000 euros), "se acercaría mucho a los 50.0000 euros", expresa el letrado.

La cuestión es que, al bajar los brazos en la causa impulsada por los gobiernos de los exregidores populares Loles López y Manuel Cayuela, el Ayuntamiento presidido ahora por la socialista Syra Senra (en coalición con Adelante Valverde) también está dejando de lado la posibilidad de percibir 504.318,76 euros más los intereses legales correspondientes, cuantía de la indemnización que la acusación particular (el propio Consistorio) pedía que la Justicia impusiera a Miguel Ángel Domínguez.

El juicio, de hecho, se había señalado para hoy mismo en la Audiencia Provincial de Huelva. El exalcalde del PSOE se iba a sentar en el banquillo acusado de un delito de fraude de subvenciones y de otro continuado de falsedad en documento público y oficial cometido por autoridad en el ejercicio de sus funciones, por los que le reclamaba el propio Ayuntamiento siete años de prisión, multa de casi 900.000 euros y la pretendida indemnización de 504.318 euros.

Para entender el asunto, como consta en el informe, hay que trasladarse al año 2009, con el desaparecido José Cejudo como alcalde y Domínguez como teniente de alcalde. Al equipo de Gobierno de entonces se le concedió una subvención del Plan Proteja de la Junta de Andalucía de 299.774,3 euros para la acometida y bombeo de aguas residuales del Nuevo Parque Tecnológico, montante que fue ingresado en una cuenta corriente separada. El dinero solo podía tocarse para el fin señalado.

La empresa adjudicataria finalizó la obra el 30 de septiembre de 2010. Solo se le pagaron entonces 47.614 euros, como se refiere en el escrito de la acusación particular. Los restantes 259.159 euros "han tenido que ser abonados a la empresa adjudicataria mediante su inclusión en el Plan de Pago a Proveedores".

Según el documento judicial, "el acusado dispuso de la mayor parte de los fondos que constituían la subvención para fines distintos y sin vinculación alguna con las obras adjudicadas y objeto de la subvención concedida", como el abono realizado a favor de la Tesorería de la Seguridad Social. Todo pese a los reparos del interventor municipal, quien advirtió en su momento de la ilegalidad.

Esto derivó en la reclamación de la Junta de Andalucía de la subvención concedida y en un proceso contencioso que ha obligado al Ayuntamiento a reintegrar a la Consejería de Gobernación 252.159 euros más intereses.

La acusación apunta que Domínguez, "ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de las restantes certificaciones de la empresa adjudicataria por el irregular desvío de fondos y desfase realizado, viene a falsear de forma continuada en octubre, noviembre y diciembre de 2010, así como en marzo de 2011, documentos de carácter público". En ellos, subraya, pide a la Junta prórrogas del plazo de justificación del proyecto de inversión, indicando literalmente en las motivaciones del retraso que era "por lluvia", pese a que las obras ya estaban entregadas en septiembre de 2010.

El Gobierno municipal, bajo signo popular desde 2011, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que acabó determinando que el delito de fraude de las subvenciones está prescrito y que no existe el continuado de falsedad en documento público y oficial.

El Ayuntamiento, por su parte, pretendía seguir adelante hasta el juicio aferrándose a la conexidad delictiva, señalando que si los ilícitos están vinculados "no debe operar prescripción respecto a alguno de dichos delitos", tal y como se dice en el informe jurídico interno presentado en el Pleno de ayer.

El Grupo Popular, encabezado por el exalcalde Manuel Cayuela, aportó ocho votos en contra a la sesión. El portavoz de la oposición lamentó que "se hayan tirado por la borda ocho años de trabajo" judicial, a la vez que quiere "que el medio millón de euros lo pague el responsable, no el pueblo", indicó ayer a este periódico.

Durante el Pleno, refirió, invitó al PSOE y a Adelante, "ya que el juez va a archivar la vía penal, a acudir a la vía civil" para reclamar el dinero a Miguel Ángel Domínguez. Tienen un año para hacerlo. "Pero el PSOE dio la callada por respuesta y Adelante me dijo taxativamente que no, que eso iba a suponer más gastos". Por ello deduce que aquí "se están defendiendo los intereses socialistas y no los de los valverdeños".

El portavoz de Adelante Valverde, Carlos Vélez, manifestó a través de un comunicado que "este grupo no siente especial simpatía por la figura de Domínguez, pero no queremos que recaigan las costas procesales sobre las arcas de este Ayuntamiento como todo parece indicar". La portavoz socialista, Susana Lorca, recalcó que aprobamos el desistimiento "en un ejercicio de responsabilidad".