Cae una banda que facilitaba la residencia legal a extranjeros en Huelva a través de una empresa ficticia

Los extranjeros tenían que pagar una elevada suma de dinero a cambio de un contrato de trabajo fraudulento

Detienen a tres personas por estafar presuntamente a una anciana de 83 años en Ayamonte

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. / Policía Nacional
S.P

02 de septiembre 2024 - 15:39

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a facilitar la residencia legal en España a ciudadanos extranjeros a través de una empresa ficticia. La operación se ha saldado, por el momento, con cuatro detenidos, aunque por el momento la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los extranjeros, en condiciones precarias, tenían que pagar una elevada suma de dinero a cambio de un contrato de trabajo fraudulento para conseguir la tarjeta de residencia en España, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación de las fuerzas de seguridad comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una persona que había pagado 4.000 euros en efectivo al propietario de una empresa por realizarle un contrato de trabajo, sin la necesidad de trabajar en la misma, con la única finalidad de obtener una tarjeta de residencia y empleo en España.

Las diligencias policiales llevaron a los agentes hasta el administrador único de la empresa, descubriendo que se encontraba de baja por falta de empleados desde el año 2020 y que no estaba al tanto de los pagos a la Seguridad Social.

Se trataba de una empresa ficticia que había estado proporcionando contratos fraudulentos a más de 40 personas extranjeras, gracias a los que habían solicitado autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en Sevilla, Huelva y Cádiz.

La fase de explotación de esta investigación, donde se aunaron esfuerzos por parte de la Policía Nacional de Sevilla y Huelva, se saldó con cuatro detenidos, entre ellos el cabecilla del entramado criminal y dueño de la empresa ficticia, a los que se les imputan los delitos de contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.

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