El TSJA rechaza dos recursos sobre educación para la ciudadanía

La Confapa asegura que es "el justo premio a los que desoyeron a la Junta y al Gobierno".

S.p. / Sevilla

20 de febrero 2008 - 05:01

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado dos recursos interpuestos por la Junta y el Ministerio Fiscal contra un auto del Alto Tribunal que estimaba la solicitud de objeción de conciencia presentada por los padres de un alumno de Bollullos Par del Condado para que éste no curse la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), al suspender cautelarmente una resolución administrativa dictada por el viceconsejero de la Consejería de Educación, Sebastián Cano, que rechazaba dicha objeción.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, explica que "sin prejuzgar el fondo de la cuestión" los magistrados desestiman los recursos "fundamentalmente" porque "no se invocan nuevos hechos que alteren la ponderación de intereses que motiva la medida".

"El Ministerio Fiscal y la Administración insisten en oponer motivos de fondo que ahora no pueden ser considerados", reza el auto, el cual añade que "lo que se suspende es una acto singular y no una disposición general".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos (Confapa), Juan María Del Pino, afirmó que el auto del TSJA que rechaza dos recursos interpuestos por la Junta y el Ministerio Fiscal contra otro auto del Alto Tribunal que estimaba las solicitudes de objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC), "es el justo premio a los que desoyeron a la Junta y al Gobierno". Del Pino manifestó su satisfacción y proclamó que "la libertad seguirá siempre ganando". "Nosotros creemos y defendemos que la libertad de los padres debe prevalecer en lo que a los contenidos éticos que se enseñan a los hijos se refiere", añadió.

La Consejería de Educación anunció que recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que rechaza dos recursos interpuestos por la Junta y el Ministerio Fiscal contra otro auto del Alto Tribunal.

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