Los proyectos de la Cuenca Minera, paralizados por la falta de PGOUs

La última subasta pública de terrenos de la extinta empresa minera MRT-SAL ocurrió en julio de pasado año. Entonces, un particular se hizo con la finca conocida como Los Ermitaños, el nombre de una aldea abandonada de la Cuenca Minera, que adquirió por 61.363, el 60 por ciento del precio que salió a subasta.

La finca, con una extensión de 22,7 hectáreas, se encuentra situada en el término municipal de Nerva aunque está muy próxima a Campofrío y la Compañía Nacional de Piritas. Serafín Lorenzo, el actual propietario de Los Ermitaños pujó por los terrenos para evitar especulaciones y para que el patrimonio minero no se pierda. Ningún ayuntamiento de la zona acudió a la subasta, ninguna otra administración se interesó por la oferta. Lorenzo lo hizo por motivos sentimentales y de conservación de la naturaleza. Razones muy distintas a las que esgrimieron en su día los compradores de otros terrenos de la antigua sociedad laboral, aunque hasta el momento han corrido la misma suerte: seguir formando parte del paisaje minero.

Los dos grandes proyectos para reactivar la economía de la zona duermen en el sueño de los justos. Felices se la prometía en zona hace ya dos años cuando dos grupos inmobiliarios adquirían un buen paquete de hectáreas y anunciaban actuaciones para la diversificación económica de la Cuenca y la creación de empleo. Compra y proclama de intenciones sirvieron de bálsamo ante el temor que se había suscitado en el entorno de que la venta iba a servir para fines especulativos. Con el paso del tiempo las expectativas han caído en saco roto y sin visos de que en un futuro inmediato llegue la tan deseada reindustrialización. Tan sólo el proyecto de reapertura de la mina que pretende llevar a cabo la empresa Emed Mining ofrece garantías.

Por lo demás, poco o nada se sabe de los planes de desarrollo propuestos por la sociedad onubense CYP Gómez Rubent y por Vía Atlántico. La primera, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquirió la finca de Navalahuesa, ubicada en el término municipal de Campofrío con una superficie de 317 hectáreas, al llegar hasta el millón de euros. Las primeras intenciones mostradas por el nuevo propietario, lejos de cualquier fin especulativo tenían como objetivo contribuir a generar empleo en la zona, mediante un proyecto relacionado con la agricultura, la ganadería y el turismo rural. Sin ofrecer más detalles, al menos fue lo que manifestó el administrador único de la empresa, Francisco Urbano, y el propio alcalde de Campofrío, José Julio González. El resultado de la subasta, a la que también acudido las sociedades Avesta Inversiones y Surtres Comunidad de Bienes (la primera con la intención de poner en marcha un proyecto urbanístico e industrial que supondría la creación de cien puestos de trabajo), fue bien recibida por hacerse con los terrenos una empresa de gran solvencia y haber manifestado su intención que generar riqueza, colaborar con el Ayuntamiento, respetar el medio ambiente y no reducir el margen de acción de los cazadores campofrieños, como indicó el alcalde. Visión distintas tuvieron otros regidores de la Cuenca Minera y colectivos sociales que expresaron serias dudas sobre la idoneidad de las subastas y solicitaron a la Administración frenar "el expolio del patrimonio de la comarca" y evitar que caiga en manos de especuladores.

Por encima de estas diferencias, el caso es que en la actualidad el proyecto de CYP Gómez Rubent permanece en el baúl de los recuerdos, pendiente de la redacción definitiva de las Normas Subsidiarias o del Plan General de ordenación Urbana (PGOU). Ninguna de estas dos reglas de planeamiento urbanístico ha visto la luz hasta ahora por lo que el proyecto no ha podido materializarse si los promotores prosiguen con la idea. Mientras tanto, la finca de Navalahuesa se utiliza como coto privado de caza. Probablemente, sea su destino final.

La sociedad Rumbo 5.0 adquirió el paquete de tres fincas (una de Minas de Riotinto y dos de El Campillo) que suman 1.197 hectáreas de la extinta MRT subastado el pasado 15 de diciembre de 2005 en Madrid por la Agencia Tributaria, en medio del desconcierto que produjo inicialmente al desconocerse los intereses que tenía para comprar los terrenos.

Poco después, comenzó a dilucidarse el futuro de una superficie considerada por los agentes políticos y sociales de la zona como fundamental para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la Cuenca. Coincidió cuando se dio a conocer el anteproyecto reservado para la parcela riotinteña por la inmobiliaria Vía del Atlántico SL, una promotora sevillana cuyo 50 por ciento del capital social está en manos de Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales SL y que utilizó a Rumbo 5.0 como sociedad instrumental para pujar por los terrenos embargados a la antigua empresa minera.

El proyecto, por tratarse de suelo rústico, necesitaba para su desarrollo de la recalificación de los terrenos mediante la redacción y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Dos años después aún está pendiente de ello.

Las pretensiones iniciales de la compañía pasan por la ejecución de un plan empresarial que recoge iniciativas de índole tanto industrial como turística. Así, junto a la carretera autonómica A-476 se ubicaría un parque empresarial con capacidad para albergar grandes superficies, así como alguna zona de naves para pequeñas y medianas empresas del ámbito local. La promotora no descarta poner en marcha negocios propios en ese polígono industrial, como una fábrica de puertas y ventanas en madera y aluminio, ya que Vía del Atlántico controla el 75 por ciento de la fábrica Hispania Superlock SL, en Dos Hermanas, y el 75 por ciento de Maderera Bahía de Tánger SARL, en Marruecos.

Otro de los ejes de la inversión de la inmobiliaria sería un núcleo turístico y residencial configurado por viviendas unifamiliares dirigidas tanto al turista nacional como extranjero, principalmente británico, un hotel de alrededor de un centenar de habitaciones y un nuevo campo de golf de 18 hoyos. El bajo precio por el que adquirieron las tres fincas, 2,8 millones de euros, constituye un factor que inicialmente permitiría sacar al mercado las viviendas a un precio asequible. Tanto en lo que se refiere al núcleo residencial como al industrial, los proyectos se irían desarrollando por fases y a medida que dispongan de un mercado.

El proyecto que le fue entregado al Ayuntamiento de Minas de Riotinto y según las estimaciones de Vía del Atlántico, se traducirá, siempre que cuente con el visto bueno del PGOU, en una inversión de más de 200 millones de euros. En la redacción del Plan General comenzó a trabajar el anterior equipo de gobierno, encabezado por José Manuel Delgado que preveía que el documento podría estar redactado a finales de 2006, principio de 2007. Tras el cambio de la Corporación y la llegada a la Alcaldía de Nuria Hernández el programa sigue pendiente de la aprobación del Plan de Ordenación que tardará al menos un año en ser aprobado, por lo que hasta entonces permanecerá paralizado. A saber entonces en qué habrán quedado las propuestas de Vía Atlántico.

Los alcaldes de la zona habían anunciado su intención de expropiar las fincas mineras subastadas si no se presentaban proyectos serios. Lejos de ello, la falta de Planes Urbanísticos que los ayuntamientos tardan en desarrollar impide hacer efectivos la creación de parques empresariales y centros turísticos.