La hermana de la joven asesinada pide la patria potestad de sus sobrinas
lepe
Emilia Marin quiere repatriar el cadáver de Cristina para el entierro en Rumanía pero carece de fondos
La asociación rumana recauda 2.900 euros para los servicios funerarios
Huelva/Emilia Marin, la hermana de la joven de nacionalidad rumana y de 24 años de edad asesinada en Lepe el pasado sábado presuntamente a manos de su expareja, y que se desplazó el pasado jueves a Huelva para hacerse cargo de los trámites del caso, se personó ayer viernes en los juzgados de Ayamonte para reclamar el cuerpo de su hermana. Su intención, según precisó en declaraciones a los medios, es repatriarlo para que sea enterrada en Rumanía, lo cual tenía previsto "desde el primer momento", enfatizó.
La hermana de la joven asesinada, de 23 años de edad, señaló que también tiene la intención de pedir la patria potestad de sus dos sobrinas, de dos y cinco años, para lo cual también se dirigió ayer a la Junta de Andalucía. "Yo quiero, cómo no, a las niñas. Quiero ser ahora su madre" porque "es lo único que puedo hacer ya por mi hermana", dijo.
Emilia es por el momento el único familiar de la joven asesinada en Lepe que ha podido viajar a España desde su país para realizar estas gestiones y también aseguró que no tiene "capacidad financiera", aunque sí goza de una situación estable porque trabaja en Rumanía, donde está casada y tiene un hijo de cuatro años.
Estas informaciones contrastan con lo manifestado hasta el momento por la presidenta de la Asociación de Rumanos de la Costa Occidental de Huelva (Arcoh), Mihaela Ciliciu, quien ha mantenido en los últimos días que la voluntad de la familia era que Cristina Marin fuese enterrada en Lepe y que su familia había renunciado a hacerse cargo de las dos menores.
Consultada por Huelva Información, Ciliciu aseguró ayer "no tener ni idea" de lo que ha pasado en las últimas horas, al tiempo que subrayó "no conocer de nada" a la hermana de la víctima y "no haberla visto nunca", porque desde el principio "solo me he comunicado con ella a través del servicio de Messenger de Facebook". "Yo le ofrecí un entierro digno para su hermana y ella a mí nunca me manifestó lo que está diciendo ahora", concluyó visiblemente airada.
Por otra parte la asociación que dirige ha entregado ya a la funeraria que gestionaría el traslado y estancia en el tanatorio los 2.900 euros presupuestados para costear sus servicios, los cuales se han obtenidos mediante una cuestación popular en la que los vecinos de Lepe han participado desde el pasado lunes, mediante el ingreso de dinero en una cuenta abierta en una entidad bancaria. La asociación tenía previsto que si todos los trámites se realizaban conforme a lo previsto, se esperaba que el cuerpo fuese llevado al tanatorio de Lepe hoy sábado y que el sepelio tuviese lugar mañana domingo en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la principal de Lepe.
Fuentes funerarias consultadas por este periódico han señalado que la repatriación de un cadáver en estas circunstancias tiene un coste de unos 5.800 euros, en los que se incluyen las gestiones administrativas, la preparación del cuerpo y su embalsamamiento, la caja de zinc y el transporte por carretera y en avión hasta el aeropuerto más cercano al lugar de enterramiento final, hasta el que tendría que ser transportado por una funeraria local.
Por su parte Laurentiu Daniel (33 años), expareja y presunto autor del asesinato de Cristina Marin, ya se encuentra ingresado en la Prisión Provincial de Huelva, después de haber sido detenido por la Guardia Civil el domingo en un paraje conocido como Tariquejo, entre los términos municipales de Cartaya y Villanueva de los Castillejos; y una vez que el pasado martes el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, competente en materia de violencia sobre la mujer, ordenara el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para este hombre, también de nacionalidad rumana.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez investiga a Laurentiu Daniel por un presunto delito de homicidio y otro de quebrantamiento de condena al contar desde el pasado 16 de junio con una orden de alejamiento hacia la víctima por una agresión anterior.
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