La regularización del regadío afecta al 8% de la Corona Norte de Doñana

Detrás del ruido político y el cruce de acusaciones con la proposición de ley de regulación del regadío en Doñana como campo de batalla hay una problemática enquistada desde hace una década que afecta a los regantes de la zona conocida como la Corona Norte. La aprobación en 2014 del Plan de la Fresa dejó una cuestión pendiente de resolver. Hay un grupo de fincas que defienden su derecho histórico al regadío que en su momento quedaron fuera de la regulación que aprobó la Junta de Andalucía (PSOE) el 16 de diciembre de ese mismo año, con el respaldo del Gobierno central (PP) y gran parte de los agentes que integran el ecosistema social que convive no siempre en equilibrio dentro del área de influencia del Parque Nacional. Los agricultores afectados lo rechazaron desde el primer momento.

La Corona Norte de Doñana la integran los cinco municipios cuyos términos municipales dibujan un arco territorial por el límite septentrional del área protegida. Su espacio no pisa ni el Parque Nacional ni el Parque Natural, si bien comparten el agua del subsuelo con él. Son Almonte, Rociana, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer. Dentro esa superficie se encuentra el 80% de la producción de frutos rojos de Huelva. El Plan de la Fresa de 2014 fijó y aceptó unas 9.340 hectáreas con derechos de riego. Las posteriores reclamaciones administrativas ampliaron la cifra hasta las 9.450 actuales. A la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras pertenecen 2.100 hectáreas, mientras que el resto corresponde al Guadalquivir, que es donde se encuentra la mayor parte de las explotaciones afectadas.

La expansión de regadíos e invernaderos en la zona quedó fijada por primera en 2004 con el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), que recogía los suelos en función a sus distintos usos, entre ellos también los agrícolas de secano y regadío. Entonces ya recomendaba la redacción de un plan para ordenar los regadíos para equilibrar el consumo de agua con las necesidades de conservación. El 7 de diciembre de 2007 el Gobierno andaluz comenzó el Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa. Nunca fue un encaje sencillo. Antes del visto bueno del Consejo de Participación y la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno el 16 de diciembre de 2014 tuvo que resolver más de 4.000 alegaciones presentadas al borrador inicial.

El plan afecta a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que consideraba inicialmente como regables esas 9.340 en los cinco términos municipales, al cumplir los requisitos de ser terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Potad), y haber mantenido su actividad en los siguientes años. No obstante, desde el primer momento encontró el rechazo de numerosos agricultores de los municipios afectados que consideraban que no recogía a todas las parcelas con derechos. Es el germen de la problemática actual.

Los regantes reconocen que en estos momentos hay unas 1.500 hectáreas en regadíos fuera del marco legal del Plan de la Fresa. De estas, entre “750-800 son las que tienen derecho a ser reconocidas” y por lo tanto las que se verían afectadas por la nueva proposición de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. Las otras 750 carecen de derecho alguno al ser terreno forestal o monte público que se encuentran en regadío sin permiso. Así lo reconocen tanto los promotores de la ley (PP y Vox) como los propios agricultores. La organización ecologista WWF Adena fija el suelo forestal en 471,3. Una fuente del sector afina el dato para fijar el suelo susceptible de ser regularizado en “759 hectáreas exactamente”.

La guerra del agua es también la guerra de las cifras porque es vital el relato que trasciende. WWF asegura que son 1.900 según su cálculo. Basa el dato “en mentiras”, sostiene la Plataforma de Regantes del Condado. Los informes de la Junta de Andalucía rebajan el total por debajo de las 1.500 y coinciden con las organizaciones agrícolas. La proposición de ley que la próxima semana seguirá su tramitación en el parlamento pretende “resolver lo que el Plan de 2014 dejó pendiente”. Con su aplicación las fincas que puedan demostrarlo serán reconocidas y las que carezcan de derechos quedarán ilegalizadas y sus regadíos eliminados. “La Junta de Andalucía es la única administración que conoce con detalle los antecedentes de las fincas. Es la que a través de la oficina técnica valorará caso a caso y finca a finca cada una de ellas. Lo que ha adelantado es que en un primer análisis le salen 759 hectáreas. Lo que hace WWF Adena es dar cifras sin rigor para hacer ruido, dado que unas veces dice 1600 y otras 1900”, insisten desde el sector. De esas 759 hectáreas que reconocen los afectados, “al final no serán más de 400” las beneficiadas. La razón es sencilla. El Gobierno anunció hace unos meses por medio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dentro de su paquete presupuestario para atender las necesidades de Doñana se contemplaban 100 millones de euros para la compra de derechos de agua de aquellos propietarios que decidan abandonar el regadío. Se trata de “decisiones individuales” de los propietarios una vez legalizado su cultivo, por lo que el impacto de esta medida es “una estimación”. Cada uno de los casos deberá ser analizado “por la comisión técnica que tenga que verificar que las fincas cumplen con los requisitos de explotación continuada desde 2004”.

Es también una batalla conceptual contra un relato de profundo impacto. Mientras quienes se oponente aluden a amnistía, legalización o ampliación, los agricultores insisten en que “es regulación de explotaciones ya existentes, es revisar y aceptar solo a los que cumplan los requisitos de 2014”. “No hablamos de agua, sino de tierra”, defiende Julio Díaz, portavoz de los regantes del Condado. Lamenta que el juego político lo haya derivado a “un juicio a los agricultores de Huelva y el regadío”.

El suelo que podría acogerse a la regulación aprobada por el parlamento andaluz corresponde a explotaciones de regadíos que cumplan los requisitos establecidos por el Plan de la Fresa de 2014 y que sin embargo no fueron reconocidos, quedando en un limbo jurídico desde entonces. Se trata del 8% del total del suelo ya en regadío de la Corona Norte, menos de la mitad de las que denunció WWF hace unos días ya que elevó el dato al 30%.

En la vigente campaña 2022/23 se plantaron 11.802 hectáreas de frutos rojos en toda la provincia. Significa que la superficie afectada por la proposición de ley asciende a poco más del 6% de toda las explotaciones onubenses. Los defensores de la propuesta sostienen otro argumento más: “No hablamos de incrementar, sino de reconocer porque es suelo que ya está en regadío. No habrá más hectáreas, sino que se ajustará a la legalidad las ya existentes”. La cifra se diluye dentro de todo el regadío onubense, donde hay amplias áreas del Andévalo, alrededores de Niebla y el la costa donde variedades como los cítricos ocupan un peso importante. En total son más de 72.000 las hectáreas agrícolas que reciben agua en Huelva de forma superficial o subterránea. Las 759 pendientes de la proposición de ley suponen el 1% del total provincial.