La ambición y los incontenibles ramalazos cesaristas por perpetuarse en el poder están determinando que el líder de un partido ultranacionalista, ultraderechista y radical, imponga las condiciones más allá de la ley y el Estado de Derecho, consiguiendo domeñar los principios jurídicos y anular sus delitos, para convertirse en protagonista decisivo – si Dios no lo remedia - de los imprevisibles y poco tranquilizadores derroteros de España. Sin embargo las circunstancias y el resultado de las inminentes elecciones catalanas pueden cambiar estas inquietantes perspectivas.

En todos los aspectos el clima político resulta preocupante y desalentador. especialmente cuando uno de los fundamentos del Estado de Derecho se ve amenazado por el intervencionismo galopante del poder ejecutivo y en su grotesca pirueta estratégica el presidente del gobierno planea asaltar el CGPJ y potenciar el papel de la Fiscalía tras las elecciones europeas. Lo cual es un paso más para que la sociedad española se dé cuenta de que esta democracia que creemos vivir y participar en ella es absolutamente falsa. No hay democracia auténtica, legítima, sin separación de poderes, sin independencia judicial, si los políticos intervienen en la administración de justicia. Y eso, desde que Alfonso Guerra dijera que Montesquieu había muerto, es lo que ocurre en España.

Desde 1985 en que se quebró el débil equilibrio entre los poderes legislativo y judicial, el intervencionismo gubernamental, acrecentado abusiva e ilegalmente por el actual ejecutivo, ha llegado a los extremos de nuestros días que pueden agravarse si se hacen realidad las aviesas intenciones de Sánchez. Insisto: no hay Estado de Derecho sin separación de poderes, sin absoluta independencia judicial. Y así parece que lo han entendido en Europa donde el Consejo y la Unión se mostraban contrarios a la rebaja de las mayorías que pretende Sánchez para la composición del CGPJ, asegurando que el deterioro del Estado de Derecho apreciado en España puede poner en peligro los fondos europeos. Y es que, además, en una democracia auténtica no es misión del gobierno, como ha dicho el presidente, articular mecanismos para constituir el Consejo General del Poder Judicial.

Esta desalmada pretensión, más la intervención y control de la prensa, han alarmado también a los periódicos más prestigiosos – Le Monde, The Times, Spiegel, Financial Times … - calificándola de “bochornosa”, impidiendo al ciudadano su derecho a la libre información y a la crítica periodística, aunque algunos aseguren que la sociedad civil “elude” esa crítica, que le da miedo. Un gran peligro provocado por una parte de esa sociedad sumisa, cómplice de un poder autocrático, represivo y sectario, inductor del voto emocional y plañidero, el populismo y la polarización, en un país en el que, en un amplio sector del ámbito político, como dijo en su día el dirigente italiano – y también periodista -, Giulio Andreotti: “manca finezza”.