Tribuna Económica
José Ignacio Castillo Manzano
Las Tres Gracias del presupuesto andaluz y Séneca
La larga batalla legal que Epic Games y Apple están librando en los tribunales por las restricciones de ‘Fortnite’ en la App Store parece que tendrá su ocaso en la Corte Suprema de Estados Unidos. El movimiento es el resultado de las acciones llevadas a cabo por los abogados de la propietaria de iOS, que solicitan la suspensión de una sentencia que permite a los desarrolladores ofrecer medios de pago que no pasen por la structura de la tienda propietaria del sistema operativo.
La confrontación legal entre ambos gigantes tecnológicos se remonta hasta 2020, cuando Epic Games comenzó a ofrecer un medio de pago alternativo para los V-Bucks de ‘Fornite’ que no pasaba por la App Store evitando el 30% que la propietaria del sistema operativo cobra en todas las transacciones. Poco después el videojuego se eliminó de la tienda y la compañía perdió las licencias para publicar contenido en iOS y macOS. Si bien desde entonces la desarrolladora ha acumulado derrotas menores en los tribunales, lograron su gran victoria en 2021. En la resolución un juez del estado de California dictamina que Apple debe cesar sus prácticas unidireccionales que impiden que los desarrolladores dirijan a los usuarios a otros canales para realizar compras. Es decir, que limitar a los consumidores los medios de pago supone una violación de la competencia.
Apple elaboró una apelación en el momento en que se anunció la decisión del tribunal, con la cual, el creador del iPhone llevará la disputa a la Corte Suprema, al considerar que la Corte de Apelaciones de EE.UU. se excedió en sus atribuciones. Los abogados de Apple afirman que el tribunal se equivocó al aplicar una orden judicial universal en su contra, ya que el creador de Fortnite representa a un "autor individual" que no actúa en nombre de otros desarrolladores.
Además, argumentan que la corte de apelaciones no puede emitir una medida cautelar válida a nivel nacional, ya que el caso se refiere exclusivamente al estado de California. “El fallo plantea preguntas importantes y de gran alcance" sobre los límites de la autoridad de un tribunal federal para emitir medidas cautelares que se aplican a empresas que no están directamente involucradas en el caso."
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