Ramallo no dejó un "vestigio definitivo" que lo vincule con el doble crimen

Con la cabeza gacha, ocultando su rostro bajo la capucha negra de un chubasquero, escoltado por la Guardia Civil y con las manos esposadas llegaba ayer -a las 11:42- a los juzgados de Aracena Genaro Ramallo, el profesor de Matemáticas boliviano imputado por el doble asesinato de María del Carmen Espejo y su hijo Antonio. La titular del órgano de Primera Instancia e Instrucción 1 lo había emplazado en la sede judicial serrana para notificarle el auto de procesamiento de la causa y escuchar la pertinente declaración indagatoria. Pero como se preveía, Ramallo se acogió a su derecho a no decir ni media palabra.

El letrado de la acusación particular -que representa al padre y abuelo de las víctimas-, Mariano de Alba, aseguró ayer a las puertas de los juzgados que el hecho de que se negara a prestar declaración tanto en Huelva (el pasado 21 de octubre ante la titular del Instrucción 2, que decretó para él prisión sin fianza) como ayer en Aracena "da que pensar", puesto que "si no tengo una versión clara de los hechos, lo más fácil es negarme a contestar; ahora, si esto tiene una explicación y él no tiene nada que ver, lo lógico sería que declarara y aclarara las cosas".

Durante la comparecencia de Ramallo ayer en Aracena, a la que la fiscal de Violencia de Género asistió por videoconferencia, De Alba solicitó a la jueza que incluyera en el auto la existencia de unas esposas y un látigo -con presencia en la ropa de la mujer- en el pozo donde se hallaron los cadáveres, a lo que no accedió la instructora del caso. No obstante, el abogado de la familia de las víctimas decidió no recurrir esta decisión, puesto que hacerlo "demoraría el procedimiento" y más adelante, cuando "redactemos los escritos de acusación y calificación, sí podremos incluirlos en la narración de los hechos". La importancia de ambos elementos para la acusación particular radica en que apoya la teoría de los investigadores de que el asesinato -con decapitación posmórtem incluida- pudo formar parte de una suerte de rito en honor a la diosa andina Pachamama, divinidad que representa a la tierra y por la que se sacrifican animales en agosto -el crimen fue perpetrado entre el 20 y el 22 de ese mes de 1993, hace más de 18 años-.

Mariano de Alba adelantó que hará constar en su escrito de calificación que se han cometido dos delitos de asesinato con agravantes de alevosía, premeditación y ensañamiento, circunstancia esta última por la que podría solicitar una pena de entre 20 y 25 años de cárcel para Genaro Ramallo. El letrado reconoció, sin embargo, que en el lugar de los hechos no se ha hallado "ningún vestigio o huella definitivos" que vinculen al boliviano con el crimen. Pese a que sí se encontraron latas y otros enseres en los que podría haber quedado algún resto de ADN del imputado, "él tendría la precaución de no dejar huella". El tiempo ha hecho el resto.

La defensa de Ramallo, por su parte, ha tomado la determinación de recurrir el auto de procesamiento. Una vez que lo haga, la Audiencia de Huelva tendrá que pronunciarse en una vista que se celebrará en la capital. Una vez resuelva sobre esta apelación y sobre otra relativa a pruebas testificales, se dará por concluido el sumario en Aracena y serán los magistrados de la Audiencia onubense los que iniciarán un trámite de instrucción que desembocará en la presentación de los escritos de calificación de la Fiscalía, la defensa y la acusación particular.

El letrado Mariano de Alba calculó que transcurrirán entre tres y cuatro meses hasta que se culmine todo este proceso, por lo que auguró que presumiblemente el juicio por el doble crimen de Calabazares no se celebrará hasta finales de año, y esto "con mucho esfuerzo". Ramallo será juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, ya que en la fecha en que se produjeron los hechos "aún no existía la Ley del Jurado, que es de 1995".

Hasta el momento, en la fase de instrucción han intervenido testigos "muy próximos a Genaro Ramallo". El padre de María del Carmen Espejo también prestará declaración, ya que fue él mismo quien denunció en abril de 1994 la desaparición de su hija y su nieto.

La búsqueda de los cuerpos sin vida de madre e hijo se puso en marcha en 2010, cuando el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Sevilla retomó el caso y comprobó que, 17 años después de la desaparición de la víctimas, "ni ella había vuelto a trabajar ni a darse de alta en la Seguridad Social ni se había movido el expediente escolar del niño". Esto levantó las sospechas de los investigadores, que contactaron de nuevo con Ramallo y "vieron contradicciones muy importantes", teniendo en cuenta que él siempre mantuvo que Espejo lo había abandonado y que él a menudo veía al hijo de ambos en Madrid.

Los agentes hallaron los cadáveres en un pozo del paraje de Huerta del Cura el 15 de septiembre del año pasado. Genaro Ramallo, al verse presionado, puso pies en polvorosa. Durante su estancia en paradero desconocido, envió una carta a un medio de comunicación en la que confesaba que los había hallado muertos en la finca. Para De Alba, "si esto fuera así, lo lógico hubiera sido acudir a la Policía y no callarse". Acabó entregándose en Toulouse (Francia) el 30 de septiembre y siendo extraditado a España. "Para mí, el asunto está muy claro, digan lo que digan otras partes", sentenció ayer el jurista.