Huelva necesita residencias de mayores de titularidad pública, la única con la que cuenta es la de La Orden, que se construyó hace ya medio siglo. Desde entonces, se ha experimentado un gran cambio en todos los sentidos, hay una mayor esperanza de vida y la población requiere de recursos adecuados para atender al colectivo, de manera que éste llegado el momento pueda tener opciones entre las que elegir a la hora de decidir cómo y dónde pasar la última etapa de su ciclo vital, un espacio digno que cuente con una plantilla de buenos profesionales, y que no esté alejado del núcleo poblacional.

Han transcurrido cincuenta años desde la construcción de las instalaciones y no se ha hecho nada desde entonces desde las administraciones públicas por incrementar el número de residencias, eso sí, se está procediendo a la reforma integral de la existente, de la residencia para personas mayores La Orden, para adaptarla a los nuevos tiempos, dotándola de dos unidades de convivencia por planta, que incluirán salas de estar y comedores comunes y un total de sesenta y siete habitaciones, de las cuales cincuenta y tres serán individuales y catorce, dobles, una actuación que supondrá una inversión de casi 14 millones de euros.

Debería ahora darse un paso más y proyectarse un segundo centro residencial para personas mayores, el que está en funcionamiento sólo tiene capacidad para ochenta y una plazas, lo que es claramente insuficiente.

Hay en la capital onubense edificios públicos sin ningún uso que se podrían habilitar para este fin, entre ellos se encuentra el Stella Maris, en la avenida Duque de la Victoria, una edificación actualmente propiedad de la Junta de Andalucía, que sirvió de albergue a la gente de la mar.

La Rio Tinto Company donó en 1961 a la Diócesis de Huelva el edificio del antiguo Seamen’s Institute para el centro Stella Maris del Apostolado del Mar. En 1967 el Puerto realizó una concesión a la Diócesis onubense para una Escuela de Formación Profesional Marítimo Pesquera y, en 1983, el Estado transfirió a la Junta de Andalucía las competencias en formación náutico pesquera, dos años más tarde, el 30 marzo de 1985, el Obispado firmó un convenio con la Junta de Andalucía por el que le donó el edificio, que lleva años cerrado.