Los guardianes de los pozos

Lucena del puerto/Lo habían anunciado y lo están llevando a cabo. Los agricultores de Lucena del Puerto afectados por el cierre de pozos alegales patrullan desde el miércoles por la zona de El Gago para impedir que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cumpla con la orden de clausura de las extracciones de agua subterránea en el área de Doñana.

Los productores de frutos rojos han establecido relevos para mantener la vigilancia las veinticuatro horas del día, en una zona acotada de 25 hectáreas, con el fin de dar la alarma nada más que divisen la llegada de vehículos de la CHG para volver a concentrarse e impedir la acción de los técnicos.

Algunos de ellos están apostados en sitios estratégicos y cerca de los pozos que son objeto del cierre y otros circulan en sus automóviles constantemente por la vía agropecuaria San Catalina, en cuyas márgenes se ubican varias cooperativas de frutos rojos y los campos de cultivos. La carretera es la línea divisoria entre dos confederaciones, la del Guadiana y la del Guadalquivir. En la primera también hay pozos, pero a esos sí les está permitido continuar con la extracción de agua. En la demarcación de la segunda se encuentran los 77 que la Administración central pretende sellar.

Durante el día y la noche hay al menos cuatro parejas oteando el horizonte (más otros agricultores que cuando tienen tiempo van a apoyar a sus compañeros) a la espera de que se produzca alguna novedad, tras la reunión mantenida con los miembros de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y de la Comunidad de Regantes de El Fresno, a la que pertenecen.

Los productores aseguran que del trasvase de 5 hectómetros cúbicos al Condado apenas reciben 2, ya que el resto es para consumo humano, de ahí la necesidad de contar con un mayor volumen de agua y obtenerla a través de las capaciones, a la espera de la segunda trasferencia de 15 hectómetros cúbicos aprobada también.

“Que nos den agua y cerramos los pozos”, insisten los agricultores que recuerdan que ellos siempre han puesto dinero para las conducciones y el resto de infraestructuras para poner en marcha los regadíos. 6.000 euros por hectáreas es la cantidad que han desembolsado para tener agua, recuerdan.

También aluden a que la propia Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas, incluso para jóvenes agricultores, pasado el 2004. Los productores aseguran que la Administración andaluza conocía perfectamente las parcelas en las que se iba a invertir el dinero. “Años después pretenden que abandonemos el campo” se lamentan.

Una paradoja se da también con los pozos. “Primero fueron permitidos y después vino la ley con la que pretenden clausurarlos”, dicen los agricultores, que aclaran que “la mayoría de ellos tienen entre 20 y 30 años, porque se permitieron hacerlos y por tanto estaban dentro de la legalidad. Después cambiaron la ley y nos sacaron dinero para poder legalizarlos. Finalmente no nos lo permitieron y ahora quieren cerrarlos”.

Los agricultores reiteran que son los primeros interesados en clausurar las captaciones, siempre que llegue más agua de superficie. De hecho, afirman que ellos mismos han facilitado las coordenadas de la ubicación de los pozos, a cambio de agua superficial. Es más aseguran que los contadores que tienen para controlar las extracciones los instaló la propia Confederación.

“La Administración no tiene que gastarse dinero en cerrar los pozos. Si nos dan agua nosotros mismo los cerramos”, exponen los afectados. El sellado de las 77 captaciones tiene un coste total de 90.000 euros, que debería abonar el Ayuntamiento.

“Este tubito –refiriéndose a la goma de extracción del agua– puede estar dándole de comer 400 o 500 personas tranquilamente”, apunta uno de ellos. Lucena, con una población de 3.000 habitantes, alcanza los 13.000 durante la campaña agrícola. “No aquí sino en todo el Condado sin agua no se puede trabajar y sería la ruina para un sector que da entre 140.000 y 150.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos” añade. La acción que realizan los agricultores luceneros está respaldada por otros de la comarca de los municipios de Rociana, Almonte, Bonares y Moguer.

Puestos a defender su postura y a exponer la situación “absurda e incomprensible” aluden a los impuestos que pagan por desarrollar su actividad agrícola. “También consideran algunas tierras cultivos ilegales, al igual que los pozos, pero seguimos pagando nuestros impuestos y la Administración los acepta. A eso no dicen que no”, critican los agricultores. Entre ellos, algunos cultivan las tierras de su bisabuelo.

Durante la jornada del pasado lunes agricultores, trabajadores del campo y vecinos impidieron el cierre de pozos considerados ilegales, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se disponía a cerrar como había anunciado. Desde primeras horas de la mañana cientos de personas se concentraron en varios puntos del camino Santa Catalina a la espera de la llegada de los técnicos de la CHG. Habían sido alertados de que el sellado de las extracciones de agua en El Gago iba a iniciarse.

La Confederación había procedido previamente al cierre de sondeos en Almonte y anunciado que antes de que termine julio haría lo mismo con los 77 pozos sancionados en el municipio lucenero. En concreto, 66 en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 en el paraje Magín.

Cientos de personas se desplazaron ese día hasta la zona y finalmente evitaron la acción de los técnicos. Los concentrados no permitieron el paso de éstos, arropados por la Guardia Civil, con un corte en el camino que impidió el acceso de los vehículos. Así permanecieron varias horas hasta que los técnicos de la CHG recibieron la orden abandonaron la zona.

Un mando del Instituto Armado informó a los agricultores concentrados de la apertura de un informe y de un próximo traslado al lugar con una orden judicial. Inicialmente estaba prevista la clausura de 14 pozos que se encuentran en terreno público.

Ese mismo día, los agricultores anunciaron que no iban a dar tregua y que van iba a custodiar la zona por turnos “para seguir impidiendo la clausura de las captaciones subterráneas”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sostiene que la medida es consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 2017 y que se limitan a hacer cumplir “de manera subsidiaria” una orden judicial que obligaba a hacerlo al Ayuntamiento de Lucena, después de que éste, tras dos años, no la haya ejecutado.