El TSJA mantiene las medidas cautelares por la desafectación de tierras comunales en El Granado

Huelva/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido la adopción de medidas cautelares mientras se dirime le litigio sobre la desafectación de tierras comunales en el municipio de El Granado. El TSJA avala así la actuación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo numero 3 al respecto. Éste último además ha desestimado el recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento sobre la admisión de pruebas solicitadas por la Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado.

El Ayuntamiento mostró su desacuerdo con aportar pruebas documentales que, según la asociación demuestran que no existe desuso comunal, y que están en poder de la administración local, por lo que interpuso el recurso en el mismo juzgado que tiene que resolver sobre la desafectación de las tierras.

Los documentos que la asociación quiere que se expongan como pruebas son los correspondientes a la tramitación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), firmado por la alcaldesa, que “prueban la existencia de ganado y ganaderos y que no hay desuso” como ha invocado el Consistorio para llevar a cabo la desafectación de los terrenos.

El TSJA, por su parte, ha desestimado del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra las medidas cautelares solicitadas por la asociación, admitidas y aprobadas por el juzgado. Según la asociación, la medida cautelar se mantiene pese a la oposición del Consistorio y “constituye una garantía tanto para los vecinos afectados por la desafectación como para los terceros interesados en la explotación de estos terrenos, ya que si la Alcaldía decide hacer alguna intervención lo hará con todo conocimiento de causa y por tanto con todas las consecuencias” en caso de venta, cesión o alquiler.

El colectivo vecinal había pedido como medida cautelar la anotación preventiva de demanda como nota marginal en el registro de la propiedad de Ayamonte, en la que consta la finca registral patrimonializada.

La asociación tiene intención de solicitar a la alcaldesa una reunión para abordar el mantenimiento de los vecinos de El Granado como precaristas y arrendatarios de sus propios bienes comunales. Dos condiciones atribuidas de forma unilateral por el Ayuntamiento y que resultan del propio expediente de desafectación.

El colectivo asegura que llegará incluso al Tribunal Supremo para tratar de devolver todas las características propias al campo comunal, uno de los pocos, si no el único, que queda como tal en toda la provincia de Huelva, y que resistió casi indemne al expolio comunal sufrido durante las desarmortizaciones de finales del siglo XIX, una de ellas la de Pascual Madoz de 1855.

La Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado presentó el pasado mes de febrero un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo contra la desafectación de terrenos iniciada por el Ayuntamiento, instando a la reversión a su estado anterior de varias parcelas de los polígonos 17, 18 y 19.

El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 22 de diciembre de 2017 ponía fin a 471 años ininterrumpidos de uso y disfrute de parte del campo comunal, en concreto de 877 hectáreas de un total de 3.347, un bien que fue donado al común de los vecinos de El Granado.

La asociación sostiene que son unos bienes colectivos que necesitan ser protegidos contra la especulación y que va trabajar, con todos los medios a su alcance, por la recuperación íntegra de todos los usos comunales que pertenecen al pueblo, sin títulos ajenos al derecho comunal como arrendatarios o cesiones en precarios.

El colectivo rechaza los argumentos expuestos por el Consistorio en el expediente de desafectación y alteración jurídica de varias parcelas del campo comunal por “el escaso uso comunal que dichos bienes han tenido históricamente, que además se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años”.

Según los vecinos la inactividad o la falta de aprovechamiento de los terrenos comunales no se ha producido, ya que en los mismos se desarrolla ganadería extensiva de ovino y caprino, además de sementeras, huertos familiares y actividades de caza.

La asociación sostiene que por su condición vecinal tienen derecho al aprovechamiento y disfrute de este bien de dominio público desde que fue donado en 1547 e insiste en que el campo comunal tiene uso continuado desde hace años por parte de los vecinos, por lo que no entiende que se haya llevado a cabo un expediente para desafectar y alterar la calificación jurídica de parte del Consistorio.

El Ayuntamiento aprobó en mayo pasado, con los votos en contra de la oposición, el proyecto de ordenación de montes públicos. Lo hizo en un Pleno extraordinario convocado a última hora.