Dos mujeres insultan y golpean a dos equipos médicos del centro de salud de Isla Cristina

Isla Cristina/Dos mujeres -madre e hija- agredieron este domingo tanto física, como verbalmente, a los integrantes de los dos equipos médicos que se encontraban de guardia en ese momento en el centro de salud de Isla Cristina, motivo por el cual todos tuvieron que abandonar el servicio, teniendo que ser sustituidos por un nuevo equipo, entre cuyos miembros se encontraba el director de dicho centro de salud. La Delegación Territorial de Salud y Familias ha mostrado su absoluto rechazo y condena de forma enérgica la agresión y ha querido mostrar su total solidaridad y apoyo a los cinco profesionales afectados, que sufrieron una agresión tanto verbal como física, así como amenazas.

Fuentes sanitarias y del Sindicato Médico consultadas por Huelva Información, han relatado que las personas agredidas fueron concretamente dos médicos, dos profesionales de enfermería y un celador, y que los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde de este domingo, cuando una mujer acudió a dicho centro sanitario "aquejada supuestamente por un ataque de ansiedad".

Posteriormente se personó en el lugar su hija, que exigió "más rapidez en el proceso" de atención a su madre, pasando "de los gritos e insultos, a las manos". Todo ello a pesar de que el cuadro clínico de la paciente "no era una cuestión de vida o muerte" y de que "ya estaba siendo atendida".

Según han detallado fuentes sanitarias cercanas a dicho centro de salud, en el marco de las agresiones físicas una enfermera "fue agarrada por el cuello", así como algunos sanitarios "recibieron patadas" por parte de las supuestas agresoras, por lo que el centro de salud isleño estuvo durante algún tiempo " inoperativo".

Todos los sanitarios agredidos han sido citados durante la mañana de este mismo lunes en los juzgados de Ayamonte para la celebración de un juicio rápido por estos hechos.

Tanto el Sindicato Médico como la Junta de Personal recuerdan que vienen reclamando desde hace tiempo un servicio de seguridad privada en dicho centro sanitario "ante los continuos episodios de agresiones verbales que allí se producen", a pesar de lo cual "se ha rechazado siempre", para concluir afirmando que "las agresiones verbales se repiten semanalmente, pero lo de esta vez ha ido mucho más allá".

Apoyo de la administración

La delegada territorial de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro y la gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa, quieren mostrar su apoyo y el de toda la organización sanitaria a los profesionales afectados, y destacar el compromiso de sus trabajadores con la salud de todos. También recuerdan que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera como delito de atentado por los tribunales de justicia.

Desde el centro se quiere, una vez más, mostrar su rechazo a esta clase de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que se quiere hacer un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. Nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Sanitario Huelva Costa activó las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones.

Desde el año 2015, el artículo 550 del Código Penal recoge que cualquier agresión, física o verbal, a un docente o sanitario en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de ellas es considerado un atentado a la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multa y alejamiento. Los responsables sanitarios le han ofrecido a los cinco profesionales asesoramiento y apoyo tanto legal como psicológico, tal y como establece el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, cuyo objetivo último es reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.

En virtud de este plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asisten a todos los profesionales agredidos, solicitan la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional. Igualmente, en los casos que proceda, se solicita la medida de alejamiento del agresor. Además, se realiza una valoración exhaustiva de los daños causados en los centros sanitarios y de los gastos derivados de la posible baja laboral del profesional afectado y de su sustitución por otro trabajador.

En este sentido, la Consejería de Salud y Familias promueve modificaciones normativas para posibilitar medidas sancionadoras para los usuarios que cometan agresiones. Estas medidas incluyen sanciones económicas proporcionadas al daño causado por el agresor y, en caso de insolvencia, plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor.