Huelva celebra el fin a trece años de peaje en la Vía do Infante

Ayamonte/Trece años hace ya desde que el 8 de diciembre de 2011 el Gobierno luso implantó el polémico peaje en la A-22 (Vía do Infante) -así como en otras tres autovías similares portuguesas-. Una medida que, sin duda, ha marcado durante todos estos años la historia pequeña en materia de movilidad y relaciones comerciales entre el Algarve luso y la provincia de Huelva.

Fue en pleno puente de la Inmaculada y en medio de una enorme recesión económica a nivel mundial, que a punto estuvo de llevar a Portugal a ser rescatada por la Unión Europea dada su grave crisis de deuda.

La medida, que fue rechazada de plano por numerosos colectivos e instituciones de ambos lados de la frontera desde mucho antes de su entrada en vigor, iba a suponer la mayor barrera a la movilidad y las relaciones comerciales entre ambos países desde que, dos décadas atrás, entrara en servicio el Puente Internacional del Guadiana y fuese construida la actual red de autovías a ambos lados de la frontera, precisamente para facilitar la movilidad de dos comarcas históricamente muy unidas desde el punto de vista social y económico.

Desde ese día, lo que hasta entonces había sido totalmente gratuito, el uso de la Vía do Infante -construida con fondos europeos-, pasó a costar el equivalente a 8 céntimos de euro el kilómetro -77 para los turismos y 127 para los vehículos pesados-. A lo largo de estos trece años, y dada la enorme contestación social contra la medida, el Ejecutivo luso ha reducido dichas tarifas hasta en tres ocasiones, la última de ellas y más importante en julio de 2021.

A partir del próximo 1 de enero, el peaje de la también conocida como Vía do Algarve pasará a la historia gracias a la aprobación el pasado mes de mayo por la Asamblea de la República Portuguesa de un proyecto de Ley impulsado por el entonces primer ministro luso Antonio Costa, del Partido Socialista de Portugal.

Una decisión que está siendo muy aplaudida estos días por numerosos empresarios y colectivos sociales y económicos de ambas orillas del Guadiana.

Por la parte española Alberto Fernández, alcalde de Ayamonte, municipio andaluz más castigado durante estos trece años por el peaje, ha indicado a Huelva Información que "estamos de enhorabuena" no sólo en Ayamonte, sino en toda la provincia onubense, porque la supresión de lo que considera un "arancel" es una "ayuda a la libre circulación de personas".

Con el peaje, añade, "una persona de Faro que quiera venir a comer o comprar a Ayamonte, además del combustible y del coste de la comida o los productos que compre, tiene que pagar un precio añadido por una infraestructura que, además, se hizo con fondos europeos".

A ello se une, según el primer edil fronterizo, el daño que el peaje ha ocasionado durante estos años a las relaciones mercantiles entre ambos países, concretamente entre las numerosas empresas que compran productos en Portugal para venderos en España, o viceversa, afectando al transporte de mercancías, ya que a su juicio "están pagando un arancel que encarece el precio de los productos".

Por todo ello, concluye, el hecho de que a partir del próximo 1 de enero desaparezca el peaje "lo único que me merece son valoraciones positivas" y "nosotros en Ayamonte estamos encantados" ya que "se va a favorecer el flujo de personas de un lado a otro de la frontera, y las relaciones comerciales, turísticas, sociales y culturales".

Para los empresarios ayamontinos también se trata de una "muy buena noticia" y, según ha manifestado a esta redacción Carmen Báñez, secretaria general de Apyme y de la Cámara de Comercio de Ayamonte, la supresión del peaje va a suponer la eliminación de un coste para las empresas españolas, cuyas "mercancías y productos incrementaban sus precios, siendo menos competitivas respecto a las empresas de Portugal".

A nivel comercial, para Báñez la decisión del Gobierno luso "también nos provoca muchísima alegría porque va a suponer que, personas que viven o visitan el Algarve, puedan venir a Ayamonte sin tener que pagar ese dinero, que puede ser un inconveniente". Así, se muestra convencida de que "se va a notar a nivel comercial, y por tanto va a suponer más ventas para nuestras empresas". A nivel de hostelería "vamos a tener más personas que coman nuestros productos típicos y locales".

Para la secretaria general de la Cámara de Comercio también va a suponer una ventaja tanto para las empresas como para las personas que trabajan a ambos lados de la frontera, ya que no van a tener la "barrera económica" que ha supuesto durante todos estos años el peaje.

Por último, ha incidido en la "recompensa obtenida" tras la "lucha" que tanto desde Apyme como desde la Cámara "hemos mantenido contra la medida del Gobierno portugués durante todos estos años".

Finalmente la presidenta de la Asociación de Comerciantes AlCentro de la ciudad fronteriza, Antonia Pérez, también ha aplaudido la decisión del ejecutivo luso porque "además de abaratar y facilitar los desplazamientos por carretera entre ambos países, supone una barrera psicológica".

A su juicio la medida "no solo beneficiará a Ayamonte a nivel comercial, sino en todos los sentidos, porque somos un municipio que siempre ha vivido de nuestro carácter fronterizo".

La presidenta de AlCentro ha puesto además sobre la mesa que, al coste económico que supone el peaje, se une el "complicado y confuso sistema de pago" que impuso en 2011 el Gobierno portugués, lo cual a su juicio "también contribuye a echar para atrás a mucha gente", al igual que el hecho de que las máquinas de cobro instaladas en la frontera "muchas veces no funcionan, provocando enormes colas de vehículos y mucho temor entre los conductores a ser sancionados al no poder pagar".

Una medida muy contestada social y empresarialmente

Desde antes de su entrada en vigor, el peaje en la A-22 portuguesa fue muy contestado tanto social, como empresarialmente. En este sentido unos 300 vehículos colapsaron ocho meses antes de su implantación -en abril de 2011-, durante más de una hora, el Puente Internacional del Guadiana en una marcha lenta de vehículos.

Fue la primera gran protesta de las numerosas que se realizaron posteriormente contra la medida del Gobierno luso, algunas de las cuales fueron vigiladas muy de cerca por la Guardia Nacional Republicana.

La mayoría de estas acciones fueron convocadas por la Comisión de Usuarios de la Via do Infante (CUVI), creada en Portugal expresamente para luchar contra la implantación del peaje, a la que se fueron sumando otras entidades y organizaciones tanto portuguesas como españolas.

Algunas de ellas fueron las cámaras municipales lusas de los municipios afectados; distintas asociaciones algarvías de todo tipo; el Ayuntamiento de Ayamonte -que incluso aprobó una moción contra la medida en septiembre de 2011-; asociaciones de empresarios de turismo del Algarve; sindicatos y patronales empresariales, o asociaciones de transportistas de ambos países, como por el lado español fue el caso de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

Como resultado de esta lucha se firmó el 9 de marzo de 2011, en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Manifiesto Luso-Español por una Zona Transfronteriza Algarve-Huelva Libre de Peajes, un documento que suscribieron más de una treintena de asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de transportistas y representantes políticos de ambos lados de la frontera.