La investigación del vertedero por delito ambiental se eterniza y llega ya a 9 años

Cinco años de espera de un informe que no acaba de llegar sobre los efectos que el vertedero de Villarrasa provoca en la salud de la población próxima y en el entorno de las instalaciones han eternizado la investigación judicial sobre el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Residuos.

En este 2011, la instrucción que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Palma del Condado alcanza ya la friolera de nueve años, con tres personas en el ojo del huracán, imputadas y pendientes de un juicio que esclarezca su situación procesal.

En otro frente, hay voces que llaman la atención sobre los cambios y mejoras que se han introducido en el vertedero en los últimos años, modificaciones que pueden cambiar -advierten- las conclusiones de un informe que, de haberse llevado a cabo cuando se denunciaron las presuntas irregularidades (incluidos los enterramientos masivos de basura sin tratar y las filtraciones al cauce público), hubieran sido muy diferentes desde el punto de vista de daños a la salud humana y al medio ambiente. El informe llega tarde, afirman.

Las primeras denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento del vertedero llegaron en 2002 y cuatro años después, la autoridad judicial daba prácticamente por cerrada la investigación. Entonces (abril de 2006), la Fiscalía solicitaba una nueva diligencia: un estudio sobre los daños que las supuestas irregularidades habrían provocado hasta ese momento antes de proceder a la calificación final de los hechos y a concretar su petición de condenas para los imputados.

Tras la petición de este análisis por el Ministerio Fiscal llegó el bloqueo en la causa, por disparidad de criterios entre la acusación pública y la entonces delegación Provincial de Justicia respecto a la autoría del informe. El primero -el fiscal- proponía que el estudio se encargara a un perito independiente. En el otro frente, la Junta finalmente se pronunció para dejar claro que las partes -ya sean los jueces o el fiscal- no designan a los peritos.

En este tira y afloja transcurrieron varios años, hasta el punto de que en febrero de 2010, se conocía que el instructor le ponía fin a una historia que parecía interminable y decretaba el archivo de la causa (lo hizo en el verano de 2009 aunque la notificación a la Fiscalía llegó seis meses después).

La acusación pública recurría el archivo y daba cancha las propuestas de la Administración de Justicia, al considerar que dicho informe es "imprescindible" para continuar o dar carpetazo definitivo al proceso.

La Junta ya había señalado dos caminos para entonces: recurrir a técnicos de la misma Administración que conozcan de la materia y, sólo en caso de que no existan estos funcionarios, se acude a la empresa con la que la Junta mantiene un acuerdo para realizar los peritajes en materia de Justicia (Tinsa).

Así se hizo. El juzgado admitió el recurso y encargó el análisis de los daños del vertedero, que se esperaba antes de cerrar 2010 y a fecha de hoy no ha llegado.

En la causa hay tres personas imputadas. De un lado, el entonces jefe de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva -titular de la planta de tratamiento-, D.B.H., y por parte de la empresa concesionaria del servicio hasta el verano de 2005, Reciclados del Tinto y del Odiel (Retinod), el director de la firma en Huelva, M.V.M., así como el jefe de servicio del vertedero, cuya identidad responde a las iniciales J.J.V.F.

Tanto la persona que asumió la responsabilidad por parte del organismo provincial, el jefe del departamento de Medio Ambiente, como los representantes de Retinod han reconocido que en diversas ocasiones en estos años de la investigación judicial en incluso posteriormente se produjeron vertidos a arroyos cercanos a las instalaciones, aunque la planta carecía de autorización para verter ya que ni siquiera esta posibilidad estaba planteada en el estudio que se realizó antes de que el vertedero comenzara a funcionar.

En su declaración ante el instructor, el funcionario admitió que, según constaba en los informes técnicos, hubo vertidos de lixiviados al cauce público y manifestó que, a su juicio, hubo incluso falta de previsión en la configuración de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa, diseñada por la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.