El narcotráfico hace saltar todas las alarmas en la costa occidental de Huelva

Huelva/A pesar de que no es nuevo, los últimos sucesos vividos en la provincia de Huelva en torno al narcotráfico han tenido una enorme repercusión mediática a nivel nacional. 'Narcos' armados hasta los dientes alijando junto a la capital provincial, actos vandálicos y amenazas contra el autor de una chirigota carnavalera en Ayamonte por parodiar a mujeres de narcotraficantes, mofas de un presunto 'petaquero' hacia agentes de la Guardia Civil en Isla Cristina o imágenes de actividades relacionadas con dicha actividad a plena luz del día y en presencia de ciudadanos, son solo algunos ejemplos de ello.

La situación ha llevado esta misma semana a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) a mostrar públicamente su preocupación por las repercusiones negativas que pudieran derivarse de ella, que a juicio de dicha entidad podrían centrarse en la disminución de inversiones en nuevos proyectos o en el traslado de una mala imagen de la provincia como destino turístico.

En paralelo, los empresarios onubenses han pedido al Gobierno de España que dote a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargados de la lucha contra el 'narco' con más medios materiales y humanos.

Se suma así la FOE a las reclamaciones que desde hace años vienen realizando los sindicatos que representan a dichas fuerzas policiales, y a la que también se han unido los principales ayuntamientos costeros afectados por la situación.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la provincia de Huelva es "la primera en alijos de droga desde hace ya bastante tiempo, alternándose con Cádiz", sobre todo por la presencia en el territorio onubense de Doñana, donde "hay muchísimos kilómetros cuadrados sin vigilancia", a lo que añade que "más recientemente las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico se han envalentonado y ya operan en cualquier sitio".

Así lo ha manifestado a Huelva Información Lucas Lavilla, secretario provincial de dicho sindicato policial, quien ha añadido que, dada la situación, desde la AUGC "venimos reclamando desde hace tiempo" la declaración de las provincias de Huelva y Cádiz como Zona de Especial Singularidad (ZES) en materia de lucha contra el narcotráfico. Ello supondría, prosigue, "traer más medios materiales y humanos, y sobre todo dar un enfoque especial desde el punto de vista judicial a la lucha contra esta actividad".

Según Lavilla, la situación "se agrava" si se tiene en cuenta que, al tráfico de hachís, se suma más recientemente el aumento del de cocaína, una actividad "mucho más lucrativa y ligada a una delincuencia mucho más sofisticada, violenta y profesionalizada" frente a la que, según sus palabras, "nos sentimos desprotegidos". Una situación, concluye, muy alejada de la afirmación realizada la pasada semana por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien señaló que "tenemos acorralado al narcotráfico".

Vigilancia Aduanera: "a veces hemos pasado de perseguidores a perseguidos por las 'gomas'"

Similar situación ha descrito para esta redacción Manuel Rodríguez, delegado sindical del sindicato CSIF en Huelva en el Servicio de Vigilancia Aduanera, otro cuerpo policial cuyos integrales, día sí, día también, tienen que convivir con el peligro de hacer frente a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

"Estamos en una situación muy precaria porque los medios con los que contamos en Huelva son muy deficientes", afirma tajantemente, para a continuación precisar que en Huelva cuentan con dos embarcaciones: el Alcatraz (34 metros de eslora), que por sus dimensiones y maniobrabilidad "no puede hacer nada frente a las altas velocidades que alcanzan las 'narcolanchas'; y el Fénix II (14 metros), que "ya no reúne las mínimas condiciones para trabajar". Con ellas, asegura, "a veces hemos pasado de perseguidores a perseguidos por las 'gomas'".

Es por ello que "nos sentimos muy desprotegidos -prosigue- porque además, el equipamiento personal del que disponemos, es mínimo. Hasta hace relativamente poco tiempo no nos han dotado con chalecos antibalas, a pesar de que nos jugamos todos los días el pellejo frente a los 'narcos', que además de muy peligrosos son malas personas". A nivel de personal "estamos bajo mínimos", describe igualmente Rodríguez, "tanto para trabajar por tierra como por mar".

El representante del CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera concluye poniendo de manifiesto el "calado" del problema del narcotráfico en Huelva, "por cuyas costas entra droga prácticamente todos los días del año", a lo que añade que "en estos momentos Huelva está peor que Cádiz, ya que por nuestras costas está entrando mucha más droga".

Preocupación entre los alcaldes costeros y los empresarios turísticos

El problema también preocupa, y mucho, a prácticamente todos los alcaldes de los municipios costeros del litoral occidental onubense.

En el caso de Ayamonte, su teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José María Mayo, ha querido dejar claro en declaraciones a esta redacción que, a pesar del aumento de las actividades delictivas ligadas al narcotráfico en nuestra provincia, "Huelva sigue siendo un destino turístico totalmente seguro porque la inseguridad que generan las organizaciones de narcotraficantes no han llegado aún al extremo de revertir eso".

