“Mantenemos una vigilancia constante contra el intrusismo”

Víctor Manuel Núñez Rubio. Presidente del Colegio de Dentistas de Huelva

El Colegio de Dentistas de Huelva refuerza su lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión y advierte de los riesgos de casos como el de la clínica Dentaluz

Victor Manuel Núñez Rubio. Presidente del Colegio de Dentistas de Huelva
Victor Manuel Núñez Rubio. Presidente del Colegio de Dentistas de Huelva / Josue Correa

28 de marzo 2025 - 09:57

Huelva/Víctor Manuel Núñez Rubio, presidente del Colegio de Destistas de Huelva, reflexiona sobre las situaciones que el colegio debe afrontar.

–¿Cuáles son las principales funciones y objetivos del Colegio Oficial de Dentistas de Huelva?

–Estatutariamente se contempla que el Colegio de Dentistas tiene como fines esenciales el de alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales y de la sociedad en particular en relación con el ejercicio de nuestra profesión. Igualmente, la ordenación del ejercicio de la odontoestomatología dentro del marco legal y en el ámbito de sus competencias, gozando de la representación institucional exclusiva en nuestra provincia.

Pero los colegios profesionales, igualmente velan por la protección de los intereses de los pacientes y de los usuarios de nuestros servicios, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras administraciones o instituciones. De ahí que permanentemente se esté velando por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones que se proporcionan.

–El Consejo General de Dentistas de España y la Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal firmaron un acuerdo de colaboración, ¿qué beneficios tiene?

–El acuerdo adoptado parte de los retos comunes a los que se enfrentan los profesionales de la odontología que ejercen sus funciones en ambos territorios, desafíos que pueden contribuir por su complejidad a alterar el paradigma de la profesión, y más aun en una provincia como la nuestra, con un buen número de profesionales sanitarios en general que ejercen en ambos territorios, y por tanto considerados como trabajadores transfronterizos. Las organizaciones colegiales de ambos países tras este encuentro, han aprobado el aumento fondos destinados a la promoción de políticas públicas de salud bucodental, con la consiguiente concienciación a la ciudadanía sobre la relación entre salud oral y salud general. De igual modo, se ha considerado esencial la presencia de ambas organizaciones en las campañas nacionales, educación sanitaria, como, por ejemplo, la lucha contra el tabaquismo o nuestra implicación en las campaña contra la resistencia microbiana por el uso abusivo e incontrolado de antibióticos. Y como no, la sensibilización como hacemos desde hace años a la población sobre la importancia de mantener buenos hábitos y prácticas activas de salud bucodental.

–En el caso de la clínica Dentaluz, ¿cómo y cuándo se percató el COEHU de que se estaba ejerciendo la odontología sin la titulación adecuada?

–Pues fueron una serie de quejas que presentaron ciudadanos, en las que se exponía que no se le estaría atendiendo por una dentista. Con posterioridad, se recibieron quejas de profesionales que dejaban de trabajar por impagos a los mismos, y de igual manera se tuvo conocimiento de impago a proveedores. Por otro lado, y relacionado con este centro, tanto el Colegio de Dentistas de Huelva, como el de Almería, habían ejercitado una acusación particular con condena penal por falsedad y quebrantamiento de condena, en la que se detectó que se había contratado a un dentista que estaba judicialmente inhabilitado hasta en dos ocasiones y que trató de ocultar tal circunstancia con la alteración de un documento oficial del Colegio de dentistas de Almería.

–¿Qué acciones se han llevado a cabo tras las denuncias?

–Pues tanto en este caso como en otros anteriores, es crucial la relación e implicación de la Delegación de Salud a través de sus servicios de inspección. En este caso concreto, y me refiero al del quebrantamiento de condena y falsedad, tan pronto se tuvo conocimiento de las iniciales reclamaciones, recabamos su apoyo y se emitió el correspondiente informe en el que se advertían irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal, por lo que de ahí, nos dirigimos al juzgado de instrucción que tras la oportuna investigación, derivó en juicio con la correspondiente sentencia condenatoria antes referida.

En el actual caso de la propietaria no dentista que ejercía como tal, de igual modo se contó con la Delegación de Salud, y con todo el material disponible, fue la UDEF la que verificó la certeza de lo expresado por los pacientes en sus reclamaciones, y llevó a cabo una actuación policial que ha derivado en la puesta a disposición judicial de la dueña de la clínica, una vez había cerrado las instalaciones, con la investigación en curso.

También es una permanente reivindicación del Consejo General de Dentistas que se cumpla lo que ya en el año 2007 había previsto la Ley de Sociedades Profesionales sobre que efectivamente, las sociedades prestadoras de estos servicios profesionales y más aun en materia Sanitaria, sean desarrolladas por empresas en cuya representación o capital social estén debidamente representados profesionales del sector, en este caso dentistas, de manera que luego no se obtenga esa cierta impunidad que da la impersonalidad en lo profesional cuando de un cierre no programado de una clínica dental se trata, como en Huelva, se ha producido en los últimos años con situaciones en las que se cerraron clínicas que se amparaban en el paraguas de marcas comerciales tales como Nobel, Vitadental, Dentix, Idental, Anrodent, ahora Dentaluz, siempre bajo un mismo denominador común de tratarse de entidades puramente mercantiles que poco demostraban por el paciente. De hecho en este último caso, hay en las redes hasta vídeos que promocionan la actividad de la ahora investigada, sobre las virtudes emprendedoras respecto de su actuación profesional. Sencillamente inadmisible

–Qué medidas se están implementando tanto a nivel colegial como legislativo para combatir el intrusismo

– Nuestro Colegio, a instancias del Consejo General, se mantiene ojo avizor en cuanto al intrusismo. No podemos olvidar que la venta directa puede ser un potencial riesgo para la salud colectiva y de hecho, en algunos juzgados de instrucción se están siguiendo causas por presuntos delitos contra la salud pública. Una venta directa puentea el diagnostico, la detección de posibles alergias al material, la de lesiones premalignas o malignas en la mucosa oral, la evolución de la posible reabsorción del hueso alveolar que es un riesgo en ortodoncia que requiere ser revisado periódicamente, la aparición de infecciones y un largo etcétera de riesgos y eventuales complicaciones que tiene cualquier tratamiento.

Y en este sentido, nuestro Consejo es el que está planteando ante el Ministerio de Sanidad y sus órganos competentes como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) la revisión y actuaciones contra entidades que se enmascaran en una página web, sin rigor, ni acreditación necesaria para la venta directa de productos, con el cierre incluso de aquellas, tras la coordinada actuación entre ambos organismos.

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