Un padre lleva diez días en huelga de hambre para reclamar a sus hijos

Moguer/Juan José Pérez Lete es trabajador social en el Ayuntamiento de Moguer. Hace hoy diez días que decidió ponerse en huelga de hambre y desde el lunes pasado se ha plantado en la puerta del Palacio de Justicia de la localidad, donde duerme incluso, y todo por sus hijos, a los que no ve con la regularidad que establece una sentencia judicial porque su expareja, según él, "decide cuándo me tocan los niños y no los entrega, o me entrega a uno y al otro no; la última vez que vi al niño fue hace 17 días".

Estas largas jornadas de ayuno en las que Lete solo ingiere líquidos le han pasado factura. Ayer mismo tuvo que ser atendido de urgencias en el centro de salud de la localidad. Está débil de cuerpo, pero mantiene fresca la mente y su propósito es claro. "En el momento en que se me ponga un equipo de tratamiento familiar, el que solicité hace dos años cuando denuncié que mis hijos están en situación de riesgo, dejaré la huelga de hambre", afirma.

Este hombre recalca que hace un tiempo sus hijos –de seis y ocho años– se llevaron "casi tres meses sin ir al colegio", hecho que denunció y que ya se ha corregido, pero "ahora están entrando tarde en tramos horarios distintos".

Lo que peor lleva es no ver a sus pequeños tal y como establece el régimen de visitas. "Tengo dos hijos de mi primer matrimonio, de 15 y 17 años, y no tengo ningún problema ni con ellos ni con su madre: siempre intento que coincidan mis cuatro hijos, que son hermanos, pero así es imposible", manifiesta el trabajador social.

Se ha tenido que gastar mucho dinero en abogados y procuradores para que se ejecutaran dos sentencias. Cree que es un error haber sacado los asuntos de familia de la vía penal y meterlos por la civil, "porque antes las sanciones eran más fuertes y estas cosas no ocurrían".

Sus vecinos de Mazagón han recogido firmas y miembros de la Asociación Derecho a Papá y a Mamá lo acompañan a diario para que no se sienta solo en su lucha. Uno de los miembros de este colectivo, Isidoro, indica a este periódico que "pueden pasar hasta dos años y medio hasta que un procedimiento de este tipo se resuelve en los juzgados, por lo que lo justo sería que se aplicaran medidas cautelares, porque no es justo que un padre se quede sin ver a sus hijos porque su expareja no quiera".