Los agricultores de Lucena venden las tierras de cultivo tras el cierre de los pozos
Condado
Los productores de frutos rojos siguen a la espera de la llegada de agua superficial ante el inminente comienzo de la campaña. El reparto del suministro provoca la división
Huelva/Los productores de frutos rojos de Lucena del Puerto han comenzado a vender sus tierras de cultivo tras el cierre de los pozos de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Según han informado desde la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO) a este periódico, algunos productores cuyas extracciones de agua consideradas ilegales han sido clausurada ya se han desprendido de sus fincas ante la imposibilidad de poder regarlas y la “falta de perspectivas de futuro”.
Las tierras agrícolas en venta han sido adquiridas por otros agricultores que sí disponen de agua, aunque no en cantidad excesiva. En la actualidad los productores de frutos rojos realizan trabajos de acondicionamiento de las superficies de cultivo de cara a la plantación, y a la espera de que llegue el agua prometida. Se trata de suministro superficial para las 318 hectáreas regables en la zona del Condado con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pero no con agua para su riego.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consumó el pasado mes de agosto el cierre de pozos agrícolas en Lucena del Puerto. Lo hicieron los técnicos del organismo de cuenca, arropados por un fuerte dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para garantizar el sellado de las extracciones de agua subterránea. En total se han clausurado alrededor de un centenar de sondeos y algunas balsas de riego.
La actuación se enmarca en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictó la clausura de 77 pozos sancionados en terrenos públicos de Lucena, 66 de ellos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.
Aunque los regantes se opusieron el cierre de las captaciones mientras que llegara agua superficial, finalmente abandonaron la resistencia ante la acción de las autoridades, tras determinar que los pozos sancionados estaban fuera de suelo agrícola regable determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
Los agricultores mantienen que las administraciones les permitieron las extracciones de agua subterránea y que incluso tenían contadores que instaló la propia CHG. También que la Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas.
Tras la clausura de los pozos, los regantes continúan a la espera de que el Ministerio autorice el trasvase de 1,6 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y que les conceda agua en precario, una actuación que contempla la autorización inicial de la transferencia de 4,9 hectómetros aprobada hace ya unos años.
El cierre de las extracciones subterráneas ha dejado a los regantes en una situación que el alcalde de Lucena, Manuel Mora, ha calificado de dramática, por lo que ha solicitado a la Confederación la concesión en precario de agua superficial.
Además, Mora ha arremetido contra el presidente de la CHG, Javier Páez, (del que ha pedido su dimisión y ha calificado de incompetente) al enviar al Ayuntamiento de la localidad multas por la utilización de agua en pozos ilegales, por valor de 432.329 euros, a los que se suman otros 80.093 más en indemnizaciones, cuando se trata de “superficies que están calificadas como suelo agrícola regable”.
El Ayuntamiento lucenero ha cifrado las pérdidas globales por el cierre de los pozos ilegales en unos 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos.
La situación creada con la clausura llevó a los agricultores a anunciar la convocatoria de una manifestación por la demora de agua superficial para las 318 hectáreas regables, que finalmente no han llevado a cabo debido a discrepancia entre varias organizaciones.
Discrepancias
La reunión convocada por la Asociación de Agricultores del Condado Onubense con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado para abordar la problemática las explotaciones tras el sellado concluyó sin acuerdo entre las partes, por lo que se descartó cualquier acción o movilización conjunta del sector de cara a sus reivindicaciones.
Las discrepancias entre los agricultores ha llevado también a los regantes de Almonte y Rociana agrupados en la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana y la Asociación de Agricultores Campiña Sur a plantearse abandonar la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva si no se atienden sus peticiones.
Éstos consideran que al representar “más del 75 % de la superficie agrícola regable en la zona y que les corresponde la prioridad a la hora del reparto del agua superficial prevista. Los regantes pretenden agilizar la llegada del agua superficial para 318 hectáreas del Condado, la mayoría de ellas en Bonares y Lucena del Puerto.
El PSOE traslada la necesidad de mantener la unidad de acción
El PSOE de Huelva, con su secretario general, Ignacio Caraballo, ha mantenido un encuentro de trabajo con los agricultores de Almonte y Rociana del Condado, representantes de las asociaciones Puerta de Doñana y Rociana Campiña Sur, donde ha quedado de manifiesto el apoyo socialista en todo el proceso para conseguir que llegue el agua de riego superficial a los cultivos de todos los municipios del Condado, según informó la formación socialista.
Según el PSOE, en dicha reunión, a la que también asistió la subdelegada del Gobierno, Manuel Parralo; el alcalde de Bonares Juan Antonio García y el senador onubense, Amaro Huelva, se ha dejado claro que todo el sector debe mantenerse unido para trabajar por el bienestar de toda la comarca.
Del mismo modo, en la reunión se ha expuesto “los nuevos avances para que el agua superficial llegue a la comarca cuanto antes y el esfuerzo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que de manera incasable y audaz busca soluciones para resolver la problemática del agua de riego en todos los municipios”.
Además, durante el encuentro ha quedado claro que este trabajo que se está llevando a cabo está dirigido a todas las hectáreas incluidas en el plan de regadíos de la corona norte de Doñana.
Por ello, ya se ha pedido a la Junta de Andalucía que emita la Autorización Ambiental Unificada que necesita la Confederación para las concesiones que afectaría a las 2.500 hectáreas de la Comunidad de Regantes del Condado.
Según los socialistas, los representantes de las asociaciones han solicitado al PSOE que medie para que se celebre una reunión técnica con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.