Si el cese de los vertidos de fosfoyesos se produjo el 31 de diciembre de 2010, serán 23 los años que pasarán hasta que estén encapsulados si no hay ningún inconveniente que lo retrase. Hay que recordar que la tramitación para llegar hasta la situación actual, comenzó en 2014, cuando se concluyó la elaboración de un proyecto basado en las mejores técnicas disponibles que, tras sucesivas mejoras fue declarado idóneo por el Ministerio de Medio Ambiente y la Audiencia Nacional en 2016.

El 12 de mayo de 2017, Fertiberia solicitó ante la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible, la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada del Proyecto Constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos.

Un año después, el 21 de mayo de 2018, la empresa presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud y documentación para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. En marzo de 2018 la empresa entregó toda la documentación e informes con las contestación es de las alegaciones recibidas y en enero de 2019, a los últimos requerimientos de información complementarios.

No fue hasta octubre de 2020 cuando finaliza favorablemente el procedimiento con la publicación en el BOE de la resolución de 23 de septiembre de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y el 11 de noviembre de ese mismo año, la Consejería de Desarrollo Sostenible, remite un escrito a Fertiberia en la que se le requiere una serie de documentos y la actualización de los presentados originalmente para continuar con el procedimiento de modificación sustancial de la AAI.

En medio de este peregrinaje, ha habido requerimientos de la Audiencia Nacional (algunos de ellos, sobre todo el que hace referencia a la zona 4 todavía faltan por aclarar), la venta de la empresa a un fondo de inversiones, problemas para conseguir las garantías de la financiación del plan de restauración que no acababan de concretarse, peticiones del Consejo de Seguridad Nuclear (dos en concreto en 2015 y 2017) para entregar documentación sobre la vigilancia radiactiva, respuestas de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura que resultaron demoledoras para una empresa que no ha sido capaz hasta el momento de desembarazarse de la asociación con un problema que comienza a vislumbrar una salida que busca desde hace muchos años.

Imagen de las balsas de fosofyesos.