Una huelga judicial retrasa la busca y captura del exdirector de Minas de Riotinto

Riotinto/La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para este lunes la primera de las dos sesiones de un juicio por estafa procesal que tiene como principal acusado a Carlos Estévez Ruiz de Castañeda. En su día fue el máximo responsable de las Minas de Riotinto, pero su dirección fue catastrófica, tirando a delictiva, y de los polvos de aquella gestión vienen estos lodos judiciales en los que anda enfangado desde hace unos años. La curiosidad de este caso, aparte de que seguramente será suspendido por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), es que sobre el acusado pesa una orden de busca y captura por una condena anterior que en teoría le podría acarrear algún problema si se presentara en la cuarta planta del edificio del Prado. En teoría, porque esa orden aún no ha podido ejecutarse debido precisamente al paro de los antiguos secretarios judiciales.

Este miniculebrón empezó hace algo más de un mes, el 2 de febrero, cuando la Sección Primera de la Audiencia dictó un auto en el que decretaba la “busca, captura e ingreso en prisión” de Estévez para que así comenzara a cumplir la condena de un año y tres meses de cárcel que ese mismo tribunal le impuso el 7 de febrero de 2018 por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Aquellos hechos tenían que ver con su gestión como consejero delegado de Minas de Riotinto, que ya estaba en suspensión de pagos, cuando contactó con la empresa suiza Shorthorn Limited y le ofreció la explotación de la mina. Para adquirir los activos se crearon Mantenimiento General del Sur (Mantesur) e IEG, ambas administradas por un grupo que lideraba Estévez.

Shorthorn invirtió unos 8,5 millones de euros y Mantesur recibió algo más de 2,2 millones. De ese dinero, 320.127,56 euros se facturaron a diecinueve empresas que “o no existían o que, aun existiendo, nunca contrataron con Mantesur”. Estévez y un socio fueron condenados a la susodicha pena de cárcel y a indemnizar a Sorton con 320.127,56 euros. La pena fue confirmada por el Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 2019.

Han pasado casi tres años y medio y Estévez ni ha pagado la indemnización ni ha pisado la cárcel, a pesar de todos los requerimientos que le ha enviado la Sección Primera para que lo hiciera. El último es ese escrito del 2 de febrero. “Líbrese a tal efecto las correspondientes órdenes de busca y captura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una vez que la presente resolución sea firme”, concluía el auto. Ahí está una de las claves. La resolución no era firme y admitía recurso de súplica ante la misma Sala en un plazo de tres días. Y un mes después, el mandato judicial no ha podido llevarse a cabo al no ser firme todavía, entre otras razones porque la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera no lo ha legitimado con su firma.

Estévez, de hecho, ha sido citado “en tiempo y forma” por la otra Sección, la Tercera, para que comparezca este lunes en la Audiencia porque en esa Sala no consta que esté en busca y captura. Y en la Sección Primera, al mismo tiempo, tampoco consta que haya sido localizado porque ni siquiera ha empezado a ser buscado. El acusado tiene su residencia en Madrid, a todo esto.

En el juicio fijado para este lunes, la Fiscalía solicita un año y siete meses de cárcel para Estévez y otros cuatro acusados por un delito de tentativa de estafa procesal (diez meses) y otro de falsedad en documento mercantil (nueve meses). En el escrito de calificación provisional, la acusación recuerda que como Shorthorn no se fio de su gestión, cambió a los administradores y ordenó una auditoría que reveló “irregularidades” en el uso del dinero que había invertido hasta entonces. Eso provocó la correspondiente denuncia que derivó en la condena de 2018 y “sucesivos procedimientos judiciales” penales y mercantiles.

En noviembre de 2008, los acusados “urdieron un plan” orquestado por Estévez y el representante de Construcciones Zeitung y presentaron una demanda de concurso de acreedores contra Mantesur. Aportaron dos contratos. Uno era de arrendamiento, “supuestamente” firmado el 1 de marzo de 2005 por Zeitung y Mantesur, por el que se habría generado una deuda de 2.250.000 euros a favor de la constructora, aunque “no obedecía a la realidad” y sólo tenía como objetivo presentar “una deuda ficticia” para así presentar la demanda. El segundo contrato, del 7 de febrero de 2006, también fue aparentemente sellado entre Rumbo-5 Cero y Estévez, pero también era ficticio y una tercera persona “simuló” la firma del dueño de Rumbo-5 Cero, según el fiscal.

De todas formas, la demanda de concurso fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 y la propia Audiencia porque la supuesta deuda no se acreditó y los jueces resaltaron sus “dudas e incertidumbres” sobre el contrato de arrendamiento.