Denuncian que unos mil migrantes temporeros de Huelva "hayan pasado el verano sin agua en chabolas de la provincia"

Organizaciones sociales y ambientales de Huelva han denunciado este jueves que alrededor de mil temporeros migrantes "hayan pasado el verano sin agua en los asentamientos de chabolas en la provincia", sin que las administraciones atendieran el llamamiento realizado por las ONG a finales de julio.

Según ha recordado Ecologistas en Acción, cuarenta colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos solicitaron a las administraciones públicas la creación de un corredor de emergencia para garantizar el acceso a agua potable y la recogida de basura en esos asentamientos.

Dichas organizaciones sociales han difundido ahora un vídeo donde muestran la realidad de los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe.

Han precisado que en la provincia de Huelva existen unos 40 asentamientos, donde llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de recogida de la fresa, que va de enero a junio.

Las condiciones de vida de los asentamientos -que aparecieron hace más de 25 años por la necesidad de gran cantidad de mano de obra para el cultivo de los frutos rojos y la falta de alojamientos- "atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer kilómetros en bicicleta o andando", han señalado.

Esta asociación ha efectuado en lo que va de verano una decena de repartos en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe en los que ha distribuido más de 10.000 litros de agua embotellada.

Tampoco las administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, municipios donde se encuentran situados los asentamientos han puesto en marcha acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de estas personas; a la vez que se niegan a empadronarlas y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a las distintas administraciones la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos.