Las viviendas que vierten a la playa llevan seis meses sin conectarse al nuevo colector
Algunos propietarios se niegan a realizar las obras de empalme
Los propietarios de las viviendas situadas en primera línea de playa que aún continúan vertiendo sus aguas fecales al litoral de Mazagón han tenido más de medio año para realizar aquellas obras necesarias para conectarse al colector que discurre por la Avenida Conquistadores, evitando así que con el periodo estival en ciernes se produzcan estos vertidos.
Tras las denuncias de los bañistas de la playa el Alcor, los empresarios reclaman medidas urgentes para evitar esta situación, a la par que alertan que como algún menor sufra intoxicaciones o problemas cutáneos "a alguien se le puede caer el pelo" y la campaña veraniega para sus negocios se puede ir al traste. En este sentido urgen a las administraciones a adoptar cuantas medidas sean oportunas, desde la aplicación de sanciones a los inquilinos de las viviendas que viertan sus aguas al litoral o, en su defecto, la reparación de urgencia del colector que discurre en paralelo a la costa.
Más comedido se muestra el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mazagón, Francisco Miranda, quien lamenta que se esta situación se agrave con la llegada de la época estival cuando las viviendas en primera línea de playa comienzan a ser habitadas y aumenta la consiguiente generación de aguas negras. Miranda explica que algunos inmuebles se encuentran situados a un nivel inferior al de las cañerías que atraviesan la carretera, lo que obligará a instalar equipos para bombear la detritus que generan y evitar su llegada al mar.
Las obras del nuevo colector comprendían todo el área que discurre desde El Remo al Club Náutico, mientras que Miranda recuerda que existe un proyecto de 12 millones de euros para conectar desde este punto a las Casas de Bonares, si bien se hace indispensable la actuación corresponsable de los mazagonenses.
El quid de la cuestión radica en que existen propietarios que se niegan a realizar la inversión alegando que sus viviendas se encuentran sometidas a la Ley de Costas, por lo que la expropiación pende sobre sus propiedades cual espada de Damocles, por lo que rechazan realizar cualquier gasto extra para que, en un espacio de tiempo aún por definir, alguien decrete el derribo.
La solución se vislumbra compleja y muchos achacan la situación a la inacción de las administraciones durante demasiado tiempo, aunque los expertos pronostican que a este paso el propio curso de la naturaleza hará el trabajo sucio, derribando el ladrillo que el hombre posó en el radio de acción del mar.
Hasta el momento ni el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ni el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplicar sanciones a todos aquellos propietarios que se nieguen a acometer las conexiones.
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