Se inicia el procedimiento penal contra el alcalde de Bollullos

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Huelva trasladará testimonio judicial al Juzgado de Instrucción de la Palma del Condado y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial para que procedan contra el alcalde de Bollullos Par del Condado, el independiente Francisco Díaz Ojeda, por la posible existencia de una infracción penal en sus reiterados incumplimientos en el pago de una deuda de más de 1,5 millones que sigue creciendo mes a mes por los intereses, reconocida por sentencia firme a Detea, la empresa que realizó el Teatro Municipal de la localidad, tras la paralización de las obras en 2003.

A su vez, el alcalde tendrá que afrontar una multa personal de 600 euros, que le será reiterada cada 20 días si el Ayuntamiento sigue sin afrontar el pago de esa deuda. Así consta en la providencia que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva emitió el pasado 2 de junio, a través de la cual concedía al Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado un plazo de diez días para ingresar en la cuenta del juzgado los excedentes de tesorería de los últimos meses así como las cantidades previstas para el pago de prestaciones no afectas a un servicio público, con el fin de destinar esas cantidades al pago de la deuda.

La citada provincia establece que, al término de ese plazo, el juzgado procedería, tanto al establecimiento de las multas como al traslado de su testimonio para el inicio de las actuaciones penales, de forma automática, sin más trámite previo. Transcurridos los diez días de plazo, el Ayuntamiento no ha ingresado en la cuenta judicial un solo euro de los excedentes de tesorería, que ascienden a más de 255.000 euros, ni tampoco ha consignado cantidad alguna de los gastos para afrontar partidas que no se refieren a un servicio público, y que llegan algunos meses a representar hasta el 40% de los pagos totales.

Ante esa situación, la empresa constructora ha presentado un nuevo escrito al juez, con fecha de 26 de junio, en el que le subraya que, más de un año y medio después del reconocimiento firme de su deuda, sigue sin cobrar, y le solicita tanto la ejecución inmediata de las medidas contempladas en su última providencia, de acuerdo a las estipulaciones previstas en la misma, como el embargo inmediato de los excedentes de tesorería que figuran en las cuentas presentadas por el Ayuntamiento desde el mes de febrero.

Asimismo, insta al Juzgado a que requiera al Ayuntamiento una mayor concreción sobre los gastos en los que está incurriendo y la justificación de su necesidad, así como la explicación de por qué afronta el pago de otros proveedores antes que el de su deuda. El pasado mes de febrero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva conminó al Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado a presentar una fórmula de pago de un millón de euros en menos de tres meses. Según el auto judicial, el juzgado desestimó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento, por lo que este Consistorio tendrá que pagar más de 800.000 euros por las certificaciones de obras, más los intereses de demora de la citada cantidad, así como más de 30.000 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios; más de 7.000 euros en concepto de certificación-liquidación y más de 90.000 euros en concepto de lucro cesante.

Según fuentes cercanas al caso, la obra del teatro quedó paralizada hace casi ocho años por los impagos del Consistorio a la constructora y desde entonces el Ayuntamiento "no ha hecho otra cosa que aumentar la carga del municipio, hipotecando su capacidad de inversión para los próximos años".

Sentencia firme del TSJA

Desde el mes de noviembre de 2009, el Ayuntamiento sabe por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tiene que pagar, "a pesar de lo cual no ha abonado un solo euro de la deuda, la cual crece cada día como consecuencia de los intereses de demora". Por todo ello, el alcalde de la localidad, el secretario y el interventor de la Corporación se exponen a un posible delito de desobediencia judicial, así como al pago de multas coercitivas, si no cumplen el auto judicial.

Por menos de tres millones de euros, que fue el precio de la adjudicación de la obra tras la ampliación pactada con la constructora, Bollullos del Condado hubiera podido tener un teatro municipal, concretaron estas fuentes, quienes aseguraron que "casi diez años después, el pueblo no tiene nada y el Ayuntamiento va a tener que pagar alrededor de un millón de euros".

La adjudicación del contrato para la construcción del Teatro Municipal de Bollullos Par del Condado se produjo concretamente en julio de 2002, por un importe inicial de dos millones y medio, que fue ampliado en trescientos mil euros tras un modificado del proyecto en abril de 2003. Las obras se fueron ejecutando con normalidad durante muy poco tiempo, concretamente hasta agosto de ese año 2003, fecha en que comenzaron "los incumplimientos" del Ayuntamiento, apenas un par de meses después del cambio en el gobierno municipal, fecha en la que entró a gobernar Carlos Sánchez.

Como consecuencia de ello, el 6 de agosto de 2003, la compañía adjudicataria de las obras, la empresa de construcción e ingeniería presentó en el Ayuntamiento un escrito de suspensión de las obras por impago de más de cuatro meses y, ante el silencio administrativo, el 2 marzo de 2004 le comunicó al Consistorio la resolución del contrato por impago, apelando a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Cuatro meses más tarde, el 20 de julio de 2004, presentó una reclamación por daños y perjuicios por la suspensión y resolución valorada en 1,1 millón de euros.