Los trabajadores alertan del vertido sin control de residuos lixiviados

La plantilla estima que sólo se recicla el 30% de los desechos y que la depuradora no está activa Defienden que hay trabajo suficiente como para renovarles sus contratos

Manifestación en favor de los trabajadores que se encuentran en estos momentos sin empleo.
Manifestación en favor de los trabajadores que se encuentran en estos momentos sin empleo.
Carlos López Villarrasa

07 de noviembre 2014 - 05:01

Los trabajadores eventuales de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Villarrasa han denunciado la "inactividad" de la depuradora de lixiviados, por lo que estos residuos altamente contaminantes van a parar directamente al vertedero de rechazo, con el consiguiente problema medioambiental que genera esta práctica.

La denuncia se produce después de que el alcalde de Villarrasa, Ildefonso Martín (PSOE), les expulsase del salón de plenos del Ayuntamiento hace tres días, poniendo así fin a diecisiete de encierro en demanda de que Cespa, empresa que explota mediante concesión administrativa las instalaciones de la que es titular la Diputación, no priorizase la mano de empleo local. A raíz de ello, el colectivo de eventuales ha destapado que existe volumen de basura suficiente para renovarles el contrato, si bien la planta "únicamente recicla entre un 25% o un 30% de todos los residuos" que reciben. A pesar de todo, los trabajadores mantienen sus protestas acampados a las puertas del edificio consistorial.

Los lixiviados son la sustancia contaminante de color negro que se genera tras la descomposición de la materia orgánica presente en los RSU. Este líquido putrefacto arrastra hasta 200 compuestos altamente contaminantes, un cóctel que se ve acelerado cuando se ven sometidos a humedad y lluvia. En consecuencia, los trabajadores señalan que su tratamiento es prioritario y crucial en la gestión de la basura, pues si no se controlan pueden contaminar los suelos, aguas superficiales y, lo más grave, los acuíferos. Por otra parte, al tratarse de un proceso lento de contaminación, los efectos únicamente se perciben en el largo plazo.

Con estos antecedentes, el portavoz de los trabajadores, Joaquín Domínguez, denuncia el "delito medioambiental que se está cometiendo con la connivencia del "alcalde, Ildefonso Martín, y el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo" a los que "se les ha trasladado esta situación". A ello se suma, añaden, "la estafa" perpetrada a toda la provincia de Huelva en la factura de la basura, al abonarse unos conceptos en forma de tasas que luego no se traducen en la eficiente gestión de los residuos. En concreto, detallan que "cómo la depuradora no se encuentra operativa, los lixiviados habrían de ser transportados en camiones cisterna hasta Sevilla, si bien la empresa se salta este eslabón de la cadena, con el consiguiente ahorro económico para la empresa".

El presidente de la Diputación, que en estos días no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que exista una mala praxis medioambiental por parte de Cespa (empresa que gestiona la planta), se escudó en la imposibilidad de que todo el personal que trabaje en la planta villarrasera sea del propio municipio. "Nos gustaría" poner ese tipo de clausulas en el pliego de condiciones pero "no es constitucional", dijo.

La réplica no se ha hecho esperar y los eventuales piden que explique si se pudo prevaricar cuando en 1995 "se firmó en el convenio con el Ayuntamiento que los trabajadores fuesen del municipio", a la par que retaron a que se les facilite sendos acuerdos y les indiquen "la letra pequeña en donde se cite que los enchufados políticos tendrían prioridad sobre el resto de ciudadanos".

En Villarrasa se encuentra destinada actualmente parte de la plantilla de Tharsis, en virtud del acuerdo entre la empresa y los sindicatos para que siete trabajadores adscritos a esta última planta ejerzan durante 18 meses en la infraestructura coetánea. Los desplazamientos están siendo sufragados por la compañía, que incluso contabiliza el tiempo de trasporte como jornada laboral.

La evolución de la planta del Condado ha sido enorme desde su primera fase en el año 1996, fecha en la que únicamente gestionaba 161.867 toneladas y contaba con una única planta con capacidad para tratar 30 toneladas hora. En el año 1997 se produjo la ampliación de la línea básica de tratamiento para duplicar la capacidad de gestión y, posteriormente en 2009 hasta alcanzar los 281.000 toneladas. Tras esa fecha Cespa anunció la inversión de 16,5 millones de euros para poner las instalaciones a la vanguardia de la Comunidad Europea. Las instalaciones donde la empresa desarrolla su actividad ocupan un área total de 25 hectáreas incluidos el vertedero de rechazo y excedente como las respectivas balsas y la propia planta, esta última con una superficie cercana a las dos hectáreas.

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