Los asentamientos de Huelva registran 22 incendios desde 2020 y dejan tres fallecidos

Huelva/Los asentamientos de la provincia de Huelva que se encuentran en Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Moguer y Lepe registraron 22 incendios entre abril de 2020 y mayo de 2024. Los mismos afectaron a 2.816 personas, resultando decenas de personas heridas y tres fallecidos, según recoge el informe presentado por Andalucía Acoge esta semana bajo el título Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023 y que ha contado con la colaboración de Huelva Acoge para los datos provinciales.

Según indica el informe, estos incendios pueden ser causados por "diversas razones", como el uso de materiales inflamables en la construcción de las chabolas, la falta de infraestructura "adecuada" para el suministro de agua y electricidad, o el uso de métodos "inseguros" para cocinar y "obtener calor en las chabolas".

Por ello, la organización lamenta en el informe que, "junto a la pérdida de vidas y los daños personales", se debe señalar la pérdida de los ahorros conseguidos y la documentación oficial que habitualmente acompaña a estos incendios, "agravando la situación de desprotección de las personas afectadas".

Asimismo, señala que, en general, "la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras", aunque se estima que "entre el 30% y el 40% de la población podría vivir allí de forma permanente", toda vez que la organización subraya que "las condiciones de vida en estos asentamientos son extremadamente precarias, y los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación".

Igualmente, indica que "según el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)" en 2021 se identificaron "un total de 41 asentamientos", lo que supone "12 menos que en el 2020". Al respecto, Huelva Acoge indica que "esto no significa necesariamente que haya menos personas viviendo en asentamientos", sino que "algunos han sido desalojados y sus habitantes reubicados en otros".

El informe remarca que Huelva Acoge interviene en 16 de esos asentamientos, "con una población de aproximadamente mil personas fuera de la temporada agrícola" pero que "durante la campaña de los frutos rojos, esta población puede llegar a triplicarse".

600 euros para empadronarse

 Al hilo de estas cuestiones y problemas a los que se enfrenta la población residente en asentamientos, Huelva Acoge señala en el informe que al ser esta población migrante "extremadamente vulnerable", especialmente "aquella que se encuentra en situación irregular", se enfrenta a "trabas" para el empadronamiento.

En este sentido, explica que los residentes en asentamientos con las que interviene Huelva Acoge manifiestan la existencia de "redes organizadas que se lucran de esta necesidad, identificándose el cobro de hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares". Además, como problemas relacionados con la salud, el acceso a servicios sociales o al empleo, y "manifestaciones de rechazo por parte de la población local".

El informe destaca, además, que otro colectivo al que hay que prestar "especial atención" es a los niños, "sobre todo los que están en edad de escolarizar", ya que supone "una vulneración de un derecho fundamental" que "se suma a al resto de vulnerabilidades que heredan por la situación de privación de vivienda familiar".

Al respecto, apunta que, "cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa" y que, "a pesar del interés de la Administración Local, estos menores no están escolarizados", de forma que "aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente".

La organización señala que "se detectan a menudo incumplimientos en materia laboral dentro del sector agrícola", donde la población migrante "tiene una amplia representación" y que "hay constancia de que muchas de las denuncias presentadas a la Inspección de Trabajo no son resueltas en ocasiones, ni se proporciona una respuesta adecuada, incluso cuando son competentes en la materia".

Indicios de nuevos asentamientos

El informe habla de que "existen indicios de que se han creado nuevos asentamientos en Rociana del Condado y Almonte", lo que Huelva Acoge considera "un indicativo de que la prohibición sin ofrecer soluciones mantiene la precariedad y solo contribuye a desplazar la infravivienda a nuevos territorios".

Remarca que mayo y septiembre de 2023 se produjeron incendios en el asentamiento del polígono San Jorge en Palos de la Frontera, "uno de los más poblados, que contaba "con 850 personas aproximadamente, de ellos, 600 hombres y 250 mujeres" y que tras el mismo "el Ayuntamiento impidió la reconstrucción de las chabolas", por lo que "en la actualidad, permanecen allí 40 personas". Por ello, estima que "el resto se han desplazado a Lucena del Puerto", donde en mayo de 2024 se produce otro incendio en un asentamiento chabolista del municipio, "del que resultaron varias personas heridas".

Indica también el informe que, "actualmente, las subvenciones concedidas a las entidades sociales para la atención directa para paliar las vulnerabilidades de las personas residentes en asentamientos se han reducido de forma significativa" y que "esta disminución en los fondos a la atención directa implica que algunas necesidades esenciales de las personas no se están cubriendo de forma adecuada".

Aumento de mujeres atendidas

El informe explica que en 2023 en Palos de la Frontera, el porcentaje de mujeres atendidas "casi alcanza el 54%" y en Moguer se sitúa en un 32%, mientras que en Níjar el porcentaje de mujeres es del 12,4%, al tiempo que destaca que "se ha observado un incremento, aunque leve, en la llegada de mujeres procedentes de Colombia que podrían ser víctimas de trata con fines de explotación sexual".

"También se ha detectado un aumento de mujeres embarazadas, las cuales han sido derivadas a distintos recursos habitacionales. Estas mujeres están en situación irregular. Se trata de una problemática a tener en cuenta porque los recursos habitacionales transitorios no permiten residir a una persona durante años", apunta el informe.