Teresa Ribera: "Resolver el problema de Doñana no pasa por incrementar el problema"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha concedido a Huelva Información y el Grupo Joly una entrevista exclusiva para hablar sobre la polémica generada por el proyecto de ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana, coincidiendo con el inicio de las comparecencias ante la Comisión del Parlamento de Andalucía. Ribera ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que retire su proposición y ha reiterado su voluntad de llegar a soluciones para la comarca onubense.

–Empiezan las comparecencias en el Parlamento Andaluz por la ampliación de los regadíos de Doñana y usted no va a acudir.

–No voy al Parlamento porque ningún ministro, tampoco los del Gobierno de Mariano Rajoy ni del señor Aznar, comparece en ningún parlamento autonómico. Donde deben dar explicaciones los ministros es en su propio parlamento y ahí es donde he tenido una intensa actividad de comparecencias. De todas formas, la pregunta era muy fácil y por eso está bien que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) haya trasladado el informe que habría hecho si le hubieran preguntado. Ahora falta que le pregunten a la Estación Biológica de Doñana y al Consejo de Participación. Y ver cómo se explican sobre la base de esos informes. Porque en realidad no se ha visto nunca ninguna propuesta sobre cómo resolver los problemas.

–Seguimos pendientes de qué va a ocurrir con esta propuesta.

–Fue un movimiento peligroso. Tenemos una sentencia [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)] que nos condena, y de hecho hemos venido trabajando con la Comisión Europea para poder ordenar la recuperación de Doñana de forma que sea llevadera. Con lo cual, transmitir que hay una posibilidad de ampliar por encima de lo que estaba acordado y establecido en 2014 genera una alarma inmediata. También es una propuesta tramposa, porque en realidad el agua de superficie que está comprometida, lo está para reducir la presión de los consumos legales que representan en gran medida usos agrícolas. Por tanto, ¿de qué otra agua de superficie estamos hablando, si incluso con esa ya comprometida llegamos casi al límite para poder cumplir con la recuperación del acuífero y eliminación de las extracciones? A eso se suma otro tema que también es sensible en la provincia de Huelva, que es el Plan Hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras, la cuenca hidrográfica de toda Europa en la que más crece la estimación potencial de nueva puesta en regadío. Es una zona sometida a un estrés hídrico importante y es necesario pensar qué otras alternativas puede haber. Pero el foco de atención más importante, el origen del problema, de la alarma, es Doñana.

–Hay otro foco en el sector agrícola, que está en entredicho.

–Hay una preocupación por tener una Doñana bien conservada en relación con los cultivos. Hay otros países europeos que también producen frutos rojos, pero nosotros fuimos tajantes inmediatamente con respecto a la calidad y al cumplimiento de las normas en Doñana por parte de los regantes. Afortunadamente contamos con toda esa capacidad de certificación y podíamos explicar que es agua legal y que hay una trazabilidad impecable. Pero a nadie le gusta tener que explicar eso, porque es señal de que se activan alarmas que no están justificadas. Por eso es muy importante que no se active ninguna, y que las cosas funcionen como deben. De ahí que siga siendo importante que ese proyecto de ley decaiga.

–También ha censurado “las formas” en ese proyecto.

–Tanto la Junta como Vox saben perfectamente qué es lo que correspondía en una propuesta así, que debe tramitarse como anteproyecto de ley con todos los informes. Estamos hablando de algo muy sensible desde el punto de vista social y ambiental pero también desde el competencial. Nuestro escenario pone de manifiesto que si no va a haber más agua porque la de superficie está destinada a los regantes legales, sólo caben dos alternativas: o estos comparten el agua a la que tienen derecho con las nuevas superficies, o se sigue extrayendo del acuífero. Es muy difícil pensar que pueda haber otra alternativa en el corto plazo. Y si no la hay, ¿para qué se hace esto ahora? Pensemos en una solución, en cuanta más agua se puede aportar por encima de lo acordado, y propongamos.

-Hay otros mecanismos como la compra de derechos de agua.

–Hasta tal punto la situación es complicada que en el marco de actuaciones de Doñana hemos incluido una partida de 100 millones de euros destinada a la compra de derechos de agua y de fincas, pero entre las que están incluidas en el Plan de 2014, no para nueva superficie. Es importante no generar expectativas.

Las 750 hectáreas

-En 2014 se regularizaron 9.450 hectáreas. Ahora se habla de las 1.500 que quedaron fuera entonces, de las que la mitad son forestales o de monte público; y de las 750ha restantes, la venta de derechos podría reducirlas a 400ha. ¿No sería posible?

