España, a la cola de la Unión Europea en convergencia social por pobreza, paro y abandono escolar

Bruselas/España se sitúa a la cola de la Unión Europea (UE) en convergencia social por sus niveles de riesgo de pobreza y exclusión social, abandono escolar y desempleo, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea (CE).

España registra resultados negativos en 10 de los 17 indicadores sociales evaluados por Bruselas, que la coloca entre los diez socios comunitarios con "potenciales riesgos para la convergencia social al alza" tras haber analizado la situación del mercado laboral, la formación y los retos sociales de los Veintisiete.

Entre estos figuran también Rumanía, Grecia e Italia, los únicos con peores resultados que España, así como Bulgaria, Estonia, Hungría, Lituania, Croacia y Luxemburgo, países a los que el Ejecutivo comunitario someterá ahora a un examen más exhaustivo.

En el caso de España, el sistema de "semáforo" que utiliza Bruselas clasifica como "crítica" (rojo) la situación en cuatro indicadores ligados al riesgo de pobreza y exclusión social y al abandono escolar, cree que "requieren vigilancia" (naranja) la desigualdad de ingresos y la tasa de ninis -jóvenes que ni estudian ni trabajan-, y que la situación del empleo sigue "débil aunque está mejorando" (amarillo).

Pobreza y exclusión

"España experimenta desafíos en relación a la protección social y la inclusión", arranca el análisis de la Comisión Europea, que señala que en 2023 la población en riesgo de pobreza y exclusión social aumentó al 26,5% en general y al 34,5% entre los niños, "muy por encima" del 21,3% y 24,8% de media en la Unión Europea, respectivamente.

Bruselas cree que esto puede atribuirse en parte a las dificultades de los sistemas de protección social para proporcionar cobertura adecuada, a las disparidades regionales en el acceso a servicios públicos y a la "persistente" alta tasa de pobreza entre quienes tienen trabajo.

Añade además que, pese a haber mejorado, la desigualdad en el nivel de ingresos se mantuvo alta en 2023, en el 5,5 frente al 4,7 en la Unión Europea medido como ratio entre los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre.

La Comisión destaca, por otra parte, que el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza cayó al 22,9%, frente al 34,7% en la Unión Europea, y que éstas son particularmente ineficaces para atajar la pobreza infantil.

Paro y abandono escolar

En cuanto al mercado laboral español, Bruselas destaca que "ha mejorado significativamente, pero aún afronta desafíos".

La tasa de empleo aumentó "sustancialmente" al 70,5%, pero está por debajo del 75,3% en la UE, y los niveles de desempleo (12,2%) y paro a largo plazo (4,3%) son "todavía muy elevados a pesar de grandes descensos", por lo que estos indicadores salen del nivel "crítico" del año pasado pero se mantienen "débiles".

El informe también pide vigilar la todavía alta tasa de ninis, pese a que bajó al 12,3% en 2023, y señala que si bien los ingresos per cápita de los hogares registraron un "fuerte aumento", este indicador se mantiene "débil".

Por otra parte, la Comisión destaca como "crítico" el nivel de abandono escolar, del 13,7% frente al 9,5% en la Unión Europea, pese a que se ha reducido y subraya que es particularmente alto en el sur y este del país.

En el lado positivo, el informe subraya que España está entre los mejores de la Unión Europea en cuanto a la brecha de empleo de las personas con discapacidad, que es de las más bajas del bloque y sigue descendiendo, y se encuentra por encima de la media en el número de niños menores de tres años en guarderías y en la proporción de ciudadanos que tienen habilidades digitales.

El país está en línea con la media en otros indicadores analizados, como coste de la vivienda, acceso a sanidad, formación de adultos y brecha de género en el empleo.

España se mantiene así por segundo año consecutivo entre los farolillos rojos de este informe, que se elaboró por primera vez en 2023 precisamente a instancias del Gobierno español y belga, que impulsaron una iniciativa para que el semestre europeo, que coordina las políticas económicas de los Veintisiete, analizase también indicadores sociales.