El proyecto de la presa de Alcolea nació para evitar inundaciones por riesgo de riadas en el Odiel
A esta finalidad se une el aprovechamiento de aguas superficiales para todos los usos: agrícola, industrial y de abastecimiento humano, especialmente en periodos de sequía como el actual
La Junta lamenta que "aunque llueve mucho, no se consigue embalsar agua" porque "no está hecha Alcolea"
Gibraleón/En unos días en los que toda España -y medio mundo-, mira con estupor las trágicas inundaciones del pasado día 29 de octubre en Valencia y otros puntos de nuestro país como consecuencia del desbordamiento de varios ríos y barrancos por la gota fría, hay quien ya ha comenzando a cuestionarse si en Huelva se dan las condiciones para una catástrofe similar.
Uno de ellos es el presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu) y experto en agua, Juan Antonio Millán, quien ha recordado que, sin ir más lejos, el origen del proyecto de construcción de la presa de Alcolea -cuya obra se encuentra desde hace ya más de ocho años parada y al 23% de su ejecución-, estuvo precisamente en regular las aguas del río Odiel para evitar las inundaciones que históricamente se han producido en Gibraleón y en determinados puntos de la capital onubense por el desbordamiento de dicho río en momentos de lluvias abundantes.
Según ha explicado Millán a Huelva Información, "principalmente por éste motivo, aunque también por otros como el aprovechamiento de las aguas del río para todos los usos", el proyecto fue incluso declarado de Interés General del Estado en el Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto; e incluido después en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Un hecho que, a su juicio, pone de manifiesto que "el Gobierno es consciente desde entonces del riesgo de inundaciones que supone para Gibraleón y para distintos puntos de la capital provincial la no regulación del Odiel, y que la solución pasa por la construcción de la presa de Alcolea".
Juan Antonio Millán añade que, incluso el actual muro que protege Gibraleón de las crecidas que históricamente se han producido en el Odiel "fue una obra adicional y vinculada al proyecto de construcción de la presa de Alcolea".
El presidente de Coprehu también ha argumentado que, si bien otro motivo que llevó a poner en marcha el citado proyecto fue el aprovechamiento para los distintos usos de las aguas del Odiel, complementando así al único sistema existente en la provincia para tal fin (que entonces se denominaba Andévalo-Chanza-Piedras-Guadiana y ahora Tinto-Odiel-Piedras-Chanza-, "la principal causa fue, inicialmente, la prevención de inundaciones provocadas por su desbordamiento en momentos de fuertes lluvias".
Así lo refleja también, en referencia al citado proyecto, la versión actualizada en 2009 de la Instrucción para la elaboración y tramitación de los informes de viabilidad previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
En el apartado de "motivos que justifican la actuación" del referido documento, se señala en primer lugar que "en la actualidad no existe ningún elemento de regulación en todo el río Odiel, siendo por tanto insuficiente la regulación de la zona oriental de la provincia de Huelva".
La segunda justificación fue la "falta de defensa contra avenidas del río Odiel al carecer éste de regulación", a lo que se añade que "históricamente, las zonas ribereñas en ambas márgenes del río Odiel han sufrido fuertes avenidas, lo que ha provocado importantes daños en zonas de cultivo y zonas urbanas".
Como tercer motivo, el documento se refiere al "abastecimiento, industria y regadío dependientes en la actualidad de un único sistema denominado Andévalo-Chanza-Piedras-Guadiana".
El resto de justificaciones hacen alusión a la "sobreexplotación de acuíferos y pozos de la zona oriental"; a cuestiones medioambientales ya que "tradicionalmente se ha considerado un río altamente contaminado debido a las grandes explotaciones mineras que se han asentado en las cuencas de los ríos Odiel y Oraque"; y finalmente a la "existencia de una agricultura tradicional de secano de una extensa zona en la parte oriental de la provincia de Huelva, cuyos cultivos están sometidos a las inclemencias de los prolongados periodos de sequía".
Por otra parte, en el apartado de "objetivos perseguidos" por el proyecto, el documento señala, en primer lugar, "la laminación de avenidas del río Odiel, posibilitando la defensa de poblaciones y otros bienes"; en segundo lugar "la regulación del río Odiel al no existir ninguna infraestructura de regulación en todo el río actualmente; y en tercer lugar "la obtención de recursos para su aprovechamiento en la mejora del servicio y de los usos existentes, liberando recursos procedentes del embalse del Chanza".
El resto de objetivos que se relatan son, entre otros, "garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Huelva"; "atender las demandas de uso industrial para el polígono industrial de Huelva"; o "posibilitar el riego de los cultivos tradicionales de la zona oriental de la provincia de Huelva".
Por todo ello, Millán se ha mostrado convencido de que, actualmente, el motivo para que no se concluyan las obras es la "falta de voluntad política" ya que la iniciativa "cuenta desde el año 2000 con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -aún vigente-; y con proyecto de finalización".
Además, añade, "hay un preacuerdo" entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en el que se proponen dos opciones.
La primera que sea el Estado quien concluya la obra a través de Aquaes, "como estaba previsto en el convenio de Regulación de 2007, que además prevé consignación presupuestaria para ello". Dicho convenio contempla que la obra se ejecute al 50% por el Estado y a fondo perdido, y el otro 50% por la Junta de Andalucía mediante avales de crédito obtenidos en el mercado financiero a recuperar por el gobierno andaluz con la imposición de un canon a los usuarios de agua.
La segunda opción pasaría porque el Gobierno de España "encomiende a la Junta de Andalucía el proyecto, para que sea ésta quien lo concluya".
Sobre esta asegunda opción, Juan Antonio Millán ha recordado que el Gobierno autonómico "tiene a su vez suscrito un acuerdo con Coprehu para concluir las obras", y que "los usuarios estamos abiertos, y así se refleja en el citado acuerdo, a negociar los términos para la financiación de las obras, incluido fórmulas para su cofinanciación mediante un sistema de recuperación de costes".
En este sentido, añade el presidente de Coprehu, la plataforma 'Agua para todos, alimentos para el Mundo', de la que forman parte representantes de todos los usuarios de agua de la provincia de Huelva, "ha dejado claro en repetidas ocasiones su apoyo a la conclusión de la presa de Alcolea", como según ha precisado "volvimos a exigir" a principios de este año en la manifestación que reunió a más de 15.000 personas en Sevilla para reclamar agua para la provincia de Huelva.
La capacidad de Alcolea rozará los 250 hectómetros cúbicos
Según el proyecto presentado antes del inicio de las obras, la presa de Alcolea va a tener una capacidad de embalse que roza los 250 hectómetros cúbicos, así como ocupará una superficie de unas 1.500 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Gibraleón, Beas, Trigueros, Calañas, Alosno, Villanueva de las Cruces y Valverde del Camino.
Estará constituida por dos grandes brazos, el del río Odiel y el del Oraque, de cuyos cauces recogerá las aguas.
Dicha construcción se empezó a edificar en base a una infraestructura convencional de planta curva formada por 40 grandes bloques de hormigón, de 520 metros de longitud total de coronación y 65 metros de altura, y contará con un aliviadero con capacidad para desaguar 3.400 metros cúbicos de agua por segundo. La capacidad de regulación de la presa está previsto que sea de unos 135 hectómetros cúbicos anuales.
A finales de 2008 el consejo de administración de Hidroguadiana acordó la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de la presa de Alcolea a las empresas Sacyr S.A, Rafael Morales S.A. y Prinur S.A, asociados en una Unión Temporal de Empresas (UTE), por un importe de 52,1 millones de euros.
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