UPA señala que la prioridad es dar respuesta a agricultores afectados por la Ley de Regadíos

La organización agraria UPA ha valorado la línea de diálogo abierta entre la Junta y el Gobierno central en relación con las tierras agrícolas de la Corona Norte de Doñana y ha dado la bienvenida a posibles acuerdos "siempre que la máxima prioridad sea buscar soluciones para los agricultores afectados". En un comunicado, UPA-Huelva ha subrayado que "siempre" ha apostado como solución "la negociación entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía".

Ahora, con el segundo plan que se anuncia para el Condado, la citada organización cree que, "más allá de los 350 millones de los que se habla, lo importante será a qué se va a destinar el plan", dado que la organización entiende que "no serviría de nada si no tiene como beneficiarios principales a los agricultores afectados". Según el secretario general de UPA-Huelva, Manuel Piedra, "los afectados son pequeños agricultores cuyas explotaciones son su modo de vida y lo que les fija al territorio".

"El nuevo plan debe tener respeto por ese modo de vida y tener como objetivo que no acaben obligados a marcharse; vamos a estar vigilantes para que la cuantía prometida tenga como prioridad el ofrecerles una alternativa viable dentro de su entorno, no nos vale que les den unas ayudas, los agricultores quieren seguir trabajando, produciendo, generando empleo y fomentando el desarrollo rural en sus municipios", ha dicho.

En su opinión, se debe constituir un grupo de trabajo en el que es "imprescindible" estar presente y en el que, "en primer lugar, se deben definir de una vez por todas las hectáreas afectadas por la proposición de ley, aspecto que, tras 21 meses de conflicto, todavía no se ha definido, y ponerle nombre y apellidos a los afectados reales". A partir de este punto, en su opinión, "se podrá desarrollar un plan en el que, una vez se defina qué se va a hacer con los agricultores afectados y cómo se va a reconducir su situación, se podrá diseñar el resto de las actuaciones destinadas a un desarrollo económico del Condado de Huelva en condiciones que sean compatibles con la preservación de Doñana, tal y cómo ha anunciado el Gobierno de España", ha indicado.

"Aunque ha sido una reacción tardía e influenciada por el período electoral que viene viviendo el país durante más de un año, esperamos que con el consenso de todos los sectores implicados se llegue a una solución viable", ha manifestado.