Un plan urbanístico reabre las heridas de la Guerra Civil

La Asociación Memoria Histórica y Justicia ha presentado una denuncia en el Juzgado de La Palma en la que solicita que se permita la exhumación de los restos de una fosa común de fusilados por las tropas rebeldes en los inicios de la Guerra Civil española. La asociación había presentado con anterioridad otra reclamación desestimada por los órganos judiciales e "ignorada" por el Ayuntamiento pero en esta ocasión lo ha hecho amparándose en la recién aprobada Ley de Memoria Histórica que reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la contienda y la dictadura.

Se trata de otra vuelta de tuerca más de la asociación andaluza, que cuenta ya con una extensión en el Condado-Campiña, para preservar una fosa común situada en terrenos del antiguo cementerio en la que albergaría los restos de unas doscientas personas ejecutadas durante el enfrentamiento civil.

La asociación sostiene que la fosa y, por tanto la memoria histórica de los fallecidos, peligra ya que está ubicada en una zona donde se está construyendo una promoción de viviendas y diversas dotaciones. Según el vicepresidente de la asociación en La Palma, Ignacio Ávila, el proyecto contempla la construcción de una plaza justo en el lugar donde está el enterramiento, así como algunas infraestructuras deportivas.

El colectivo asegura que tras contactar con los familiares de personas que están enterradas en la fosa, ha mantenido conversiones con representantes Ayuntamiento de La Palma, a los que se ha solicitado reiteradamente que se tuviera en cuenta la localización de la fosa común y se dignificara el lugar o se exhumara, antes de iniciar las obras de urbanización actualmente en curso. También afirma que ha mantenido conversaciones con la empresa promotora de las viviendas Palma Plaza S.L. sin que hasta el momento haya logrado resultado alguno para detener las obras.

En este sentido Ávila lamenta que la respuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento y de la promotora haya sido negativa a sabiendas de que el Parlamento estaba redactando la una norma que obliga a respetar estas fosas.

Según la asociación, ahora la Ley de Memoria Histórica ya aprobada, obliga a respetar las fosas comunes de las que se tengan noticias e insta a las corporaciones municipales a colaborar con las peticiones de los familiares y de las asociaciones, cuando éstos conocen la existencia de una fosa. "Ante el avance rápido de las obras, esta parte denuncia el modo en que se han desarrollado los acontecimientos y exigimos a los constructores de la obra, al Ayuntamiento de La Palma del Condado, a las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y al Juzgado que corresponda, que en el plazo más breve de tiempo, se adopten las medidas adecuadas relativas a las localización, exhumación, identificación y entrega de los cuerpos que se encuentran en la fosa común a los familiares, en estricto cumplimiento de lo que prevé la actual ley", señala.

La denuncia reclama la protección del enterramiento de La Palma del Condado, la realización de las catas que se estimen oportunas, para la detección del lugar preciso de la fosa, la exhumación de los restos, tras la realización de protocolo arqueológico, el traslado al cementerio de la localidad, según deseo de los familiares, dignificando la fosa y que en su ubicación actual se levante monumento conmemorativo del enterramiento convirtiéndolo en lugar de memoria. La denuncia está respaldada por familiares de víctimas de la guerra, cuyos restos estarían en la zona a proteger. Al parecer, se trata de personas de varios municipios de la comarca que fueron ejecutadas sin juicio y hechas desaparecer por la represión franquista.

La asociación sostiene, a tenor de los testimonios de los descendientes, de los estudiosos de la guerra de civil y lo datos arrojados tras la elaboración del proyecto de investigación denominado 'Mapa de Fosas' y la Asociación de Memoria Histórica y Justicia y subvencionado por la Junta de Andalucía, que allí estarían enterradas personas que fueron fusiladas en los veinte o treinta primeros días después que las tropas nacionales entraran en La Palma, esto es el 27 de julio de 1936.

El propio Ignacio Ávila es un descendiente directo de una de las personas represaliadas, en concreto su abuela Ignacia Domínguez Delgado, a la que trasladaron en dirección a Bonares para ser fusilada.

La fosa habría servido con anterioridad para enterrar a una decena de personas que estaban a favor del alzamiento y que fueron conducidas a la cárcel, donde murieron a causa de las bombas que lanzaron los componente de una división de mineros que se dirigían a Sevilla para hacer frente al alzamiento. Cuando los rebeldes tomaron La Palma desenterraron a las víctimas a las que dieron sepultura en el mismo cementerio.

Los terrenos del camposanto donde está la fosa pertenecían a la Iglesia, según Ávila, y fueron adquiridos por la empresa promotora por un montante de unos 480.000 euros. Las obras de construcción de las viviendas comenzaron hace más de un año, momento en que la asociación presentó el requerimiento al Juzgado y al Ayuntamiento, antes de que fuera aprobada y publicada en el BOP el 6 de noviembre de 2007 la reparcelación de los terrenos donde se única la promoción de viviendas.

Se trata de un plan parcial de urbanismo que contempla como zona verde el lugar en que se encuentra la fosa, que la empresa sólo puede urbanizar. De hecho las viviendas que se están construyendo distan varias decenas de metros del enterramiento.

El concejal socialista del Ayuntamiento palmerino, Julio Díaz, ha señalado que su grupo va a pedir la celebración de un Pleno extraordinario para que el equipo de gobierno se pronuncie y para solicitar la declaración de utilidad pública e interés social previo a la expropiación de terreno, como permite la Ley.

Díaz indica que la promoción de viviendas no ha seguido los pasos establecidos por la LOUA, que contempla para un plan parcial por este orden la elaboración y aprobación de los proyectos de reparcelación, edificación, urbanización y obra, al tiempo que el PGOU sigue pendiente de su publicación aunque sí está aprobado.

Por su parte el equipo de Gobierno del PP entiende que en todo esto haya una clara manipulación y un debate artificial creado por el PSOE aprovechando la coyuntura de las próximas elecciones para dañar y desvirtuar la imagen del senador y alcalde palmerino, Juan Carlos Lagares, elegido democráticamente.

Así, se pregunta porqué siendo alcalde el socialista José Miguel pavón Díaz y el concejal de Cementerio, Ignacio Ávila, no procedieron a exhumar los restos de la fosa cuando el camposanto de la Vega fue desmantelado a partir de 1982 y se realizó el traslado de todos los restos al nuevo cementerio (el actual) que se construyó. Además señala que el plan parcial urbanístico cuenta con el visto bueno y el beneplácito de la Junta de Andalucía

No obstante, el equipo de gobierno solicita a los socialistas que aborden el tema con todo el respeto y la sensibilidad que merece y expresa su disposición a acatar lo que determine la justicia.