El PP pedirá medidas urgentes en el pleno de Diputación para paliar la falta de sanitarios en la Atención Primaria

El grupo también solicitará medidas para garantizar a las administraciones locales la provisión de funcionarios de administración local de habilitación nacional

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Rocío Moreno, en rueda de prensa.
Rocío Moreno, en rueda de prensa. / M.G.
S.H.

01 de julio 2024 - 17:55

El Partido Popular presentará, este miércoles, en el pleno ordinario de la Diputación de Huelva dos mociones. Una de ellas solicitando al Gobierno Central medidas medidas urgentes para paliar la falta de sanitarios en la Atención Primaria, así como impulsar las medidas necesarias para acelerar los procesos selectivos de estabilización de funcionarios de administración local, de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendientes de resolución.

En la primera de las mociones, el grupo popular denuncia “la inacción del Ministerio de Sanidad ante la necesidad extrema de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del sistema nacional de salud este verano, y la necesidad de adoptar con urgencia medidas de utilidad real”. La portavoz del grupo popular y del equipo de gobierno, Rocío Moreno, señaló que “la competencia de la formación de especialistas es del Ministerio de Sanidad, así como la responsabilidad de tomar medidas extraordinarias relacionadas con las convocatorias MIR para que no queden vacantes, así como también es competencia del Ministerio la autorización de unidades formativas”.

Por eso, el grupo popular considera que “por la inacción de Mónica García en los últimos meses, la responsabilidad última de la falta de médicos este verano será de la ministra de Sanidad”. En la moción, se solicita al Gobierno de España que trabaje, “desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigentes, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los citados profesionales sanitarios que existe en la Atención Primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud de cara a los meses del presente verano”.

En la segunda moción, y según manifestó Rocío Moreno, el grupo popular pide al Gobierno de España impulsar las medidas necesarias para acelerar los procesos selectivos de estabilización de funcionarios de administración local, de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendientes de resolución, así como impulsar las medidas necesarias para acelerar los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Públicos, adicional de 2022 y ordinaria de 2023 de funcionarios de administración local de habilitación nacional en sus diferentes subescalas que están pendiente de convocatoria.

Según recoge la iniciativa, los funcionarios de administración local de habilitación nacional son un cuerpo de profesionales que prestan un servicio fundamental, especialmente en aquellos pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes. “Su cualificación, garantiza y permite la acción de lo gobiernos locales, además de facilitar su ajuste a la legalidad vigente. Por ello, se configura como elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de la administración local”, añadió Moreno.

Sin embargo, la portavoz prosiguió que “se comprueba que no se están cumpliendo los objetivos necesarios para, de una parte, cubrir la alta demanda de estos profesionales en las administraciones locales y, de otra parte, reducir los altos niveles de interinidad que existen en este cuerpo de funcionarios.

Por todo ello, los populares solicitan también ampliar el número de plazas en sucesivas convocatorias que permita cubrir el 100% de las plazas vacantes del conjunto de la administración local española; mantener las competencias sobre el régimen jurídico de los funcionarios de administración local de habilitación nacional correspondientes a la Administración General del Estado y garantizar que no se ceda competencia alguna a las Comunidades Autónomas.

Evitar recortes en la oferta formativa de la UHU

David F. Calcerón, responsable de política institucional de Izquierda Unida en Huelva, presentó este lunes la iniciativa de esta corporación que defenserá en el próximo pleno de la Diputación Provincial “en defensa de la oferta formativa de la Universidad de Huelva y contra los recortes de la Junta de Andalucía”.

Calderón indicó que "el borrador de la Orden de mayo de 2024 de la Junta de Andalucía implica un recorte de la oferta formativa universitaria, mediante la determinación de una fracción de optatividad de 2,3, lo que conlleva una reducción importante del número de asignaturas optativas ofertados en diferentes títulos, como el del Grado de Psicología de la Universidad de Huelva".

En este caso, "los 165 estudiantes admitidos anualmente en Psicología, que tienen que realizar 24 créditos optativos, pueden elegir actualmente entre 84 créditos optativos públicos. Si se aplicase el recorte en la oferta de optativas propuesto por la Consejería de Educación, los estudiantes de Psicología en Huelva recibirían una oferta máxima de 55,2 créditos optativos, recortándose 28,8 créditos respecto a la oferta formativa actual".

Calderón expresó que “estos cambios normativos se traducen en que, por ejemplo, el estudiantado se vea obligado a elegir cuatro asignaturas optativas de entre una oferta de nueve, cuando anteriormente podía elegir entre catorce asignaturas ofertadas”.

La Junta de Andalucía, señaló Calderón, “obliga a las universidades andaluzas a suprimir asignaturas optativas, mermándose la calidad de la enseñanza y forzándose a numerosos títulos universitarios andaluces a aplicar recortes laborales o, incluso, realizar despidos”.

Por ello, la iniciativa relamó a la Junta de Andalucía "a aplicar una moratoria en la implementación de las medidas de “fracción de optatividad”, así como a crear una mesa de trabajo junto a las Universidades públicas andaluzas para fijar un valor del factor de optatividad que, al menos, garantice el mantenimiento de la oferta formativa optativa en todos los títulos de las universidades públicas andaluzas”.

Calderón reclamó al Gobierno del PP andaluz que “se dedique a dotar a la Universidad Pública andaluza de una financiación suficiente para garantizar la calidad de la enseñanza y condiciones laborales dignas, en vez de seguir engordando la lista de Universidades Privadas que vienen a hacer negocio a nuestra tierra”.

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