Piden un corredor de emergencia para asegurar agua potable a los asentamientos de Huelva

Huelva/Ya en el año 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, alertaba sobre la extrema pobreza y el quebrantamiento de los derechos humanos después de visitar los asentamientos de la provincia de Huelva. Señalaba que las condiciones de vida "rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado".

Cuatro años más tarde, una treintena de colectivos de Huelva se unen para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) medidas de caracter urgente para salvaguardar los derechos humanos de los que allí residen. Solicitan entre otras un corredor de emergencia que responda a los problemas que ponen en riesgo sus vidas, entre los que preocupan especialmente el abastecimiento de agua potable y salubridad para las cerca de 2.500 personas que viven en temporada alta, y la población estable aproximada de 400 habitantes durante todo el año.

Estos colectivos, se han dirigido a la titular del Ministerio, Teresa Ribera, así como a la Comisionada de Restauración de Ecosistemas y el responsable de la Oficina Técnica de Doñana, para instarles a que implementen las acciones contempladas en el Marco de Actuaciones para Doñana para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda, según han informado en un comunicado conjunto.

Entre ellas, ese corredor de emergencia, ya que consideran que la situación podría mejorar sustancialmente mediante repartos periódicos de agua en camiones cisternas, como ya se hizo durante la pandemia de la covid-19 en el municipio de Lepe. Asimismo, han indicado que la solución a corto plazo pasaría por la instalación de los módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica, como recoge el Marco de Actuaciones para Doñana.

Además, han señalado que deben asegurarse las condiciones de salubridad de estos asentamientos mediante la retirada periódica de residuos que se acumulan en los mismos. Las organizaciones, entre las que se encuentran asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos y partidos políticos, han calificado de "alarmante" la inacción de empresarios y administraciones ante los asentamientos de chabolas, que, además, sufren riesgo de incendio durante la temporada estival.

Todo parece agravarse en verano, con altas temperaturas y falta de agua potable, obligando a los habitantes a desplazarse varios kilómetros para conseguir agua y alimentos. En los últimos días, voluntarias de la asociación La Carpa han estado distribuyendo garrafas de agua en los asentamientos y sus activistas han señalado que "la situación es dramática e inhumana".