Los datos del informe 2023 del Plan Nacional sobre Drogas arrojan un dato preocupante: las incautaciones de hachís en España se redujeron en un 50% en el año 2022 respecto al ejercicio anterior. El abrupto descenso no obedece, ni mucho menos, a que la actividad de las mafias que introducen droga en el país, principalmente a través de las costas de Andalucía, de Huelva a Almería aunque con epicentro en el Estrecho de Gibraltar, se redujese. Al contrario, la presencia de narcolanchas es constante y fondean casi con total impunidad cuando las condiciones de la mar les obligan a acercarse a tierra. Lamentablemente, las estadísticas demuestran que el factor diferencial que explica esta menor incautación de droga, y por tanto un aumento de la que se introduce ilegalmente por Andalucía, responde a que el Ministerio del Interior desmanteló el Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, conocido como OCON Sur. Una unidad integrada por 150 guardias civiles bajo un mando único centrado en la batalla diaria contra el narcotráfico, una presión que permitió, desde que se creó en 2018, incautar un millón de kilos de hachís, 35 toneladas de cocaína, 2.622 coches y 1.137 embarcaciones. Una presión constante que hizo que el negocio de estas mafias se resintiera. OCON Sur nació ante la evidencia de que una nueva generación de narcos estaba dando un salto cualitativo en cuanto al uso de la violencia y aumentando su actividad. Los datos revelan que eliminarlo fue un error, máxime porque no se han puesto los medios necesarios alternativos; y como prueba está el luctuoso abordaje a una embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. El narcotráfico es una lacra que perjudica a Andalucía, porque merma su seguridad y su economía (un ingente negocio sumergido que afecta a la renta per cápita). Los datos dejan en mal lugar al Ministerio del Interior, que tiene la obligación de dotar de medios específicos para no cejar en la lucha contra el narcotráfico.