Denuncian la privatización del comedor escolar del CEIP Juan Ramón Jiménez de Cartaya: "Hay muchos temporeros que necesitan el servicio"

CCOO denuncia que se hayan iniciado los trámites administrativos para la privatización del servicio de comedor en elCEIP Juan Ramón Jiménez en Cartaya, tras casi cuarenta años de funcionamiento gestionado por la Junta de Andalucía.

El sindicato critica que la administración autonómica "se escude" en las dificultades con las que se encuentran para cubrir las sustituciones y vacantes del personal de cocina: "asunto éste del que son los principales y únicos responsables, teniendo la Junta de Andalucía paralizadas las bolsas de contratación desde hace 4 años", afirman.

El Comité de Empresa, máximo órgano de representación de la plantilla, con su presidente, David Castillo, como portavoz, ha estado al corriente y ha actuado mostrando su total rechazo a esta privatización, intentando detener "este nuevo abuso y actuación unilateral de la Delegación de Desarrollo Educativo en un nuevo intento de destrucción de empleo público, además de pasar a un servicio con peor calidad alimentaria para el alumnado, precariedad en las condiciones laborales del personal de los servicios privatizados, y que no ahorrarán dinero a las arcas públicas, sino que pasan a aumentar los de una empresa privada", explican.

Aseguran que el Pleno del Comité de Empresa no cesará en sus esfuerzos para que esta situación de privatización se paralice y se mantenga activo el servicio de comedor escolar de gestión directa, que, dicen, "es la única forma de garantizar un servicio de calidad para el alumnado de este centro público, siendo además la alimentación un asunto de tan vital importancia en estas edades". Todo ello, sin olvidar que en este centro en concreto, "nos encontramos con un gran número de familias temporeras que tienen que hacer uso del servicio en cuestión".

Lamentan que desde la Delegación Territorial "hagan oídos sordos a la representación de la plantilla, que denuncia continuamente la lentitud que la Administración presenta en las contrataciones necesarias para el funcionamiento de los centros educativos, no asumiendo la responsabilidad que tienen en la gestión, y apostando por el modelo de privatización “marca” del Partido Popular".