–Partimos desde el primer día con ese plan de regularización de 2014, y hemos venido trabajando y negociando con la Comisión y con los actores locales, evidentemente siempre respetando a quien estaba dentro de ese plan de 2014, que es la foto fija que dijimos desde un primer momento. Si Moreno Bonilla tiene tanta preocupación por esas 750 hectáreas, que saque de su presupuesto una partida para comprar esos terrenos y pagarlos a buen precio. No tenemos ningún problema. Pero es un poco desleal pretender que a través de una recalificación, el Estado pague esa compra de derechos de agua que no aparecían en la foto de 2014. Habría podido presentar el problema que tenía con esas hectáreas, y plantear qué podemos hacer, de qué manera se puede buscar una alternativa económica, si se compran esas tierras, lo pagamos entre los dos o nosotros. Se pudo ahorrar perfectamente la recalificación del territorio como superficie de regadío para que sea otro quien asuma ese precio.

-¿Y buscar agua para esas hectáreas a incluir?

–¿Y de cuánta más agua estoy hablando y de dónde la consigo? La Junta sabe que son los requerimientos de agua para el Parque, porque es el motivo para la condena del TJUE, que no se toma en cuenta cuáles son las necesidades de agua ambiental, tanto para el acuífero como para superficie. Es eso lo que estaba detrás de las tres medidas que hemos tomado desde entonces: dos programáticas, el decreto ley de trasvase, aprobado en diciembre de 2018, y el Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado este año, y otra operativa, de gestión: activar todas esas obras que no estaban programadas, ni redactadas ni licitadas ni sometidas a impacto ambiental. Ese es el paquete que pone en blanco sobre negro de cuánta agua adicional estamos hablando, cuál es la aportación adicional y a qué va destinada. Sabían que iba destinada y con volúmenes muy ajustados a las extracciones que están teniendo lugar en el Parque. Pero resolver el problema no pasa por incrementarlo. Si en el ciclo actual, lo que hay programado de volumen agua de superficie va destinado precisamente a cumplir la sentencia con equidad para los regantes legales de 2014 y para las extracciones en Matalascañas, y no hay más agua, no me incrementes el problema.

–¿Han pesado los periodos electorales en los que se han lanzado las propuestas?

–La razón de fondo real es un cálculo electoral que pasaba por la Diputación de Huelva y los municipios afectados. Lo lamento mucho porque creo que es un territorio maravilloso, una provincia excepcional, que además ha luchado mucho por dar un color diferente a su futuro. Y al final resulta que el malo de la película es el que no da agua porque no existe, aunque alguien prometió que sí se iba a dar. Es una pena.

Infraestructuras del agua en Huelva

–Hay pendientes muchas infraestructuras del agua. ¿No deberían tramitarse por urgencia? Como el trasvase aprobado en 2018.

–Es muy importante agilizar toda la tramitación en todas las obras que están activas. La inmensa mayoría de ellas no contaban ni con redacción de proyecto, así que tuvimos que empezar a trabajar en verano de 2018, y eso lleva su tiempo. El túnel de San Silvestre ya está licitado; en todas las obras de aportación de superficie se ha avanzado mucho y quedan todavía 13hm³, que pueden llegar muy rápidamente, y esto se acompaña de la reducción de las extracciones de los pozos legales e ilegales. Esto ayuda, más el agua de superficie con el cauce del Guadiamar y el recrecimiento del Agrio, a reducir la presión, y la calidad del agua que pudiera llegar gracias a esa recuperación y reutilización de las depuradoras.

–¿Y la presa de Alcolea?

–Es más complicada la solución respecto al embalse de Alcolea. Su diseño está pensado como presa de laminación, frente al riesgo de inundaciones, pero tras plantearse que fuera un embalse, surgen dos problemas: el primero, de judicialización, que nos ha llevado mucho tiempo resolver con el concesionario de las obras, y el segundo, las dudas acerca de la calidad de las aguas, cargadas de metales pesados. Si se encontrara una solución técnica, creo que es una alternativa. Otra posibilidad es incrementar la capacidad de desalación en la zona para contar con ese recurso no convencional adicional. Hay que buscar distintas alternativas, pero Alcolea tiene una duda suficientemente razonable como para tener mucho cuidado con el empleo de ese agua. El resto del volumen que procede del Tinto-Odiel-Piedras está adjudicado en el plazo temporal del Plan Hidrológico hasta 2027, por tanto no es posible que podamos imaginar un incremento del recurso disponible.

