Los abogados del crimen de Cartaya piden amparo a Pontón ante las amenazas de muerte

Los abogados personados en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 5 de Ayamonte por el doble crimen de Cartaya, acontecido en abril de 2019, han solicitado amparo al presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Pontón, ante el temor de que se vea mermada su integridad física. Así lo hacen constar en una carta a la que ha accedido en exclusiva Huelva Información y que también remitirán al Colegio de Abogados onubense, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Consejo General del Poder Judicial.

La misiva es consecuencia de la tensión de alto voltaje que se vivió el miércoles en el perímetro de la sede judicial ayamontina, cuando allegados de una de las víctimas del doble homicidio, el joven onubense Samuel Vizcaya, golpearon y sitiaron el furgón policial en el que llegó al juzgado uno de los principales investigados en la causa, el cartayero J.A.M.B.

Los letrados firmantes recalcan que esperan "que se actúe antes de que sea demasiado tarde". En este sentido, hacen referencia a la información, las fotografías y los vídeos publicados por este diario porque "hablan por sí mismos". Entienden que "no hubo un error de cálculo en la previsión de efectivos de seguridad que hacían falta, sino que además este grupo de gente amenazó nuevamente de muerte a los letrados".

Tanto es así que el nuevo representante legal de J.M.P.P. (el otro investigado principal) renunció a su defensa sobre la marcha. Así consta en el escrito por el que se oficializó su desistimiento, al que también ha accedido este rotativo y en el que el ya exabogado defensor dice que deja el caso debido "a la repercusión del asunto y a la peligrosidad del mismo, habiendo recibido este letrado amenazas de muerte en la puerta del juzgado y temer por la propia vida".

En la carta dirigida a Pontón se precisa, además, que la anterior letrada de J.M.P.P. está "de baja por depresión por las amenazas de muerte hacia su persona". El resto, afirman, "también sufrimos las amenazas".

De hecho, como se evidencia en el documento, una de los profesionales de la abogacía expone que las personas que se ubicaban en el entorno del Instrucción 5 ayamontino la "incitaron a salir afuera de la sede judicial, llamándola hija de puta, perra, sal para afuera si tienes cojones, que te vas a enterar".

En la jornada de citaciones del mes de agosto, relatan los firmantes, ya se produjeron otros incidentes. Así, le cuentan al presidente de la Audiencia que entonces "persiguieron a un testigo hasta el vehículo; una funcionaria del juzgado lo acompañó al coche, que apedrearon, y a la funcionaria le alcanzó una piedra". La mujer continúa de baja. Agregan sin medias tintas que a otro testigo "le pegaron una paliza al salir del juzgado, y a su madre que lo acompañaba".

Con todo, aseguran que "no se puede tolerar esta falta de previsión y seguridad para el legítimo derecho de defensa de los investigados, y mucho menos para los profesionales de la abogacía que los representan".

En el caso de una de las juristas, esta tuvo que pedir este miércoles "escolta". Diez agentes la acompañaron en el breve trayecto que separa la sede judicial del puesto de la Guardia Civil, donde la "custodiaron" hasta que pudieran ir a recogerla". Es "una vergüenza".

Incluyen en la carta que estos "no son hechos aislados, esta situación está descontrolada y cada vez va a más, hasta que ocurra una desgracia".

Es por todo que solicitan a Antonio Pontón que "se tomen las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad física no sólo de los investigados, sino de testigos y profesionales que nos encontramos personados en la causa".

Proponen, por ejemplo, trasladar la instrucción al Palacio de Justicia de Huelva, "que posee otra seguridad", acordonando la zona para que solo accedan las personas citadas, a lo que suman que "se prevean más efectivos de agentes de la autoridad que la protejan".

Los letrados firmantes quieren, además, que "se incoen diligencias previas y detenciones a todo aquel que amenaza, insulta o agrede tanto a testigos como profesionales", y que se les ampare para que "nos dejen el derecho a practicar una defensa digna y con las garantías constitucionales que tenemos reconocidas".

Preguntada ayer por este asunto, la familia de Samuel Vizcaya se desmarcó de las amenazas o agresiones a testigos y abogados, ya que no pueden "responsabilizarse de lo que hagan los demás". Asimismo, aclaran que "no somos ningunos salvajes y solo pedimos justicia: si no, que cada uno se meta la mano en su pecho; nosotros no queremos estas situaciones, pero tampoco se puede esperar que estemos aplaudiendo a los asesinos". Los familiares agregan "no somos como los asesinos, nosotros no vamos a matar a nadie, por eso estamos luchando para que a Samuel se le haga justicia".