La acampada ilegal deja al aire libre más de 450 toneladas de residuos al año

Una normativa que no se cumple, una inspección que no puede llegar a establecimientos que se encuentran fuera de la ley (la dependiente de la Junta de Andalucía) y una Administración que desde hace más de cinco años parece hacer oídos sordos a las denuncias de los empresarios turísticos sobre las acampadas ilegales que un mes tras otro se asientan a lo largo de la geografía onubense. Son los ingredientes para que el sector empresarial del turismo denuncie sin titubear que en un año "Huelva va a ser el paraíso de la acampada ilegal, con lo que todo eso conlleva". Fundamentalmente, daños medioambientales, a los que se añaden la mala imagen que se da de un destino que se basa en la calidad, la inseguridad y la competencia desleal.

La normativa que regula los campamentos de turismo no deja lugar a dudas. El texto del decreto que defiende la ordenación de este tipo de establecimientos prohibe expresamente la acampada libre, entendida como la instalación de albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos análogos, fácilmente desmontable fuera de los acampamientos turísticos. Y va más allá: únicamente se permitirá la acampada de autocaravanas en las zonas específicamente habilitadas por los municipios para tal efecto, siempre que se adopten medidas medioambientales necesarias para asegurar la conservación y protección del lugar donde se ubiquen. Pues bien, en Huelva, entre 2.500 y 3.000 autocaravanas se asientan de forma ilegal cada año en parajes y zonas cercanas a las zonas de costa de la provincia. Cada una de ellas, genera al mes 150 kilos de residuos, según los informes que maneja la patronal (en los que únicamente se tienen en cuenta los restos fecales). Teniendo en cuenta las que pasan cada año por la provincia, para permanecer por un tiempo mínimo de un mes (cambiando de emplazamiento), se deduce que al menos cada año se acumulan 450 toneladas de residuos sin control alguno. Si la estancia llega a los dos meses, la cifra se incrementa hasta las 900 toneladas y así progresivamente. Lo peor es que quedan en parajes y lugares de especial interés medioambiental, que se ubican en Ayamonte (Punta del Moral), Isla Cristina (Playa del Hoyo), Islantilla, carretera del Terrón, Punta Umbría (La Bota y la Canaleta), Mazagón (zona del Parador y Rompeculos), Matalascañas, El Rocío, y Aracena, fundamentalmente. Lugares que prácticamente coinciden con las ubicaciones de los establecimientos reglados para la acampada, con más de 23.780 plazas, en las que se reserva un porcentaje para caravanas, que además pueden beneficiarse de tarifas especiales (fórmula camper) que reducen significativamente las cuotas a pagar.

Los propietarios de estos establecimientos han reiterado sus protestas a lo largo de los últimos años y han pedido a la administración que sea contundente a la hora de luchar contra una lacra que, añaden, pone en peligro muchos puestos de trabajo. De momento, la respuesta no llega y mientras tanto se acumulan vertidos y se "crea una mala imagen que se aleja bastante de la imagen que queremos vender de la provincia", apunta el secretario del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Rafael Barba, el mismo que cada año asiste como representante del sector a una reunión con el subdelegado del Gobierno "para realizar una llamada de atención, que nunca tiene efecto". De hecho, tras la última, en la que estuvieron presentes los alcaldes de las zonas afectas tan sólo dos ayuntamientos han decidido poner en marcha un reglamento que regule este tipo de acampada a través de una ordenanza: Isla Cristina y Aracena.

Al margen de los daños al entorno y a la imagen de una provincia que apuesta por el turismo, la acampada ilegal provoca un recorte en los ingresos de los empresarios que se cifra en el 40% según la patronal.