El alcalde, condenado a un año y 11 meses por construirse una casa ilegal

El alcalde de Los Marines, José Ramón Rodríguez Velo (PSOE), no pisará la cárcel. El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva le ha impuesto una pena global de un año, 11 meses y un día de prisión por edificarse una casa y una piscina "ilegales". En concreto, la juez le atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística por el que le asigna una pena de un año, tres meses y un día de cárcel, amén de nueve años de inhabilitación para el empleo o cargo público electivo en cualquier administración y el abono de la mitad de las costas. En concurso con este delito existe otro contra la ordenación del territorio, por el que le sanciona con otros ocho meses de prisión, multa de 3.600 euros y la inhabilitación especial para el oficio de promotor durante dos años. Acuerda también la demolición "total o parcial de la casa y la piscina", garantizando la "restauración total del espacio natural afectado".

Al teniente de alcalde Benjamín Aranda le impone otra pena privativa de libertad de un año, tres meses y un día por un delito continuado de prevaricación urbanística y ocho años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público y el pago de una cuarta parte de las costas procesales. La juez absuelve al tercero de los acusados, la arquitecta municipal M.M.T., aunque sí la obliga a abonar el 25% de las costas.

En la sentencia, de quince página y a la que ha accedido Huelva Información, se da por probado que Rodríguez Velo se edificó, "en calidad de promotor", una vivienda de 75 metros cuadrados con porche en la finca Paraje del Agua, de su propiedad y ubicada a medio kilómetro de su residencia habitual en Los Marines. Afirma la magistrada que la levantó "en suelo no urbanizable de especial protección" por estar enclavada dentro del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (zona C).

El fallo prosigue haciendo hincapié en que Rodríguez Velo solicitó a la dirección del parque "autorización para construir una caseta de aperos de 40 m(2) de una sola planta", que le fue concedida en 2005 a condición de que cumpliera tales requisitos. En julio de 2006, el teniente de alcalde Benjamín Aranda dio al regidor la licencia de obras "en los mismos términos", aunque la magistrada estima que era "plenamente consciente de que la intención del alcalde era contar con una segunda vivienda incompatible con la normativa urbanística y con la autorización condicionada del parque natural".

La Dirección del parque llegó a multar con 650 euros al alcalde en 2007 por distintas irregularidades. Pese a todo, Aranda "dio el visto bueno a la certificación realizada por el maestro de obras" en la que se especificaba que "las obras habían terminado y que eran una caseta de aperos, sin visitar la edificación pese a constarle el fin residencial".

Las obras más importantes de la vivienda se culminaron a finales de 2006, dando lugar a un inmueble "con sótano, salón con cocina americana, baños y dos dormitorios" con vocación de convertirse en segunda residencia del acusado, algo "incompatible" con la legislación vigente. Asimismo, "no consta" que hubiera obtenido la licencia de primera ocupación ni la cédula de habitabilidad, ni tampoco la resolución final que legalizara el exceso edificado.

En 2007, Rodríguez Velo pidió permiso para construir una alberca de riego "con la intención de realizar una piscina en la misma finca". El parque se lo otorgó, prohibiéndole clorar o tratar con química el agua. El alcalde "se autoconcedió licencia de obras en junio de 2008", un documento que firmó Aranda, y "construyó una piscina con paredes de cerámica, escalerillas y elementos de flotación para pastillas de cloro" pese a que "no era necesaria para el riego por existir un pozo y otra alberca".

La Guardia Civil detectó la edificación en abril de 2011 y la Fiscalía de Huelva abrió diligencias. Entonces la tercera imputada, arquitecta municipal, determinó que lo construido eran una alberca y una piscina que respetaban las autorizaciones. Con esta base, la secretaria municipal elaboró un informe para la Guardia Civil en el que se decía que no había irregularidades y que luego firmó Benjamín Aranda con el fin de "favorecer el interés particular del alcalde y evitar que se le sancionase".

Refiere la sentencia que Rodríguez Velo ha hormigonado el camino de acceso a la finca, dispensándole él mismo la licencia a su esposa para ello, del mismo modo "que se autoconcedió licencia para el cerramiento de la finca con malla ganadera" en junio de 2008.

José Ramón Rodríguez Velo indicó ayer a Huelva Información que no esperaba una condena "porque no hay delito y, de haberlo habido, habría prescrito". Por ello presentará un recurso ante la Audiencia Provincial y "estoy dispuesto a llegar adonde haga falta para demostrar mi inocencia". Asegura que pondrá su acta de concejal a disposición del PSOE, pero que "no dimitiré como alcalde". De este modo, completará la legislatura (hasta cumplir los 20 años de mandato) y no concurrirá a los comicios de 2015, "como ya tenía previsto", aunque le queda "una herida moral porque se me trata como un delincuente".

Respeta, dice, el fallo judicial "pero no lo comparte porque es una decisión bárbara", a la vez que defiende que contaba con todas las autorizaciones y que, de haber delito, "debe haber más responsables". El regidor ve en esta sentencia "un acto ejemplarizante pero muy injusto, una exhibición mediática del fiscal de Medio Ambiente, una auténtica persecución política".

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, indicó ayer que Rodríguez Velo (quien también es vicepresidente de la Mancomunidad Ribera del Huelva) ya ha presentado su baja como militante, trasladando su "respeto absoluto" a la Justicia.