Siete investigados en Huelva por intentar vender aceite no apto para el consumo con falsas etiquetas de aceite de oliva
En la operación se han intervenido 2.580 litros de aceite lampante envasado y 640 etiquetas. El producto intervenido pudiera haber alcanzado un valor de mercado de unos 20.500 euros
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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Olea', desarrollada en la provincia de Huelva, ha investigado a seis personas físicasy una jurídica por comercializar aceite lampante como aceite de oliva virgen. En la operación se han intervenido 2.580 litros de aceite lampante envasado y 640 etiquetas.
La operación se inició en el mes de febrero con motivo de los controles que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el fraude alimentario relacionado con la comercialización de aceites de oliva.
Durante la investigación agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, interceptaron un vehículo procedente de Portugal que transportaba grandes cantidades de aceites, supuestamente de oliva, y multitud de etiquetas adhesivas para re- etiquetar los envases.
Fruto de ello, los agentes constataron que el producto no poseía la correcta documentación de trazabilidad (origen de elaboración y envasado) y al no encontrarse debidamente etiquetado se procedió a inmovilizar de forma cautelar el aceite y las etiquetas transportadas.
Una vez que se realizó el análisis del aceite, por parte del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba de la Junta de Andalucía, se determinó que se trataba de aceite lampante (mayor grado de acidez), aceite de girasol y aceite sin clasificación, lo cual no se correspondía con las características descritas en el etiquetado intervenido.
Durante la investigación, se constató que el aceite procedía de Portugal y era comercializado a nivel nacional directamente o a través de diversas páginas de internet como aceite de oliva virgen (AOV) y que el etiquetado inducía deliberadamente a error a los consumidores. El producto intervenido pudiera haber alcanzado un valor de mercado de unos 20.500€.
A los investigados se les atribuye los presuntos delitos contra la salud pública con perjuicio grave a los consumidores, falsificación, estafa y pertenencia a grupo criminal
Durante el desarrollo de la investigación se ha contado con la colaboración con Inspectores veterinarios del Área de Gestión Sanitaria de Huelva (Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía), así como con personal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).
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