Es por ello que, antes de que la situación pueda llegar a tal extremo, Mayo ha reclamado "medidas preventivas y disuasorias" orientadas a que estas redes delincuenciales "no vean la costa de Huelva como un lugar seguro en el que instalar sus centros de operaciones".

Igualmente ha mostrado su preocupación ante el hecho de que la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva "siga teniendo desde hace décadas el mismo número de agentes, unos 1.450, lo que deriva en que las distintas Compañías en las que se divide la provincia, como es el caso de la de Ayamonte, se encuentren en la misma situación".

En cuanto a medios materiales, el teniente de alcalde de Seguridad ayamontino ha puesto el acento en la necesidad de actualizar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), "que en el caso de Ayamonte estamos al límite de su alcance".

José María Mayo ha explicado finalmente que en el próximo pleno municipal ordinario de finales de marzo "vamos a solicitar al Gobierno más medios materiales y humanos, y más medidas contra el narcotráfico en nuestro litoral".

El primer edil cartayero, Manuel Barroso, se ha querido sumar por su parte a la preocupación mostrada por la FOE "por el impacto negativo que puede tener que se vincule la provincia de Huelva, especialmente la costa, con el narcotráfico".

Es por ello que considera necesario "un refuerzo importante de los medios humanos y materiales que se destinan a la provincia de Huelva, y a la costa especialmente, para luchar contra el narcotráfico, y para velar por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas".

Según el regidor local cartayero, se trata de "una petición que los ayuntamientos llevamos años trasladando al Gobierno central, competente en esta materia, para que adopte medidas urgentes y eficaces que nos permitan hacer frente a esta situación, y reforzar la seguridad en nuestras costas y en nuestras localidades".

Para el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, el problema del narcotráfico "no es nuevo y lleva ya bastantes años anclado en las costas andaluzas", a lo que añade que "igualmente siempre han sido insuficientes los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra dicha actividad porque "las redes que se dedican a ella manejan muchísimo dinero, lo que les permite ir siempre por delante.

A pesar de ello, prosigue, "hay que aplaudir a los miembros de dichas fuerzas policiales porque en los últimos años están desarrollando con bastante éxito muchísimas intervenciones que dan como fruto el desmantelamiento en nuestra provincia de numerosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, muchas de ellas internacionales".

El primer edil isleño ha querido finalmente poner de manifiesto que "el incremento del narcotráfico no solo en Huelva, sino también en otras provincias andaluzas, e incluso en el Algarve portugués, responde en buena medida a la mayor presión policial que contra esta actividad se ejerce en Cádiz".

Finalmente el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, se ha mostrado "muy preocupado" porque, tanto en materia de narcotráfico, como de seguridad ciudadana, "evidentemente está pasando algo con la falta de recursos".

En este sentido ha querido dejar claro que desde el Ayuntamiento que preside "estamos poniendo los medios con más Policía Local, pero el resto de competencias son del Gobierno central". Además, añade en este sentido, "próximamente vamos a iniciar en Lepe un proyecto centrado en la instalación de cámaras de seguridad dotadas de inteligencia artificial".

El primer edil lepero se ha sumado finalmente al resto de alcaldes costeros en la reclamación de más recursos al Gobierno porque, "por ejemplo, el puesto de la Guardia Civil de Lepe está a un tercio del personal que le corresponde, y eso influye tanto en la seguridad ciudadana como en el aumento de las actividades delictivas ligadas al narcotráfico".

Por su parte José Carlos Hernández Cansino, alcalde de otro de los municipios afectados por este problema como es Punta Umbría, no ha querido manifestarse al respecto para "evitar vincular en un medio de comunicación narcotráfico y posible daño al turismo e inversiones", según han indicado a esta redacción fuentes de dicho Ayuntamiento.

Finalmente el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, también se ha sumado a la preocupación de su organización, así como a la reclamación al Gobierno de más medios para luchar contra el narcotráfico, enfatizando en este sentido que "desde el sector empresarial exigimos para Huelva las mismas medidas y medios que hay en Cádiz".

Y es que según Arroyo "hasta hace poco el narcotráfico se centraba en las costas de Cádiz, ofreciendo una imagen muy negativa de sus playas y para el turismo en general". Una situación que, según prosigue, "se ha trasladado ahora a Huelva, donde es cada vez frecuente ver imágenes de narcotraficantes operando impunemente en nuestras playas, lo cual se publica a nivel nacional, dando una imagen de inseguridad que hace que la gente no escoja nuestra provincia como destino para sus vacaciones".

Igualmente ha señalado que esta situación "también afecta a posibles inversores, que no escogen lugares donde hay inseguridad jurídica y que ven como Huelva no cuenta con medios suficientes para acabar con esta lacra".