Presa de Alcolea: una herida abierta en el futuro de Huelva

Tener agua y no poder usarla es peor que no tenerla. Es la paradoja de la provincia de Huelva, donde la falta de infraestructuras para almacenaje y distribución de sus recursos provoca que desperdicie un bien preciado mientras se ve abocada a tirar de los cada vez más esquilmados acuíferos. Las últimas imágenes de las lagunas dulces de Doñana secas han puesto el foco sobre un problema que la sequía acentúa. El modelo actual es insostenible a largo plazo incluso cuando vuelvan las lluvias.

Los regantes de Huelva piden que se ejecuten las obras prometidas, proyectadas y hasta presupuestadas. El único futuro posible para la agricultura intensiva onubense pasa por el agua superficial. El sector lo sabe y lo defiende. Solo mediante el aprovechamiento de los recursos sin necesidad de tocar el agua subterránea tienen futuro.

De todas las obras hay una que lleva seis años paralizada al 23% que resulta esencial. La presa de Alcolea es una herida abierta en el futuro de la provincia que nadie es capaz de cerrar. La infraestructura está proyectada para almacenar el agua del Odiel que actualmente se desperdicia para su posterior canalización y distribución mediante el complementario Canal de Trigueros en las áreas regables de más de una veintena de municipios del Andévalo, la Costa y el Condado. Gibraleón, Huelva, San Juan del Puerto, Beas, Trigueros, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba, Paterna, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto, Almonte, Rociana, Valverde, Calañas, La Zarza, Cerro de Andévalo, Tharsis y Alosno esperan la presa de Alcolea.

Los regantes agrupados llevan desde los 90 batallando para su consecución. Su construcción fue aprobada por el Gobierno en 2007 y dotada económicamente. Los movimientos de tierra comenzaron en 2012 y su conclusión debía completarse en 2017. Hace más de una década de la primera piedra. Sin embargo, los trabajos se paralizaron en 2016 con el 23% de ejecución y hasta hoy. Los casi 2.000 agricultores afectados han elevado el caso a la Audiencia Nacional donde exigen a las administraciones que cumplan lo aprobado. Los agricultores califican la infraestructura como “necesaria e indispensable para la viabilidad y cierre equilibrado del Tercer Ciclo del Plan Hidrológico del Tinto Odiel Piedras + Chanza, así como para la ejecución de la Ley 10/2018 de transferencia de 19,99 hm3/año”. Sus aguas regarían las parcelas de 1.915 regantes con una superficie de alrededor de 30.000 hectáreas.

El contrato de ejecución de la presa se resolvió por incumplimientos de plazos y desacuerdos económicos con la constructora adjudicataria. Las máquinas no han vuelto a arrancar. Casi a la par comenzaron a surgir dudas acerca de la calidad de sus aguas por los residuos mineros del entorno del cauce del Odiel. Una cuestión que el origen del proyecto nadie consideró un obstáculo. La Junta defendió siempre su idoneidad. La consejera Carmen Crespo incluso pidió recientemente que si era el problema se aplicase un plan de recuperación en la cabecera del Odiel similar al de otras regiones mineras como Asturias o León para mejorar el agua. Los regantes encabezados por Juan Antonio Millán, presidente del colectivo, en cambio ven detrás de esa tesis una maniobra para paralizar la obra sine die. Insisten en que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental en vigor que resuelve todas esas cuestiones, además de informes que avalan que la propia presa en sí misma ayudaría a mejorar la calidad del agua de forma natural. El CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas adscrito al Ministerio de Fomento) debe hacer público un informe con sus conclusiones aunque éste no se espera antes de 2024, según el avance del mismo. Los regantes insisten en no esperar porque el proyecto es “legal” ya que “la DIA establece medidas correctoras a introducir en el proyecto y ejecutar durante las obras, las cuales se consideran suficientes para mejorar la calidad del agua y hacerla viable para los usos previstos”. En cualquier caso hay informes encargados por la Junta, por los regantes o por la propia Diputación de Huelva que avalan el uso del agua.

La cuestión financiera está resuelta en el origen del proyecto. La presa que está catalogada como obra de interés general tiene partida presupuestaria asignada a través de la empresa pública Acuaes y un convenio regulador para la financiación del 50% mediante el canon del agua que pagarán sus usuarios. Más allá del regadío como razón fundamental de su construcción, sus defensores insisten en la necesidad de regular el caudal del Odiel para evitar inundaciones y recargar los acuíferos 26 y 27 supliendo el agua de pozos por superficial como medida ambiental, evitando así la situación actual de Doñana.