El Gobierno promete "cuantiosas" ayudas
El Consejo de Ministros aprobó además ayer medidas urgentes aunque sin cifras concretas
El Gobierno prometió ayer cuantiosas ayudas a los damnificados por el terremoto y aprobó además en el Consejo de Ministros un decreto ley de medidas urgentes para reparar los daños que han afectado a familias, empresarios y comerciantes.
Fue en Lorca donde el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, selló "solemnemente" su compromiso con el Gobierno murciano y el Ayuntamiento para la reconstrucción de la ciudad.
Zapatero hizo estas declaraciones junto al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el ministro de Fomento, José Blanco, tras recorrer el barrio más dañado, La Viña.
Blanco tiene la intención de firmar el convenio para la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas de Lorca el próximo martes, adelantó el jefe del Ejecutivo.
"Las pérdidas han sido cuantiosas, como también lo van a ser las subvenciones del Consorcio de Compensación de Seguros y del Estado para salir al paso" de la catástrofe, aseguró el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según el titular de Interior, el decreto ley va dirigido a las familias que han perdido a sus seres queridos o sus viviendas, y a los comerciantes y empresarios que han visto su vida profesional "profundamente alterada".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que el Gobierno aprobó el decreto ley de medidas urgentes, Rubalcaba no se aventuró a hablar de dinero porque aún "no hay una base sólida" para poder hacer un balance. Las ayudas se agilizarán al máximo con un convenio de colaboración entre la comunidad autónoma, el Gobierno y algunos ministerios.
El calendario de actuación comenzará el lunes con la visita del subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, a Lorca, donde se reunirá con la consejera de Economía, Inmaculada García y el alcalde de la localidad para poner en marcha las ayudas.
El decreto aprobado ayer establece que el cónyuge de la persona fallecida y sus hijos menores de edad o que dependan económicamente recibirán 18.000 euros, la misma cantidad que se concederá en el supuesto de incapacidad absoluta y permanente.
Cuando la vivienda habitual haya resultado destruida o esté en mal estado, se financiará el alquiler de una vivienda y, si los ocupantes se encontraban en régimen de alquiler, se les abonará la diferencia entre el anterior y el nuevo alquiler.
También se concederán ayudas para la reconstrucción o reparación de las viviendas que hayan resultado destruidas o dañadas, que serán financiadas al 50% por el Ministerio de Fomento y la otra mitad restante por las otras administraciones públicas implicadas, según los acuerdos que se alcancen. A las entidades locales, se les abonará el cien por cien de los gastos de emergencia.
También se pondrá en marcha una línea de préstamos en el Instituto de Crédito Oficial, por un importe de 25 millones de euros.
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