Un padre en proceso de separación pide la custodia compartida de su hijo

Juan Martínez se siente "un padre cajero". Según denuncia, su único cometido con su hijo se ha reducido prácticamente a pesarle una manutención alimenticia de 300 euros al mes, después que un juzgado de Ayamonte haya concedido a la madre la guarda del menor. Los cónyuges se encuentran en proceso de separación. Éste es el relato de un padre que reclama la custodia compartida de su pequeño. Hasta el momento se han dictado las medidas provisionales previas.

Martínez explica que el pasado mes de mayo su mujer (C.F.P.) decidió dejar el hogar "cambiar de vida" y trasladarse a Sevilla. Tras "intentar salvar su matrimonio (fue en vano)" interpuso una demanda por abandono de hogar. La respuesta de ella no se hizo esperar y presentó una querella contra él por malos tratos, de la que fue absuelto por falta de pruebas.

Días después del juicio, las dos partes en litigio alcanzaron un pacto, en presencia del secretario del juez y los abuelos paternos, según el cual el niño debía estar los primeros tres días y medio de la semana con el padre y los tres y medio restantes con la madre, de manera que supusiera el menor trastorno para el pequeño hasta que llegaran las medidas previas.

El pacto inicial se mantuvo con normalidad durante un mes pero pasado ese tiempo el padre recibió una llamada telefónica en la que su ex mujer (prefiere este término) le informaba que el niño, que en ese momento estaba con ella en el pueblo sevillano de Palomares donde reside, no volvería con él hasta que no hubiera una orden judicial.

Juan Martínez decidió entonces desplazarse hasta Sevilla acompañado de su familia para reclamar al niño. En presencia de la Policía, su ex pareja negó que se hubiera producido un pacto verbal y por lo tanto que el pequeño debiera volver con su progenitor.

El padre siguió solicitando a través del envío de varios burofax poder ver a su hijo. Pero también fue en vano. Los argumentos que recibió por parte de la madre es que él "no podía atender adecuadamente" al menor por tener que dedicarse al negocio de hostelería que regenta.

Pasado un tiempo, siempre según el relato de Martínez, su ex tampoco consintió que el niño acudiera a una cita médica para una prueba de riñón que tenía concertada en Ayamonte, aludiendo a que el crío llevaba varios días con fiebre y no podía trasladarse. El padre sostiene que los facultativos le dijeron que la prueba se podía haber realizado a pesar del estado febril de niño. Cuando su ex pareja logró concertar un encuentro con un nefrólogo para someter al pequeño a un reconocimiento médico Juan regresó al pueblo sevillano. Hacía tres meses que no veía a su pequeño y por fin pudo estar con él. Entre abrazos y besos le dijo "papi te quiero".

El día de la vista oral para dictar las medidas provisionales, después que su ex mujer presentara un escrito por el que se formulaba la petición de medidas previas a la separación, nulidad o divorcio, como consta en la resolución del Juzgado de Primera Instancia del Juzgado número 2 de Ayamonte, llegó para él "la primera sorpresa": las instrucciones de la Fiscalía fueron que "salvo que sea madre drogadicta o alcohólica, es que los hijos menores queden bajo su custodia".

El padre del menor afirma que en el juicio "todo fueron impedimentos a pesar de demostrar la imposibilidad de poder estar con su pequeño y de recortarle a éste el derecho a convivir con su familia paterna". "Lo han arrancado completamente de su hábitat familiar", se queja lacónico.

Según el Ministerio Público que mantuvo la petición para la madre, lo importante es la situación de hecho consolidada. El padre entiende que no se ha tenido en consideración que la progenitora hubiera apartado al menor del domicilio familiar, de la población en que vivía, ni que le hubiera cambiado su empadronamiento, su guardería, su médico, todo esto sin su consentimiento, ni conocimiento, ni autorización judicial.

Juan Martínez se ha resignado a que, por el momento, el niño viva con su madre, aunque hasta el juicio definitivo seguirá apelando para que "se haga justicia y se determine la custodia compartida y las mismas condiciones" para los dos progenitores. Se pregunta porqué su hijo tiene que estar privado de la presencia de su padre, "uno de los pilares importantes de su vida", y porqué le tienen que quitar a un padre los derechos con su hijo. Su único deseo (dice) es poder ver a su pequeño crecer y participar en su desarrollo. También recrimina a la justicia que sólo sea él quien tenga que desplazarse para poder estar con el pequeño. "Si no tuviera dinero, no podría hacerlo", enfatiza.

Martínez lamenta que el día del cumpleaños del pequeño su ex pareja tampoco consintiera que pudiera ver al crío.

La abogada de Juan Martínez considera que la Fiscalía no ha tenido en cuenta que en la legislación actual ha "desaparecido toda desigualdad o trato discriminatorio entre padre y madre a la hora del ejercicio de la patria potestad y de la guarda y custodia respecto a los hijos menores, en aplicación del principio de igualdad que contempla la Constitución" de modo que en lo relativo a tal materia la guía o norte de cualquier decisión, según el Código Civil, ha de ser "el beneficio o intereses de los menores, por encima de los derechos, intereses o deseos de sus progenitores, aunque se tengan en consideración".

En su opinión, el Ministerio Fiscal tampoco tiene en consideración, a la hora de interesar la custodia para uno u otro progenitor, la dedicación durante el matrimonio del padre al cuidado del menor y del hogar, ni tan siquiera el que la madre "impida u obstaculice la relación del padre con el niño".