El exalcalde de Valverde del Camino se querella contra Loles López

Huelva/El exalcalde de Valverde del Camino, Miguel Ángel Domínguez, y el exconcejal, Francisco Rodríguez Donaire (ambos del PSOE), han presentado una querella criminal contra la exalcalde valverdeña, sendora y secretaria general del PP-A, Loles López, por la presunta comisión de hasta quince delitos relacionados la Gestora de Infraestructuras de Valverde del Camino SA (Givsa).

En la querella se le imputan cinco delitos societarios, otros cinco de falsedad documental, uno de fraude en la contratación pública, de insolvencia punible, falsificación de documentos en la modalidad de su presentación, malversación de fondos públicos y estafa procesal.

Los hechos por los que se atribuyen los delitos se remontan a cuando Loles López era alcaldesa de Valverde. Según consta en la denuncia, en noviembre de 2010 el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE con el demandante Miguel Ángel Domínguez como regidor, acordó disolver y liquidar la empresa municipal Givsa.

Con la disolución, el Consistorio pasó a asumir todos los derechos y obligaciones de la sociedad, así como las deudas con los acreedores, por lo que posteriormente efectuó los correspondientes pagos a través del Plan de Proveedores.

Sin embargo, cuando López accedió a la Alcaldía "ignoró intencionadamente dicho acuerdo" de disolución, según la querella, y decidió llevar la empresa a concurso de acreedores, "perjudicando los intereses generales del Ayuntamiento y de los acreedores y deudores de la propia sociedad municipal", causando "un grave perjuicio" a funcionarios municipales y exconcejales socialistas, ya ajenos a la actividad política, a los que "pretendió hacer responsables" de las deudas de la sociedad municipal.

Consta como acreditado del acuerdo de disolución, el hecho que se nombraron liquidadores. Desde entonces, figura en la querella, estos cargos continúan vigentes, "pues jamás la junta general ha adoptado acuerdo de separados, por lo que en la actualidad ostentan de forma legal y legítima el poder de representación de Givsa, extendido a todas aquellas operaciones que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.

Para llevar a Givsa a concurso de acreedores, la exalcaldesa se valió de la contratación de una consultora, "prescindiendo además del procedimiento legalmente establecido, ya que supuestamente presentaron ofertas dos empresas más, aunque no constan registros de entrada".

Según figura en la denuncia, la contratación de dicha empresa tenía como objeto justificar el concurso de acreedores de Givsa, a pesar de haber acordado la Corporación su solución y liquidación, con la intención de "perjudicar a los antiguos concejales socialistas y técnicos municipales", cuando la simple ejecución del acuerdo de 2010 hubiese permitido "abonar las deudas a los proveedores y un menor coste económico para las arcas municipales".

Con al decisión de llevar a concurso de acreedores a la empresa, López infringió no solo los estatutos de Givsa sino lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento en cuanto a la disolución y liquidación. La querella reitera que la exalcaldesa "ocultó intencionada y dolosamente" tales actos para dañar a los representantes de un partido político y obtener beneficio electoral en el municipio.

Los delitos societarios y de falsedad documental se imputan por el hecho de que los acuerdos de disolución, nombramiento de los liquidadores y de aceptación del cargo no fue presentada al Registro Mercantil por "decisión y orden" de la entonces presidenta de Givsa, Loles López, para ocultar la situación de disolución-liquidación de la sociedad y suplantar las competencias de los liquidadores.

También, porque a propuesta de la exregidora se designó un nuevo consejo de administración en Givsa, "por caducidad del anterior", lo que provocó una duplicidad de órgano de administración social y la suplantación de funciones y competencias de los liquidadores legales.

Los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, malversación y también falsedad documental se refieren a la firma de un contrato de servicios de una empresa para inicial el proceso concursal de Givsa.

En la querella consta que el contrato no se redactó ni firmó en papeles del Ayuntamiento, ni en las dependencias municipales y no tuvo ninguna participación en el mismo el departamento de contratación del Consistorio. Además, para dar apariencia de legalidad a la contratación "se montó un expediente falso para los archivos municipales".

La denuncia señala que existe una relación directa entre la contratación y el concurso "fraudulento" de Givsa, porque se ocultó al juez de lo mercantil que se había abierto el periodo de liquidación, nombrados lo liquidadores, y que el Ayuntamiento había quedado como sucesor universal y que había abonado muchas deudas con cargo al plan de pago a proveedores.

La querella ha sido presentada en los juzgados de Valverde del Camino. No obstante, al tratarse de una persona aforada (Loles López), por su condición de senadora, el juzgado limitará su actuación procesal a investigar todo lo relativo a los hechos delictivos imputados, y a la individualización de la persona o personas responsables de los delitos que pudieran haberse cometido.

Sobre la presentación de la querella, Loles López se mostró tajante y aseguró que "ya lo han intentado otras veces y ha sido archivada" y que "la única intención que tienen es hacer ruido para tapar lo que hicieron en Valverde".