–Entienda la perplejidad por la larga espera antes las necesidades existentes.

–La perplejidad me resulta a mi más de los campos de golf y el turismo. Pero por eso es muy importante, además de la tarea de los ingenieros y de las administraciones, facilitar un consenso social. Es importante generar consensos en torno a cómo se gestiona el agua disponible con la máxima eficiencia, desde el punto de vista de la salud pública, de la preocupación social y ambiental, y de la generación de oportunidades, que es capital. Hablamos de Doñana, y el referente que activa las tensiones, pero es muy importante generar consensos y no alimentar más tensión.

–Ayudaría ofrecer alternativas a la comarca para compensar las limitaciones por Doñana.

–Por eso la idea de concentrarnos en la identificación correcta. ¿Tengo un problema de alternativas económicas y sociales? Sentémonos. Siempre hemos dicho que estamos disponibles para hablar de ese tema. Claro que tenemos herramientas e incluso se pueden buscar. Doñana ha sido un activo muy importante para Andalucía y lo ha sido para la comarca con carácter general como un polo de referencia en muchos de los aspectos. ¿De qué manera se pueden activar otras actividades que sean compatibles con un espacio tan rico y tan espectacular como es Doñana? La población del entorno es en la que nos tenemos que centrar. Las fresas de Doñana, bien gestionadas, tienen un plus; al revés, es en esa línea en la que debemos trabajar. De hecho esa idea de trazabilidad ha sido muy importante porque acredita la máxima solvencia y la capacidad de hacer frente a cualquier duda que pueda tener cualquiera. Hay que ver qué otras alternativas, de la agroindustria o no, puedan tener sentido.

–No han ayudado las visitas de los diputados alemanes.

–El Bundestag hace visitas internacionales, y estaban muy interesados en ver cómo se gestiona el agua en situaciones extremas y de cambio climático. Contactaron con nuestro secretario de Estado, y con la Junta de Andalucía y quedaron con la Junta. Una vez que ven que no es la situación más adecuada para visitar una zona que está viviendo con mucha tensión social la crisis del agua, la propia embajada decide que no va a visitar Doñana.

–Tampoco el boicot alemán.

–Este Gobierno, en particular el ministro de Agricultura y yo misma, desde el primer momento ha defendido una y otra vez que todos los productos españoles que se colocan en los canales de comercialización europeos son perfectos por el cumplimiento de todas las normas. Y precisamente en Doñana, el sistema de certificación da todas las garantías porque la trazabilidad está garantizada. También advertimos desde el primer día que hay otros muchos países europeos que producen fresa y que por razones de mera competencia se puede generar una crisis reputacional de la que luego es muy difícil salir. Si se siembra una duda, es muy difícil levantar esa duda. Y en este caso no tenía ningún sentido un proyecto de ley que no va a ningún lado. Ha sido enormemente desafortunado para los andaluces y para los onubenses, y para la imagen de España en su conjunto también. Ha sido una escenificación muy desafortunada y muy ambigua de lo que se pretendía desde la Junta en relación con Doñana.

–Se dijo que usted justificaba ese boicot.

–No he dicho nunca nada de eso y reto a que lo demuestren. Sí he dicho que es muy importante no generar riesgos reputacionales. Pero me he sentido dolida cuando ponen en mi boca cosas que no he dicho. Yo sí he llamado señorito al presidente de la Junta de Andalucía porque dispara con pólvora del rey, porque asume que otros tendrán que afrontar un sufrimiento ante las dudas, o que otros tendrán que pagar una multa coercitiva, y creo que esa no es manera de hacer política. La demagogia no corresponde. Sí entiendo que cuando hay una situación sensible, lo más importante es despejar cualquier duda que se tenga.

–¿La salida a este ruido es reunirse sin luz ni taquígrafos para llegar a un entendimiento?

–Creo que esto requiere luz y taquígrafos y volver a situar el problema donde está. ¿Queremos proteger Doñana? ¿No queremos que no haya ninguna duda al respecto? Olvídese de una proposición de ley que no cuenta con el aval ni de la ciencia ni de la Administración competente en agua ni de la comunidad internacional. Tenemos un problema desde el punto de vista de expectativas sociales y de actividad económica; centrémonos, pero hagámoslo con las herramientas compatibles con la ley, que nadie dude con respecto a la voluntad de España y de todas sus administraciones en relación con el respeto, la vigilancia y la ejecución escrupulosa del derecho europeo y las sentencias que nos condenan.