El fiscal rebaja de cuatro a dos años la petición de cárcel para el alcalde

Vista para sentencia la causa abierta por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación que ha sentado en el banquillo de los acusados al alcalde de Los Marines y vicepresidente de la Mancomunidad Ribera de Huelva, José Ramón Rodríguez Velo (PSOE); el teniente de alcalde Benjamín Aranda y una arquitecta municipal. En la intensa sesión que se desarrolló ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva -segunda jornada de la vista- el fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, modificó sus conclusiones e interesó una sustanciosa reducción de condena para los acusados.

En concreto, decidió apocopar su petición de pena de cuatro a dos años para el alcalde por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por construirse "una vivienda con piscina" en terreno especialmente protegido cuando tenía autorización únicamente para levantar una casa de aperos y una alberca. Según el relato del fiscal, Rodríguez Velo decidió en 2006 que "iba a hacer lo que sus ciudadanos no pueden hacer", llegando a "controlar a Benjamín Aranda, a los técnicos y no absteniéndose en ningún momento: firma licencias, controla los expedientes y se mueve como pez en el agua en la administración".

Aunque las obras exteriores de la casa finalizaron en 2006, "se siguieron llevando a cabo en el interior, donde se construyeron la cocina, las habitaciones y los baños". Luego, afirmó Alfredo Flores, "se hace una piscina y le pone acabado interior, rebosaderos, escalerillas y hasta cloro al agua; se confía y pone a la finca malla ganadera, dándose la autorización a sí mismo, y echa hormigón al camino".

Del teniente de alcalde Benjamín Aranda, el fiscal estima que "se prestó en todo momento a favorecer el interés personal del alcalde y ha firmado licencias sabiendo lo que firmaba", subrayando Flores que estampó su rúbrica en el informe que hizo llegar a la Guardia Civil en 2012 informándole de que en la finca "no existía ninguna irregularidad". El representante del Ministerio Público tiene "clara su autoría en el delito de prevaricación", considerando que "se ha prestado en todo momento a favorecer el interés personal del alcalde". Por ello mantiene su imputación, aunque la rebajó ayer de dos años a un año y tres meses, a los que se agregan ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público electivo (en su escrito previo al juicio le reclamaba nueve).

La mejor parada ha sido la arquitecta municipal M., a la que consideraba cooperadora de un delito de prevaricación por elaborar un informe técnico señalando que lo construido en la finca Huerta del Agua, propiedad del regidor municipal, era una alberca y no una piscina, tal y como mantiene la acusación pública. Flores observó que los indicios de delito que le confería "no se han concretado", por lo que decidió ayer retirar los cargos contra la técnica, para la que pedía 4.800 euros de multa y nueve años de inhabilitación. Dejó claro, eso sí, que su actuación fue "negligente, pero no dolosa o intencionada".

Los letrados de Rodríguez y Aranda solicitaron la libre absolución de sus patrocinados, basando sus informes finales en la falta de pruebas contra ambos y en la prescripción del delito contra la ordenación del territorio. Para la Fiscalía, el concurso de éste con la prevaricación -el "más grave y permanente"- mantiene su vigencia.

En el juicio testificó el director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio José López Fernández, quien dejó claro que en la finca Huerta del Agua "no se permite el uso residencial si no está vinculado a la explotación agrícola".

La perito que elaboró el informe para el juzgado de instrucción de Aracena que investigó el asunto remarcó que el fin de la edificación construida era "residencial" y narró cómo el alcalde, al conocer la existencia de este documento, "nos visitó para mostrarnos su disconformidad con el contenido de las conclusiones y dijo que nos iba a denunciar".

Varios expertos de parte descartaron que, junto a la alberca, existiera alguna vez una depuradora, defendieron que el sótano no es más que una cámara de aire y que la edificación no tiene porche. Otro perito admitió que el difusor para cloro u otros productos que flotaba en la piscina "nunca lo vi en ninguna alberca de la Sierra".

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, mostró ayer su respeto por la presunción de inocencia de Rodríguez Velo, pero garantizó que, si la sentencia es condenatoria, aunque no sea firme, "tendrá que dimitir" y dejar el partido, como marcan los estatutos. Asimismo, evidenció que el alcalde marinense "está convenido de que no ha hecho nada irregular" y ha puesto su cargo a disposición del PSOE.