El Tribunal Supremo absuelve al único acusado del crimen de Almonte

Balance 2018 | Tribunales

El asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez se queda sin castigo

La familia recurrirá ante el Constitucional la decisión del Alto Tribunal

María Domínguez, con el perrito Casul. / H. Información

Almonte/La familia de Miguel Ángel y María, los Domínguez y los Olmedo, habían puesto todas sus esperanzas en el Tribunal Supremo. Querían que se repitiera el juicio y se hiciera justicia a sus seres queridos, asesinados en la intimidad de su hogar almonteño el 27 de abril de 2013. El padre recibió 49 puñaladas. La niña, de solo ocho años, 105.

El único acusado por el doble asesinato, Francisco Javier Medina, fue absuelto por un jurado popular el 6 de octubre de 2017. El calvario judicial de las víctimas se agravó en enero de 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el recurso de apelación de la familia contra la sentencia exculpatoria. Decidieron entonces acudir a la casación.

2018 ha sido un ejercicio marcado por la tensa espera de la resolución del Alto Tribunal, que se reunía para deliberar el 11 de diciembre y que hacía pública su resolución diez días después, el 21 de diciembre, con el foco mediático en la puesta a disposición judicial del autor confeso del asesinato Laura Luelmo: reconfirma la absolución de Medina.

La Sala de lo Penal confirmó así la sentencia de la Audiencia onubense y la del TSJA, considerando que ambas realizaron una valoración racional de la prueba practicada en el juicio oral. Los magistrados llegaron a la conclusión de que la acusación particular que ejercen los familiares de las víctimas, pretende una “revaloración de la prueba que esta Sala, que no ha estado en el juicio oral, no puede realizar, pues sólo el tribunal que ha presenciado las pruebas puede valorarlas”.

Quien sí entró a evaluarlas fue el fiscal del Supremo Rafael Escobar, que se había adherido previamente al recurso de las víctimas de forma contundente: el jurado “ignoró un abundante acervo probatorio” y el juicio “debe repetirse”, única aspiración de los damnificados.

Este apoyo de poco sirvió para cambiar la perspectiva del Alto Tribunal, que no entró en el fondo del asunto. “Esa función corresponde al jurado, de manera que la función de valorar la prueba se realiza en conciencia, de forma racional, lo que incorpora la valoración, desde la sana crítica, de los medios de prueba, y la exigencia de motivación que contenga la racionalidad de la convicción”, se detalla en el fallo.

El abogado de la acusación particular, Luis Romero, anunció que acudirán al Tribunal Constitucional para tratar de revertir la situación, que ha dejado noqueada por completo a una familia muerta en vida desde que un desalmado les arrebatara a sus seres queridos. En el lado opuesto, el ya exonerado celebró con los suyos la decisión del Supremo. Lo único cierto a día de hoy es que un asesino anda suelto.

Jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios se movilizan por sus derechos

La Justicia estuvo en pie de guerra en 2018, con huelga general de jueces y fiscales incluida en el mes de mayo. Solo el impás del cambio de signo político en el Ejecutivo logró apaciguar los ánimos unos meses por si se producía algún cambio con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero las mejoras no llegaron y jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios retomaron las movilizaciones.

El 19 de noviembre los jueces y los fiscales de Huelva protagonizaron la segunda huelga general del año, con un paro masivo (obtuvo el 98% de respaldo) que paralizó la actividad judicial durante toda la jornada. Para mejorar la Justicia, remarcaron, es preciso “devolvernos el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales que necesitamos para impartir justicia, o incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sin embargo “nunca hay dinero. Ni interés”, recalcaron.

Los letrados de la Admnistración de Justicia (secretarios judiciales) también se plantaron unos días antes, el 13 de noviembre, protesta con la que pretendieron conseguir que el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado se sentara a negociar y cediera en el incremento de sus retribuciones. La convocatoria fue exitosa, con un seguimiento del 95% en el territorio onubense.

Otra huelga, la del 16 de noviembre, tuvo como promotores a los funcionarios de Justicia, que protestaron con rotundidad contra el cambio legislativo que permitirá el movimiento arbitrario de los trabajadores “sin ningún tipo de restricción entre cualquier destino dentro del municipio. Esto es movilidad, flexibilidad y arbitrariedad a la carta, sin más explicaciones”, como en fatizaron los sindicatos.