Rumbo 5.cero insiste en que EMED ha causado vertidos

Huelva/Rumbo 5.cero ha vuelto a reiterar que durante los dos últimos inviernos, cuando EMED Tartessus se ocupaba ya del mantenimiento de las balsas de estériles de Minas de Riotinto, se produjeron 8 millones de metros cúbicos de vertidos contaminantes a cauce público, por lo que considera injustas y tendenciosas las acusaciones vertidas por miembros de la asociación de ex mineros, que culpan por adelantado a la empresa sevillana de un eventual desastre ecológico en la comarca.

Rumbo desea recordar que los citados vertidos fueron el detonante del conflicto que actualmente mantiene con EMED, ya que la Agencia Andaluza del Agua hace a su empresa corresponsable –como propietaria de la mayor parte de los terrenos en que se asientan las balsas- de daños al medioambiente valorados en 13 millones de euros.

Igualmente quiere hacer constar que los trabajos que realiza en las balsas, por encargo de MRT, única titular hasta el momento de los derechos mineros, tienen como objetivo garantizar la seguridad de las presas y obedecen a la negligente actuación de EMED Tartessus, que ha permitido la reducción de la capacidad de almacenamiento de la presa de Cobre en 2.600.000 m3.

Rumbo 5.cero asegura que, en contra de lo afirmado por los mineros, está permitiendo el acceso del personal de EMED a su propiedad para realizar los trabajos de mantenimiento de las balsas, aunque no se les ha autorizado el paso para unas pretendidas obras de recrecimiento de las presas que, a juicio de los técnicos de MRT que les asesoran, serían muy contraproducentes y peligrosas para la seguridad de las mismas. Al mismo tiempo, califica de injuriosas las veladas acusaciones de sabotaje de las tuberías vertidas ayer por el portavoz de los ex mineros, Ricardo Gallego, ante las que se reserva las acciones legales pertinentes.

Finalmente, Rumbo 5.cero quiere recordar que los eventuales permisos para la reapertura de las Minas de Riotinto no dependen de su voluntad, sino de las decisiones fundamentadas que adopten las autoridades de la Junta de Andalucía en base a las garantías de solvencia técnica y financiera que pueda ofrecer EMED y que al parecer no han se han producido hasta el momento.