María José Rico pone en valor el esfuerzo del SEPE para contrarrestar el malestar por la falta de efectivos de vigilancia en las oficinas de empleo en Huelva

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se reunió este viernes con el nuevo director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Antonio Alvarado, para evaluar las necesidades para asegurar la calidad del servicio que las 14 oficinas del SEPE en Huelva prestan a la ciudadanía, en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía.

Revisaron la problemática que está originándose en algunas de ellas de la Sierra y del Andévalo, donde la falta de efectivos asignados por la Junta de Andalucía para el servicio de vigilancia ha contribuido al malestar con el servicio general prestado desde estas oficinas.

Antonio Alvarado explicó a la subdelegada del Gobierno la importancia que tiene este servicio en la primera línea de atención que recibe el ciudadano al llegar a una oficina de empleo, de forma que las deficiencias en este servicio suponen un riesgo para la seguridad de los ciudadanos que acuden a las oficinas de empleo al objeto de informarse de sus derechos y cumplir con los trámites precisos, así como para los empleados públicos que les atienden.

El director provincial del SEPE afirmó que “las deficiencias en el servicio de vigilancia han originado una situación especialmente crítica en las oficinas de Aracena, Cortegana, Isla Cristina, Nerva, Puebla de Guzmán y Valverde del Camino”, señalando que desde estas oficinas se presta servicio a zonas desfavorecidas como la barriada del Rocío de la localidad de Isla Cristina; el barrio Erita en Cortegana y los de San Antonio, Cementerio Viejo y Pozo Bebé en Nerva.

Tras estudiar la situación, María José Rico afirmó: “El Gobierno de España ha demostrado más que voluntad política en esta problemática, al actuar con contundencia para atender las deficiencias en las oficinas de empleo, mediante la incorporación de personal, que, precisamente, se ha producido en los últimos años en las oficinas de Cortegana, Isla Cristina y Nerva”. Rico señaló que “debe ponerse en valor este esfuerzo, junto con otras medidas de gestión, como la atención telefónica, para la que se priorizan las oficinas con un menor número de funcionarios prestando atención directa, como es el caso de Cortegana. Además, para atender los procedimientos administrativos, se ha establecido horario complementario para los funcionarios del SEPE y se tramitan expedientes de prestaciones desde otras provincias”.

La subdelegada del Gobierno puso de relieve la importancia de la calidad del servicio público de empleo “en una provincia como Huelva, con un efecto temporal de las campañas agrícolas que obliga a dar respuesta en muy poco tiempo a un elevadísimo contingente de personas trabajadoras que finalizan sus servicios en los meses de mayo y junio, dentro de una población cotizante de unas 100.000 personas por campaña”.

Personal público de calidad

María José Rico subrayo que, por ello, “se precisa de personal público de calidad, con la debida formación y sensibilidad, axis de la política de economía social del Gobierno enfocada a las personas”. Para apuntar, seguidamente, que “los problemas actuales a este respecto encuentran su raíz en las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular desde finales de 2011 a 2013, cuando se produjo una extraordinaria congelación de la oferta de empleo público en la Administración General del Estado, propiciándose, además, una destacable pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y obviándose el efecto progresivo de las jubilaciones”. Rico expuso el “dramático descenso en el número de funcionarios al servicio de la Administración General del Estado, a la vez que los que se incorporan lo hacen cada vez con una edad superior”.

“En este contexto –afirmó Rico– una de las medidas clave del Gobierno es la aprobación, este mismo mes, de una oferta de empleo público (OEP) sin precedentes, con más de 40.000 plazas”.

En concreto, son 40.146 nuevas plazas, de las que 31.465 corresponden a la Administración General del Estado (el resto se reparte entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). Gracias a la política social y de empleo del Gobierno, se ha pasado de una pérdida neta anual de unos 5.000 trabajadores públicos entre 2012 y 2018 a una ganancia neta de 5.000 empleados en 2024.

Por su parte, Antonio Alvarado también puso el énfasis en otras medidas de gestión en el SEPE que redundan en mejoras de eficiencia: “Gracias también a la incorporación de nuevas tecnologías, de sistema como el SAP, para una más eficaz y rápida atención a las personas usuarias, así como herramientas de cálculo e inteligencia artificial, contaremos en breve con complementos para garantizar la mejor respuesta de una Administración moderna, con lo que será la Agencia Española de Empleo Pública antes de final de este año”.